Según reportó recientemente la agencia Reuters,
“el FBI está investigando a varias compañías mexicanas y europeas
presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano
mientras reúne información para una pesquisa del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos sobre posibles sanciones”.
En su reporte, Reuters
cita en condición de anonimato a cuatro personas familiarizadas con
estas “investigaciones” y también a fuentes cercanas de la Casa Blanca.
Los
funcionarios estadounidenses consultados por la agencia confirmaron
“que el poco impacto que las medidas (sanciones) han tenido sobre el
mandatario venezolano (Nicolás Maduro) constituye una fuente de
frustración para el presidente Donald Trump, cuya administración ha
endurecido la implementación de sanciones en los últimos meses”.
Como ya lo demostró esta tribuna
hace pocas semanas en un artículo de investigación, las presiones
ilegales para romper los vínculos comerciales entre las compañías
petroleras europeas y la estatal petrolera PDVSA han precipitado la
escasez de gasolina en Venezuela.
A
estas medidas de extorsión se une el bloqueo a decenas de buques
petroleros con los que el país caribeño exporta su petróleo e importa
los aditivos necesarios para la refinación de gasolina.
Si
bien estas medidas ya destacan por su agresividad y efectos nocivos,
Washington parece decidido a una nueva escalada de sanciones criminales
para restringir aún más el comercio petrolero venezolano, fracturando
con ello la principal fuente de ingresos del país (más del 90% de sus
divisas provienen de la venta de petróleo).
Este
movimiento ocurre días después de la incursión mercenaria fallida por
las costas venezolanas bajo la denominada “Operación Gedeón”. El plan de
asesinar a Maduro fracasó y expuso las vinculaciones de la Casa Blanca.
Estas
nuevas acciones anunciadas de presión económica pueden interpretarse
como una salida hacia adelante, en el marco de un esfuerzo por endurecer
la vía económica de la desestabilización: el combustible indispensable
del cambio de régimen y de nuevas intentonas golpistas fundamentadas en
el colapso económico que busca precipitar Washington.
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| A finales de abril, el secretario de Estado Mike Pompeo, y el enviado de la Casa Blanca Elliot Abrams, anunciaron sanciones contra empresas europeas que mantuviesen vínculos comerciales con la estatal petrolera venezolana PDVSA. Foto: Archivo |
Reuters
precisa que el FBI está recabando información sobre las empresas
mexicanas Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics
& Cargo, y las europeas, Elemento Ltd y Swissoil Trading SA, por
comercializar petróleo y otros productos asociados con Venezuela.
La
medida apunta a afianzar el bloqueo a la importación de gasolina y de
importaciones básicas con el propósito de obstaculizar la reactivación
económica de Venezuela una vez la pandemia de Covid-19 esté totalmente
controlada.
Washington se ampara en la naturaleza ilegal de la Orden Ejecutiva 13844 del 5 de agosto de 2019,
que “autoriza” la aplicación de “sanciones secundarias” a empresas
fuera de la jurisdicción estadounidense que se relacionen comercialmente
con instituciones y empresas venezolanas incluidas en la lista OFAC del
Departamento del Tesoro.
Por otro lado, Reuters cita un documento enviado por la empresa Libre Abordo y su afiliada Schlager.
Según la agencia
“los dos convenios que firmaron en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos y camiones cisterna para agua por crudo venezolano, conocidos como acuerdos de petróleo por alimentos, estaban permitidos bajo las sanciones siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro”.
“Ni
Libre Abordo ni las compañías navieras contratadas para realizar los
movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujeto de sanción, primaria o
secundaria, por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirma un
comunicado citado por Reuters.
Ahora el Departamento del Tesoro podría apuntar a Corpovex y a las empresas comentadas para fortalecer el bloqueo.
En
repetidas oportunidades, Washington ha insistido en que las sanciones
ilegales contra el estado venezolano no incluyen las importaciones de
alimentos y medicinas.
Sin
embargo, esta narrativa se encuentra en tela de juicio, ya que las
presiones para bloquear la importación de gasolina y la exportación
petrolera tienen un efecto directo en la capacidad del estado de acceder
a alimentos y medicinas para cubrir las necesidades del país.
A mediados de abril, el Departamento del Tesoro emitió una licencia
general para proyectar la narrativa de que las sanciones no bloquean el
envío de material humanitario. Pero la incorporación del FBI a la
persecución económica y financiera del país deja ver que se trata de una
falacia.
Reuters afirma que
“los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela las comprometen a entregar 1,000 camiones cisternas para agua y 210,000 toneladas de maíz al país (…) Si bien los camiones fueron entregados parcialmente, las empresas dijeron que hasta ahora no habían suministrado ningún tipo de alimentos, ya que los bajos precios del petróleo habían afectado el cronograma original de entregas”.
Contrariando
la retórica humanitaria de las sanciones, ahora el FBI reúne la
información necesaria para viabilizar nuevas sanciones que paralicen
estos acuerdos de intercambiar petróleo por alimentos y otros insumos
humanitarios, que han venido funcionando durante los meses de marzo y abril, según reportes de medios mexicanos.
La
presencia del FBI en la trama del bloqueo a Venezuela confirma la
persecución de tipo policial que sufre el país caribeño en sus esfuerzos
por transportar alimentos y otros insumos al margen del bloqueo
estadounidense.
Al
mismo tiempo, la investigación de la agencia norteamericana desnuda la
falsa retórica de que las sanciones no obstaculizan la importación de
bienes básicos.
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| Más de 30 buques petroleros venezolanos han sido sancionados por Estados Unidos, una maniobra que ha afectado notablemente la comercialización de crudo, la importación de gasolina y los ingresos nacionales para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Foto: Voice Of America |
En la última llamada telefónica
que sostuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el autoproclamado
Juan Guaidó a finales del mes de abril, “ambos condenaron enérgicamente
el bloqueo de Maduro a la asistencia médica y alimentaria
internacional”, aun cuando las únicas muestras de bloqueo directo y
comprobado vienen de Washington.
Mientras
Venezuela sufre una agresiva caída de los precios del petróleo y la
pandemia de Covid-19, Washington apuesta a una escalada del bloqueo para
apuntalar el cambio de régimen evitando que el estado venezolano pueda
atender con efectividad la emergencia humanitaria internacional.
Estas
nuevas maniobras se enmarcan en una estrategia que también incluiría la
colaboración de la República Islámica de Irán para reactivar las
refinerías de Venezuela.
Reuters también afirma
que Washington ha anunciado represalias y una nueva batería de
sanciones por estos acuerdos que apuestan hacia la estabilidad económica
del país.
