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| Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional |
“Todo aquel que mediante el uso de
cualquier medio informativo, de comunicación o red social, difunda o
comunique cálculos, opiniones o hipótesis referidas al sistema nacional
económico, financiero o monetario, que generen persuasión o influencia
en el comportamiento de la opinión pública, personas naturales y
jurídicas, grupos o individuos; resultando en una afectación negativa o
trastorno de la economía, incluyendo variación los precios de productos,
abastecimiento, comete el delito de alteración del orden económico
nacional y se le impondrá pena de 6 a 12 años de prisión así como la
confiscación de sus bienes, acreencias o activos, según sea su grado de
participación y las circunstancias agravantes y/o calificantes del
delito”.
Como abogado constitucionalista marxista
y cuentapropista estudioso de la comunicación estadounidense, pongo
este conocimiento a la libre disposición de la Asamblea Nacional y de su
Presidente Diosdado Cabello para aplicarle un freno a los bandidos de
DolarToday y sus afines, quienes hoy por hoy despliegan una campaña de
propaganda negativa en EEUU mediante tóxicas matrices de opinión contra
Venezuela tal como lo confirma este video de mi participación en debate
transmitido la TV de Miami hace pocas semanas:
https://instagram.com/p/3RHAqoTXn2/
Ut supra consta que estamos trabajando
arduamente en los toques constitucionales finales así como en la técnica
jurídico penal de una propuesta para imputar, acusar y sancionar
penalmente, en cuerpo y patrimonio, a los administradores de la página
web DolarToday, en virtud de su sistemática divulgación del cálculo del
llamado “dólar paralelo” o “dolar cucuteno” sobre la base de métodos no
confiables y causando angustia en la población así como desórdenes
económicos en la economía venezolana entre los que se destacan el alza
súbita y generalizada de los productos comerciales, en especial los de
extrema necesidad como alimentos y medicinas.
Independientemente de que Venezuela
sufra los perjuicios de no haber desarrollado todavía una extensa y
diversificada producción económica nacional, que por ello sea
dependiente de importaciones múltiples que son financiadas con dólares
de la renta petrolera, y que en definitiva esto cause inflación al igual
que devaluación; nada de esto libera de responsabilidad a los
administradores de la página DolarToday y sus semejantes, habida cuenta
que difunden una información de dudosa procedencia que agrava o empeora
la situación monetaria y económica de Venezuela a partir de una tasa de
cambio ilegal que sube y baja mediante saltos constantes y violentos que
facilitan o fomentan el sobreprecio, acaparamiento, contrabando,
ocultamiento y especulación de precios en todos los eslabones de la
cadena económica.
Es hora de que la Asamblea Nacional
proceda a legislar rápidamente en un marco de emergencia legislativa, la
creación de un instrumento jurídico para accionar contra DolarToday y
sus afines de acuerdo a los criterios constitucionales y penales que
corresponden a un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia.
Como resultado de nuestro estudio
exhaustivo sobre la Constitución, visualizamos la afectación que causa
DolarToday a la seguridad alimentaria consagrada en el artículo 305 de
la Carta Magna. Esta se ve lastimada por la divulgación de información
monetaria poco confiable lo cual altera la situación de los alimentos y
el acceso normal a los mismos.
La actividad de DolarToday y otros
medios semejantes, sea usando internet o señales de humo, es un crimen
pluriofensivo pues lesiona varios derechos como la salud al encarecer
las medicinas, la viviendas al hacer más costosas las casas. También el
transporte al encarecer los vehículos. Del mismo modo socava todos
aquellos derechos de naturaleza económica que son abarcados por esta
plaga estafadora del ciberespacio.
Aún persiste un vacío en la legislación
nacional respecto al novísimo delito perpetrado mediante divulgación de
información dañina a través de esta página web. Ello obedece a que los
avances científico técnicos de la delincuencia del siglo XXI han sido
más veloces que la producción legislativa.
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