La Administración Trump ha actuado con una consistente agresividad en la política de sanciones y bloqueo aplicado de manera sistemática contra Venezuela. Han alcanzado un cenit durante el año 2019, desde el advenimiento -por orden de la Casa Blanca- de la presidencia paralela de Juan Guaidó y la estructuración de una hoja de ruta de asedio de espectro completo contra el nuevo período presidencial de Nicolás Maduro.
En estas instancias, las sanciones y medidas de presión económica no deben entenderse como una situación aislada del conjunto de presiones diplomáticas, políticas, comunicacionales y militares que Washington ha orquestado contra Caracas en los últimos años.
Es también indispensable asumir que el recrudecimiento de las acciones de asfixia económica, parten en el año 2019 desde un agotamiento y desgaste de las acciones de boicot económico interno que el país ha sufrido en los últimos años, sin que se produjera el resultado esperado: La salida del Presidente Nicolás Maduro del poder político.
Entiéndase con ello, que Venezuela ha sufrido en los últimos años un conjunto de situaciones económicas turbulentas. A saber:
- La devaluación inducida de su moneda mediante el posicionamiento y manipulación de un tipo de cambio paralelo, la imposición de marcadores y páginas webs radicadas en EEUU, que han producido estampidas especulativas y una depreciación constante de la moneda local.
- Se ha inducido un desbarajuste muy significativo en los sistemas y subsistemas de abastecimiento y precios en la economía venezolana, afectando la disponibilidad de bienes de consumo masivo y demás bienes sensibles al consumo de la población.
- En este proceso han participado cadenas monopólicas y oligopólicas del sector privado venezolano, cuyos dueños son abiertamente antichavistas, y que manejan la producción y distribución de estos bienes, desregularizando el acceso de la población a esos productos y creando una caída en los inventarios de los anaqueles, burlando regulaciones estatales y por el contrario favoreciendo la venta de productos a precios especulativos en sectores informales no sujetos a las regulaciones estatales. Esta última práctica es conocida en la jerga venezolana como "bachaqueo".
- El contrabando de alimentos y medicinas rumbo a países vecinos, especialmente Colombia, aupado por los diferenciales cambiarios inducidos, ha sido otro agravante que agudizó el desabastecimiento y las irregularidades en los procesos de distribución. La variable del contrabando favoreció en estos años el desabastecimiento de productos hechos en Venezuela y en consecuencia la inflación de los precios de estos bienes.
- La especulación ha sido un elemento que ha aupado fuertemente la hiperinflación, desarticulándose en el hecho todas las medidas de protección y regulación del Estado, creándose entonces condiciones económicas desordenadas y altamente lesivas a los bolsillos de la clase asalariada del país.
- La especulación se incorporó al tejido económico mediante sus prácticas más sobresalientes: la especulación sobre el valor del signo monetario local frente al dólar (a mano de marcadores paralelos) y por otro lado, la especulación sobre el valor de bienes y servicios en todos los renglones y expresiones de la economía nacional, en una tendencia que se emprendió desde la gran empresa privada y así en cascada a todos los sectores componentes del entramado de empresas privadas medianas y pequeñas.
Este ciclo se desarrolló con gran énfasis desde el año 2014 hasta el año 2018 y aún persiste.
A la "tormenta perfecta" de la economía venezolana se le sumaron fenómenos exógenos, como el pronunciado ciclo de precios bajos petroleros desde 2014 a 2018 que afectaron la economía venezolana toda desde su vulnerabilidad fundamental; el Estado mediante sus exportaciones petroleras y de otros bienes estratégicos, es el que ingresa más del 90% de las divisas extranjeras a la economía venezolana, una economía además, sostenida mediante importaciones de bienes, equipos e insumos para la producción de alimentos y medicinas.
El desplazamiento del presidente Maduro y del chavismo del poder, depende de varios causales medulares pretendidos mediante las sanciones y actos de bloqueo:
- Acelerar el deterioro del tejido económico venezolano, agudizando las contradicciones creadas durante la guerra económica, para pauperizar las condiciones de vida de la población en general y fortalecer la base social de apoyo al antichavismo y a los actos de injerencia de Washington en el país.
- Agudizar el deterioro de las condiciones elementales de vida, como componente indispensable de la narrativa de "crisis humanitaria", con la que La Casa Blanca ha manufacturado consenso en EEUU y la comunidad internacional para legitimar sus acciones destituyentes en la nación petrolera.
- Washington ha reconocido que la sola asfixia económica de la población no ha sido suficiente para generar la dimisión del presidente Maduro. Por el contrario, ha tenido lugar la profecía auto-cumplida liberal que afirma que las sanciones hacen atrincherar al poder de un país-objetivo sobre sí mismo. Para ello, el gobierno estadounidense ha acelerado las medidas coercitivas directamente sobre funcionarios civiles y militares de Venezuela, con el propósito de quebrar la institucionalidad nacional y acorralar a los funcionarios del gobierno. Sin embargo estas acciones no han demostrado ser efectivas hasta el momento.
- Las sanciones contra la economía toda y contra funcionarios del chavismo, al unísono de presiones, llamamientos a golpe de Estado a los militares venezolanos y amnistías prometidas a insurrectos, pretenden el quiebre del tejido político e institucional militar, para con ello generar una conmoción general en la estructura del Estado, un colapso que haga al poder venezolano una estructura vulnerable susceptible al asalto. Washington ha llamado a los militares venezolanos para que estos hagan un "trabajo por encargo" en suelo venezolano a favor de la Administración Trump, sin que el resultado hasta ahora sea el esperado.
- Washington ha considerado seriamente la vía militar para desplazar al chavismo. En esa trama, el bloqueo económico ha sido un elemento de exasperación enorme en la población venezolana y crea una base de apoyo a esas acciones dentro y fuera del país. El bloqueo ha acelerado la migración desde Venezuela, la propagandizacion de la "crisis humanitaria" y la declaración de un "Estado fallido".
- En la eventualidad de una arremetida militar, mediante vías regulares o mercenarias, las sanciones serán un agregado importante para acelerar el colapso del país y su población. Un precedente emblemático sobre este ítem es el caso de Irak, país donde murieron más personas por el bloqueo económico previo a 2003 que por acción de la invasión durante ese año.
RADIOGRAFÍA A LAS SANCIONES PUNITIVAS APLICADAS CONTRA VENEZUELA
La anatomía de los actos de bloqueo y sanciones contra la economía venezolana, está caracterizada por la determinación política de la Administración Trump en colocar a Venezuela en un lugar privilegiado de la política estadounidense. En 2018, Washington asume sólidamente con mano propia la asfixia del país y durante 2019 la tendencia ha escalado a niveles inéditos. El poder estadounidense ha colocado al país como referente de su política exterior para el hemisferio occidental.
El gran énfasis de la Casa Blanca ha estado en profundizar los mecanismos destituyentes en Venezuela, lo más pronto posible, dado que el tema venezolano y el de la "troika del mal" y del socialismo en el continente (Venezuela, Cuba y Nicaragua), son un factor dentro de la precampaña para las presidenciales estadounidenses de 2020.
En su discurso ante la nación a inicios de este año y así frente a la comunidad latina en la Universidad de la Florida, Trump centralizó su narrativa en impedir que su país transite por las vías del socialismo. Centralizar una campaña alrededor de una discusión ideológica binaria, es poco usual en EEUU y ello se explica por el auge del ala de izquierda en el partido demócrata y por las precandidaturas sobresalientes de Elizabeth Warren y Bernie Sanders, claros antagonistas políticos de Trump.
Esta situación y otras contradicciones generadas en la lucha entre elites en EEUU, definen la anatomía y agresividad de estas acciones, para presentar la esperada caída de Maduro como un factor ejemplarizante de "lucha contra el socialismo" y la "efectividad" de la política exterior de Trump, que ha demostrado ser en diversos frentes, errática, inconsistente e inefectiva.
Venezuela entonces, adquiere una cualidad de vitrina política y elemento de modulación de la política del Departamento de Estado, de cara a la política interna norteamericana y de cara al mundo emergente (Rusia y China), esto último dada la cuantía de recursos estratégicos del país que EEUU pretende cooptar como lo hizo en el ciclo histórico del siglo XX.
ACCIONES DE BLOQUEO Y BOICOT FINANCIERO
Las afectaciones a la regularidad del relacionamiento financiero de Venezuela son el punto de partida para inhabilitar su liquidez y por otro lado, afectar el flujo de mercancías, con gran énfasis en las compras del Estado de alimentos y medicinas.
En efecto, recientemente el Estado venezolano dio cuerpo a un plan de asistencia humanitaria con la Cruz Roja Internacional, para traer medicinas y eludir las trabas y alcabalas financieras que han contrariado la adquisición de medicinas a beneficio de la población. Venezuela también ha trabajado con Rusia y China en esa dirección para evitar situaciones, como el bloqueo en España por la aerolínea Iberia y las autoridades de ese país a un envío medicinas con destino a Venezuela.
Desde agosto de 2017, Trump vetó al país de los mercados de bonos en suelo estadounidense mediante acciones directas contra los Bonos Soberanos emitidos por el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El objetivo de esta acción fue inhabilitar al país en sus capacidades de financiamiento y refinanciamiento de deuda acumulada hasta el momento. También apuntaron a afectar las capacidades de PDVSA para obtener financiamiento para el sostenimiento y ampliación de sus yacimientos petroleros mediante el mecanismo de emisión de petrobonos.
Mediante una orden ejecutiva a finales de agosto de 2017 también ordenaron a CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EEUU, no enviar los dividendos por sus actividades a su casa matriz.
En simultáneo el Departamento del Tesoro inició la aplicación de medidas discrecionales contra fondos y cuentas venezolanas en el extranjero.
En 2018 y 2019 la estrategia ha sido muy agresiva. En enero de 2018 once bonos venezolanos y de PDVSA, por valor de 1 mil 241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las sanciones mediante la inhabilitación de cuentas bancarias en Citibank.
En marzo de 2018, la Administración Trump mediante orden ejecutiva, declaró ilegal la compra u otra operación relacionada con la criptomoneda ideada por el Estado venezolano, el Petro o cualquier otra criptomoneda venezolana por parte de empresas y ciudadanos estadounidenses.
Para mediados de 2018 las cuentas del BCV y el Banco de Venezuela (estatal), en suelo estadounidense, quedaron inhabilitadas.
En marzo de 2018 congelaron unos 2 mil 500 millones de dólares de Venezuela que fueron retenidos en bancos estadounidenses. Este dinero en buena parte iba a ser dirigido al pago de acreedores internacionales, empujando al default y a la consecuente apertura de procedimientos legales de los acreedores contra el país.
El 28 de enero de 2019, el secretario del Tesoro estadounidense y su oficina que regula los activos extranjeros en ese país (OFAC, por sus siglas en inglés) añadió nuevas acciones contra PDVSA que efectuaron mediante el congelamiento de unos 7 mil millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana, incluyendo CITGO, con adición de una pérdida estimada por el propio departamento de 11 mil millones de dólares de exportaciones petroleras venezolanas a EEUU durante los próximos años.
En enero también fue reportada la retención de 1,300 millones de euros en colaterales en oro, por parte del Banco de Inglaterra. Se trata de unas 14 toneladas de oro que el Estado intentó repatriar sin éxito y que pasarían al control de las "autoridades legítimas de Venezuela", es decir, el gobierno paralelo de Juan Guaidó, el cual accedería a esos fondos mediante acciones de discrecionalidad y arbitraje por parte de EEUU.
El 22 de marzo de 2019 la OFAC decide actuar contra el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) incluyendo sus subsidiarias en Uruguay y Bolivia. También fueron sancionados el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario, todos bancos estatales, para inhabilitar su capacidad de maniobra y su uso para la intermediación financiera del país. La OFAC ordenó el cierre de todas las operaciones de todo ente bancario relacionado o con operaciones en EEUU, con esos los bancos venezolanos.
En una entrevista para la cadena BBC el presidente Nicolás Maduro denunció que el sistema de liquidación de activos Euroclear tiene "secuestrados" 1.400 millones de dólares de dinero venezolano, destinados a "traer medicinas contra la diabetes, contra el cáncer". Ante preguntas de BBC Mundo, Euroclear se limitó a contestar que su "política es cumplir en su totalidad con las leyes aplicables y las regulaciones” y que “consistentemente toma las acciones necesarias al respecto".
En esa misma entrevista, Maduro señaló que Portugal también ha congelado "más de 2.000 millones de dólares" destinados a comprar esas mismas medicinas.
Venezuela ha denunciado sucesivamente el cierre de cuentas y el boicot de las instancias financieras para sus operaciones comerciales. "Se acuerdan compras internacionales con proveedores, se acuerda el uso de un determinado banco para efectuar pagos y posteriormente los bancos se rehúsan a realizar las operaciones por temor a represalias", denunció el embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) Samuel Moncada.
En efecto, el enviado para Venezuela, Elliott Abrams, confirmó hace poco a la prensa de su país que el Departamento de Estado y demás instancias del gobierno estadounidenses mantenían un monitoreo de las actividades comerciales y financieras de Venezuela, incluyendo empresas navieras y bancos que tuvieran relación con el país, para indicarles que "no deben hacer eso".
El 17 de abril de este año fueron anunciadas acciones contra el BCV. "Me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela, destinadas a limitar las transacciones estadounidenses con este banco y cerrarle acceso a los dólares estadounidenses", expresó el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, durante una rueda de prensa en Miami. En sus declaraciones Bolton explicó que estas medidas unilaterales contra el BCV representan una “firme advertencia a todos los actores externos, Rusia incluida, de no desplegar recursos militares en Venezuela”.
También, la OFAC indicó que el Departamento del Tesoro accionó contra el BCV "para evitar que sea usado como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro", en palabras del Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, en un comunicado.
ACCIONES CONTRA LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA
Las acciones de bloqueo contra la economía venezolana, abarcan afectaciones exactas contra la industria petrolera, principal fuente de ingreso de moneda extranjera a Venezuela. La actividad energética venezolana está bajo la propiedad del Estado venezolano y sus socios extranjeros mediante condiciones de mayoría de la propiedad estatal sobre yacimientos, operaciones y exportaciones.
El bloqueo a la industria petrolera es extensivo para menguar la capacidad del gobierno venezolano en efectuar cumplimientos de deuda, ejecutar planes de inversión en áreas económicas estratégicas alternativas al petróleo, sostener servicios públicos y realizar importaciones de bienes de maquinarias, equipos, insumos para la producción de alimentos y medicinas en el país.
A finales de enero de este año John Bolton anunció el congelamiento de activos venezolanos en suelo estadounidense. Estos activos pertenecen a CITGO, que posee tres refinerías en Estados Unidos, una red de oleoductos y más de 5.000 gasolineras en la costa este. EEUU asumió una posición de arbitraje y discrecionalidad sobre los bienes venezolanos, evitando que el gobierno legítimo de Venezuela tenga acceso a los ingresos por las actividades de CITGO, bloqueando todas las propiedades e intereses de PDVSA sujetos a su jurisdicción estadounidense y prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses participar en transacciones con ellos.
El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró en ese momento que CITGO podría continuar sus operaciones si sus ingresos se depositaran en una cuenta bloqueada en EEUU, la cual se habilitaría para uso y control del gobierno paralelo de Juan Guaidó. Al mismo tiempo se inició un proceso de sustitución de la directiva de CITGO y el nombramiento de nuevos responsables por parte del gobierno artificial y paralelo. El presidente venezolano acusó a Estados Unidos de "transitar el camino ilegal de robarle la empresa CITGO a Venezuela" y dijo que defenderá las riquezas del país ente los tribunales.
Al unísono de estas acciones, EEUU determina el veto del crudo venezolano en EEUU a menos que los pagos por ventas de crudo fueran a cuentas a beneficio del gobierno aéreo de Guaidó, cuestión que el chavismo no aceptaría. Esto devino en la salida de Venezuela del mercado de crudos extrapesados en EEUU, país con más del 50% de la capacidad de refinación de ese crudo, cuyos principales productores son Arabia Saudita, Canadá y Venezuela.
Aunque la salida del crudo venezolano del mercado estadounidense ha perjudicado al circuito de refinadores de pesados y extrapesados en ese país, la trama de bloqueo contra ha generado la búsqueda de nuevos mercados para el crudo venezolano y ésta apunta a los países del bloque emergente. Pero esto ocurre con enormes contrariedades.
Según diversos medios, presiones exactas del gobierno estadounidense contra la India inhibieron la ampliación de los acuerdos vigentes entre Venezuela e India, cuestión que dio cierre a la probabilidad planteada a mediados de febrero, de que se duplicara sus despachos a la nación asiática. La más reciente visita de Mike Pompeo a India cumplió ese cometido.
El conglomerado indio Reliance Industries principal cliente de PDVSA en ese país se comunicó con la agencia AFP e indicó: "nuestra filial en Estados Unidos ha parado por completo todos los negocios con la petrolera del Estado de Venezuela, PDVSA, y su matriz global no ha incrementado las compras".
El 12 de abril la OFAC sanciona buques petroleros que enviaban crudo venezolano a Cuba. No obstante, la medida es considerada una modalidad de ensayo para presionar a las navieras y proveedoras de servicios de transporte de crudo para que detengan sus servicios que aún prestan al país.
Más allá de las afectaciones a las exportaciones de crudo, hay otros serios daños a la industria petrolera venezolana. Venezuela por medio de su estatal PDVSA solía importar unos 100 mil barriles al día de nafta desde Estados Unidos, un diluyente indispensable para procesar, transportar y despachar crudo extrapesado, el principal crudo de exportación. Pero las acciones de la Casa Blanca han dado al traste con ello, por lo cual se ha visto una afectación en sus niveles de producción perdiendo unos 300 mil barriles de producción al día sólo por ese factor. Un daño de gran proporcionalidad a los ingresos venezolanos, a causa del boicot que Estados Unidos está efectuando no solo en suelo estadounidense, sino en otros países en simultáneo.
La empresa India Reliance Industries, en su giro comercial con Venezuela por presiones estadounidenses, reveló que "desde que se impusieron las sanciones y en contra de lo que dicen algunos informes, Reliance ha detenido toda provisión de diluyentes a PDVSA y no reanudará esas ventas hasta que las sanciones se levanten". Así fue referido por BBC, a nombre de Reliance, propiedad de Mukash Ambani, el hombre más rico de Asia y quien tiene estrechos vínculos con la economía estadounidense.
El 29 de enero Venezuela recibió el último despacho de nafta a cargo de Reliance en el puerto de Jose, en el oriente venezolano, según Refinitiv Eikon, una firma energética especializada en refinación de crudo. En días recientes la empresa mixta venezolana Petro San Félix, también en el oriente, sufrió un sensible ataque a sus instalaciones con la explosión provocada de dos tanques con diluyentes, evento que fue catalogado por el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, como un "acto terrorista" que estaría enmarcado en la hoja de ruta para desestabilizar al país.
Dada la caída inducida en los inventarios de nafta, PDVSA ha tenido que empezar a mezclar crudo liviano, con su crudo extrapesado, para poder realizar despachos y evitar una caída estrepitosa de sus exportaciones. El crudo liviano es cada vez más escaso y es el insumo fundamental de la dieta de las refinerías venezolanas, las cuales surten el mercado interno de combustibles.
Esto último supone que EEUU espera golpear la normalidad del flujo de gasolina en Venezuela, mediante una "operación de tijeras" a los procesos vitales de PDVSA y desconfigurar más aún al país. Este elemento podría estar conectado con las afirmaciones que hace poco hiciera el senador estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó proféticamente que "la población venezolana sufriría una severa escasez de alimentos y gasolina".
Adicional a los actos ya descritos, el bloqueo a las operaciones de PDVSA aplica al embargo de facto que hay sobre repuestos, equipos y refacciones a las instalaciones petroleras, cuya tecnología depende en gran medida del circuito industrial petrolero estadounidense.
Refinerías, patios de tanques, plantas de llenado de combustible, pozos petroleros, poliductos y un conjunto de operaciones afines a la extracción petrolera en Venezuela y procesamiento de derivados, tienen una inercia de más de 100 años de tecnologías estadounidenses que el chavismo no ha logrado sustituir a totalidad mediante sus alianzas con China y Rusia.
El parque tecnológico petrolero sigue siendo altamente dependiente del circuito de proveedores estadounidenses, radicados principalmente en Texas, Oklahoma y Alabama, que han cerrado sus suministros a Venezuela sin ofrecer mayores explicaciones.
Esto ha contribuido a debilitar la procura de PDVSA de muchos equipos indispensables para sostener sus cotas de producción y sostener con regularidad otras actividades conexas de la industria petrolera en el país, especialmente la del flujo de combustible para el mercado interno.
Por otro lado, también se han conocido presiones multidireccionales contra los socios de PDVSA en los desarrollos petrolíferos de Venezuela, a Total de Francia y Repsol de España, quienes se ven obligadas a reducir sus involucramiento con el país.
En diversos medios se han efectuado publicaciones sobre el retiro de estas empresas de Venezuela y aunque en ambos casos las casas matrices de estas empresas han desmentido ello, no queda del todo claro si estas corporaciones bajo la órbita occidental han sido objeto de presiones y cabildeo estadounidense para que cesen en sus operaciones con la estatal venezolana.
BLOQUEO A LA ACTIVIDAD MINERA
Siendo conocidas las acciones de Washington contra las actividades financieras y petroleras, el gobierno venezolano dispuso efectuar un plan de inversiones, explotaciones y exportaciones de las riquezas minerales del país, mediante la franja territorial del Arco Minero del Orinoco, con el propósito de diversificar las exportaciones venezolanas para favorecer el menguado ingreso de divisas extranjeras al país y atraer inversión extranjera.
Para el país las exportaciones de oro son estratégicas. En noviembre de 2018 el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico en ese momento, Víctor Cano, informó que Venezuela tiene certificadas aproximadamente 2.300 toneladas de oro y el país apunta a conseguir un lugar privilegiado en el mundo. "Hay datos inferidos de la cantidad de oro que existe en el Arco Minero del Orinoco y podemos llegar a 8.300 toneladas, esto nos colocaría como el segundo país con mayor reservas de oro en el mundo", indicó el funcionario.
No obstante las perspectivas de inversiones por parte de algunas empresas sufrieron un revés cuando en noviembre de 2018, la Casa Blanca dispuso de una nueva orden ejecutiva donde expresamente prometen acciones contra cualquier persona o empresa en suelo estadounidense o relacionada con ese país, si opera en el sector de explotación del oro venezolano.
Esas sanciones se han dispuesto a romper la estructura comercial y financiera de la venta del oro, que tienen lugar por medio de transacciones en dólares, con cuentas en EEUU o bancos ligados a la red financiera de EEUU.
El 19 de marzo de 2019, el Departamento del Tesoro emprendió una nueva retaliación a Venezuela y sus exportaciones de oro alegando perseguir las "operaciones ilícitas en oro" del Estado venezolano, y dedica buenos párrafos a descalificar el Arco Minero del Orinoco bajo presuntas defensas del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios del estado Bolívar y la Guayana venezolana. Washington se dispuso a sancionar a la empresa estatal Minerven, ente ejecutor y principal activo en la industria de los minerales estratégicos de Venezuela.
Franco Vielma / Mision Verdad
