Aun
cuando en medio del asedio a Venezuela la frontera no ha dejado de ser
un territorio caliente en cuanto a sabotaje y mafias vinculadas al
contrabando de gasolina, las últimas semanas se han caracterizado por la
intensificación de acciones de caos e inestabilidad que buscan
perjudicar el nuevo esquema de distribución y venta de la gasolina
venezolana.
Un nuevo esquema de distribución para evitar el contrabando
Hace ya más de 30 días el presidente Nicolás Maduro anunció la
decisión de cambiar el modo de subsidio de la gasolina para evitar su
contrabando hacia Colombia. Se trata de la puesta en marcha del sistema
BioPago a través del Carnet de la Patria para su cobro en todo el país.
El jefe de Estado ha detallado el funcionamiento de este sistema, que
ya arrancó a inicios de septiembre en 43 municipios de los estados
fronterizos Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Delta Amacuro, Táchira,
Sucre y Zulia. Dijo que permitirá "acabar con el contrabando de la
gasolina y los hidrocarburos, además de modernizar las estaciones de
servicio".
Recalcó que se generan pérdidas de al menos 10 mil millones de
dólares por el contrabando de extracción principalmente hacia Colombia.
Con este nuevo sistema se llevará un registro sobre quién, cómo y cuándo
consume combustible en cualquier parte del territorio venezolano, así
como la cantidad de litros adquiridos por su portador.
En otras alocuciones, Maduro ha enfatizado que el precio de la
gasolina en las estaciones del país se hará a precio internacional, "y
se venderán a precio internacional fluctuante" para las personas que no
cuentan con el Carnet de la Patria, quienes podrán utilizar cualquier
forma de pago electrónica, como tarjetas de crédito de diferentes
instituciones financieras.
Las mafias reaccionan
Sin embargo, las reacciones in situ por parte de los
principales afectados, las mafias vinculadas al contrabando de gasolina,
no se han hecho esperar. Largas colas se reportan desde los estados
fronterizos como Táchira y Zulia, hasta en Trujillo, Lara y Barinas las
estaciones de servicio están trabajando de manera intermitente
debido a los apagones. El constante sabotaje al sistema eléctrico ha
producido el retraso de las distribuidoras para cargar el combustible
como San Lorenzo y Bajo Grande del estado Zulia.
El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, ha indicado
que bandas como "Los Pichones", dedicadas al sabotaje eléctrico, operaban de manera articulada con
mafias colombianas. Se comunicaban a través de radios portátiles,
usaban embarcaciones para salir por el Lago de Maracaibo hacia la
población de Santa Cruz de Mara y empleaban vehículos para cruzar la
frontera con Colombia.
El General de División Dilio Rafael Rodríguez Díaz, Comandante de la ZODI Zulia, informó a comienzos de septiembre que,
debido a los "sabotajes en el sistema eléctrico de la región", no se ha
podido establecer en su totalidad la conexión necesaria para la
distribución automatizada del combustible. Agregó que se han priorizado
el sistema en las 37 estaciones de servicio fronterizas, donde más se
incurre en el delito del contrabando de gasolina hacia Colombia.
"Había un tema muy técnico, que es un problema de la plataforma
(...) el sabotaje al sistema eléctrico, ha afectado esa capacidad
tecnológica, estamos trabajando y ya se ha restablecido la conexión
cerca de un 60%", especificó.
Sabotaje y pánico inducido
A comienzos de 2017, cuando el gobierno venezolano implementó
estaciones de servicio internacional en la frontera para la venta en
moneda convertible, el gobierno de Juan Manuel Santos prohibió el paso
de vehículos colombianos desde Arauca, Cúcuta y La Guajira a Venezuela
para abastecerse de combustible.
En días recientes, dichos expendios no han sido habilitados, ha
habido tropiezos y retrasos en la venta debido a la escasez inducida por
el sabotaje eléctrico, pero también ha aumentado la migración de
vehículos colombianos hacia Venezuela. Esto ha propiciado un caos en el
que las bombas no pueden abastecer el elevado parque automotor.
Usuarios de la zona han reportado, vía redes sociales, que existen
nexos entre la demora en las estaciones de servicio y las bandas que
trafican gasolina. En días previos a la implementación definitiva del
sistema BioPago, los dueños de vehículos pasan noches y días enteros
frente a las estaciones de servicio para lograr adquirir
gasolina mientras distintos actores locales se han prestado para
intensificar esta situación agudizando el contrabando.
No ha faltado la participación de medios privados y
actores políticos como la gobernadora del estado Táchira (de tendencia
opositora), Laidy Gómez, en la creación de zozobra. Para ello algunos
portales han titulado que es el nuevo sistema de venta de gasolina el
que ha dado problemas en Táchira y Zulia, y ya hablan de protestas mientras la gobernadora argumenta que "el
90% de la población vive del contrabando, y no sólo de combustible,
sino de cualquier producto que represente ganancia; y si mañana no se
puede pasar gasolina, será cobre o arroz, o cualquier otra cosa, porque
ese se convirtió casi en el único modo de vida de estos pueblos de
frontera". A esta campaña se han sumado otros actores económicos de la
región fronteriza.
Algunos datos del negocio, más que pimpinas
Lo cierto es que el reacomodo de las mafias ante esta nueva realidad
pasa por el intento de crear un caos social en la frontera que perturbe
el avance del nuevo esquema de venta del combustible.
Hablar de la "nueva realidad económica" de las mafias gasolineras no
es un despropósito cuando se evalúan las pérdidas que les ocasionaría el
nuevo esquema de venta.
La Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de Colombia estima que a los
departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Guainía y
Vichada ingresan ilegalmente unos
20 mil barriles diarios de gasolina (600 mil mensuales), e informan
que desde 2015 hasta la fecha, han decomisado más de 2 millones
de galones de hidrocarburos en el país, 41% de ese total en La
Guajira, frontera con el estado Zulia.
Se trata de un negocio en el que, solo por el Zulia, transitan
caravanas de hasta 150 carros llenos de gasolina por unos 200 caminos
ilegales (trochas) que llegan hasta Maicao, departamento de La Guajira,
donde el precio del galón aumenta hasta 3 mil 700 veces su valor. Tras
la desmovilización (o metamorfosis) de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), nuevos carteles se han apoderado del negocio y el
territorio.
Las ganancias diarias en Maicao pueden llegar a unos 3 millones de
dólares cruzando unos 25 carros en cada trocha, mientras que en Cúcuta
solo una cooperativa como la Multiactiva de Pimpineros del Norte
(COOMULPINORT) tiene capacidad para contrabandear mensualmente alrededor
de 15 millones de litros de gasolina desde Venezuela (no 600 mil) y han
llegado a almacenar hasta 1 millón 600 mil galones en un solo espacio.
Según la Fiscalía General colombiana, para obtener un kilo de
clorhidrato de cocaína, los grupos del narcotráfico necesitan utilizar
en el proceso unos 166 galones de gasolina. En el municipio Tibú, del
Norte de Santander, se han hallado esta misma semana refinerías ilegales con 3
mil galones de gasolina obtenida artesanalmente lista para ser
empleada en el procesamiento para obtener el insumo conocido como
"pategrillo", y posteriormente ser llevado a los laboratorios como
gasolina, esto con pocos días de haberse implementado el nuevo esquema
de distribución en Venezuela.
Cabe preguntarse cómo será el negocio en la frontera si en
municipios como Barbacoas (Nariño), lejos de la frontera con
Venezuela, casi se triplicó el número de hectáreas sembradas y el narco
tiene registrados 4 mil 709 carros. En este municipio se vendieron el
año pasado 3.4 millones de galones de gasolina, 1.4 millones más que
hace dos años. Hoy se cultiva en Colombia seis veces más coca de la que había en la época de oro de Pablo Escobar.
Parapolítica colombiana: beneficiaria del contrabando
Ya hemos mencionado cómo se beneficia la
oligarquía colombiana del contrabando de combustible desde
Venezuela. Aun cuando se pudiera pensar que se trata de un negocio de
familias humildes sobreviviendo a una economía de extremismo neoliberal, se
trata de un entramado financiero en el que el mismo Estado colombiano
percibe ganancias al cobrar impuestos a los pimpineros en los llamados
"Puntos de Recolección", legado de Álvaro Uribe, cuando en
2006 resolvió legalizar el combustible que entra irregularmente al país bajo la figura de "formalización".
El 80% del contrabando gasolinero es distribuido por la empresas
Vetra, Pacific Rubiales y Petromagdalena, cercanas al uribismo. Junto a
la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, comercializan como propia la
gasolina venezolana y generan diariamente millones de bolívares para
financiar el golpe económico en Venezuela.
Antes de lograr un acuerdo interno respecto a la intervención militar contra Venezuela que propugna su
mentor Uribe, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha apostado a
fortalecer los mecanismos de extracción de combustible, en tanto es una
forma de ganar tiempo ante el caos social que representaría el cese del
contrabando de gasolina hacia el oriente colombiano.
Por ello ha nombrado como presidente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos a un experto en el área, el ex gobernador del Norte de
Santander, Luis Miguel Morelli. Como apuntara la gobernadora del
Táchira, es mucha la población fronteriza que vive de la extracción de
la gasolina, por lo que es obvio decir que son muchos los intereses que
apuestan a que fracase el nuevo esquema de distribución.
La gasolina venezolana vendida en Colombia dinamiza la producción de
cocaína y genera el dinero con el que se financia el dólar paralelo, las
bandas paramilitares, el contrabando de efectivo y de alimentos, además
del entramado financiero que compra funcionarios en todos los niveles
de un Estado fallido como Colombia. Regularizar la venta de combustible
venezolano implica debilitar los insumos que dan sustento a un
importante sector de la oligarquía colombiana.
Para esos sectores que viven de la guerra y el narco, y que coexisten
con poderes económicos estadounidenses, se hace vital garantizar el
control del occidente venezolano para mejorar el corredor del
narcotráfico, así como del petróleo y la gasolina, un recurso
imprescindible para la elaboración de la cocaína y su transporte. Es por
esto que no extrañará ver un incremento en las provocaciones, tanto en
lo militar como en declaraciones desesperadas de voceros como Luis
Almagro, Iván Duque y Álvaro Uribe.
Fuente: Mision Verdad
