Los hechos ya conocidos de la operación
En medio de una multitudinaria actividad en la avenida Bolívar de la
ciudad de Caracas, a propósito del 81 aniversario del nacimiento de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dos drones cargados con material
explosivo
estallaron cerca de la tarima presidencial, cuando el primer mandatario nacional se disponía a cerrar su discurso frente a los presentes.
Ante la magnitud de la explosión, la transmisión en cadena nacional
fue suspendida, los efectivos presentes reaccionaron con maniobras de
repliegue y los protocolos de seguridad para resguardar la vida del jefe
de Estado
fueron debidamente activados.
Minutos después, ante la confusión generada, el ministro de
comunicación e información, Jorge Rodríguez, confirmó que se trataba de
un atentado y que el presidente Maduro y los altos funcionarios civilies
y militares del Estado venezolano que estaban en la tarima, salieron
ilesos. Siete efectivos militares resultaron heridos por las
explosiones, los cuales ya reciben cuidados médicos.
Según versiones policiales, donde los drones cayeron luego de la
explosión se constató la existencia de material explosivo. Fuentes
"extraoficiales"
relatadas por un periodista opositor, de nombre Román Camacho, recalcaron que los artefactos contenían explosivos C4.
Minutos después, un grupo denominando
"Soldados de Franelas", vinculado al extinto grupo paramilitar del ex Cicpc, Óscar Pérez, que a finales del año pasado realizó
varios atentados armados a instituciones civiles y militares con el país, se adjudicó el atentado por redes sociales.
Este reconocimiento anuló la narrativa del "autoatentado" o de "una
explosión aislada" en un edificio aledaño a la avenida Bolívar, que
algunos operadores en redes sociales y medios internacionales, como
Associated Press, habían tratado de instalar para distraer la atención y
encubrir responsabilidades.
La célula encabezada por Pérez fue desmantelada mediante un fuerte
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad a principios de este mismo
año muy cerca a la capital venezolana, específicamente en El Junquito.
Sin embargo, la vuelta a la escena de uno de sus remanentes, indica que
la carta paramilitar contra Venezuela también sigue sobre el tablero.
Al final de la noche, el presidente Nicolás Maduro compareció ante el
país, relató lo ocurrido y destacó que los autores materiales del
atentado están detenidos. Las primeras pesquisas, según el jefe de
Estado, arrojan la vinculación del eje Bogotá-Miami, del presidente
saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de operadores radicados en
La Florida.
Los aspectos simbólicos y materiales: selección del momento, lenguaje corporal y lógica del espectáculo
El intento de magnicidio mostró, también, una carga de violencia
simbólica específica, dirigida a entidades políticas sensibles a la
estabilidad del país y al Estado en general. La naturaleza del evento
que se daba en la avenida Bolívar, como quienes integraban la tarima
presidencial, a su vez describe la selección de un momento específico
para llevar a cabo la operación.
Se celebraba el aniversario de la GNB, cuerpo militar encargado del
orden interno que en la revolución de color del año pasado fue clave en
neutralizar el avance paramilitar de la guarimba y su infraestructura
logística.
Atacar justo en ese acto y no en otro al Presidente, llevaba consigo
el correlato simbólico de exhibir al cuerpo castrense como vulnerable y
sin capacidad de respuesta, lo que debía servir para reflotar en el
discurso público, mediante un acto de conmoción (fallido) a gran escala,
el clima de confrontación violenta desarticulado por la Asamblea
Nacional Constituyente hace un año.
Pero el atentado falló, y en consecuencia lo que tenía que
desencadenarse si lograba su objetivo de afectar la vida del Presidente:
la acumulación de una "masa crítica" vía propaganda para propiciar el
caos, aprovechar la situación para generalizar una retórica del
alzamiento propagada desde poderes externos y "resolver" el "vacío de
autoridad" con una medida de fuerza externa (militar, probablemente), o
al menos plantearla, como único mecanismo para "estabilizar" la nación e
imponerle la banda presidencial a los múltiples próximos presidentes de
Venezuela que aguardan gobernar.
Sólo pensando en lo peor, y en lo que ayer fue lo más probable,
podemos agarrar dimensión de la zona de peligro extremo en la que
acabamos de entrar.
Aquí el momento en el que uno de los explota.. ESCUÁLIDOS FASCISTAS.. NO VOLVERÁN.. Fuerte Paramacay Nestor Reverol
Un dato simbólico no menor: en el acto se encontraba el jefe de
Estado, el alto mando militar y los representantes de los poderes
públicos venezolanos. En un mismo palco, la síntesis material, humana,
de los elementos constitutivos del Estado venezolano. En esa selección
del momento, el intento de magnicidio plasmó su planteamiento de fondo:
matar al Estado y a los cuerpos físicos que representan todavía la
delgada frontera entre la paz y la guerra.
La avenida Bolívar contempla un conjunto de atributos (espacio
abierto, edificios de altura en sus adyacencias, etc.) que dieron un
sentido de oportunidad para realizar el atentado, en tanto la
manipulación de los drones explosivos podía llegar al objetivo
sobreexplotando algunas debilidades en la seguridad.
Sin embargo, que haya sido en medio de una cadena de radio y
televisión describe la intención de imprimirle cierta lógica del
espectáculo al hecho funcional a eternizar en el imaginario colectivo un
precedente mortal para la historia contemporánea del país. No sólo
buscaban matarlo, sino que fuera un hecho espectacular, mediatizado y en
cadena nacional.
En la política, a veces el lenguaje corporal dice más que los
discursos. Y en ese renglón el presidente Maduro entra a la historia
precisamente por su conducta en una situación en definitiva extrema: en
el momento de la explosión, se le vio inalterable, tranquilo, incluso
con disposición a continuar el discurso con la muerte en frente.
Si este momento sirve como precedente para internalizar hasta dónde
están dispuestos a llegar los operadores de la guerra contra Venezuela,
también es útil para ver la determinación de Maduro y su fortaleza justo
cuando la muerte truena.
Paramilitarización de la política, tecnificación de la violencia y los saltos cualitativos desde el Golpe Azul
Es con el
Golpe Azul (fallido)
que se introduce con mayor nitidez en la política venezolana un tipo de
violencia política donde el factor armado juega un papel central. Es
allí donde comenzó a encontrar puntos de convergencia la conspiración
interna en el mundo castrense (patrocinada desde el extranjero), el
espectro más demente de la oposición venezolana y el suministro
financiero estadounidense y colombiano hacia agendas antipolíticas. Allí
se destacaron Julio Borges y Antonio Ledezma como operadores de guerra
sucia.
Es desde ese plan de bombardear el Palacio de Miraflores y asesinar
al presidente Maduro que, hasta la actualidad, puede observarse una
mutación operativa, una ampliación en las capacidades y una
profesionalización en los métodos, que viene aumentando su presencia en
la vida política del país.
Muestra de ello no fue sólo el grado de preparación en guerra urbana
en los operadores de las guarimbas de 2014 y 2017, sino la emergencia de
una versión criolla del Estado Islámico, caso Óscar Pérez y su célula,
con un sentido sofisticado y selectivo de la violencia irregular. Sus
ataques a instituciones civiles y militares así lo demostraron.
Desde los sucesos en la finca Daktarí en el año 2004 en adelante,
pasando por todos los planes de magnicidio desmantelados por el aparato
de seguridad venezolano, hasta llegar a Óscar Pérez, la huella del
paramilitarismo colombiano está presente. Y lo que se ve con mayor
nitidez, en términos de retrospectiva, es un cambio en sus formas de
ejecución, pero también en la selección de sus focos.
Al no tener en el escenario actual las condiciones que propicien una
guerra abierta bajo la coordenada colombiana, el tratamiento o la forma
de llegar al objetivo se adapta.
Este mecanismo, a su vez, ha sido importado y adaptado por el mundo
del narcotráfico, siendo el mexicano el que lo ha instrumentalizado con
mayor
nivel de visibilidad.
El uso de este instrumento, más que describir un nivel de experticia y
preparación relacionado a un tipo de violencia profesionalizada, pone
las trazas de la operación en operadores paramilitares que sirven como
canal de importación de las novedades del terrorismo.
Justo allí donde lo anecdótico se vuelve estratégico, y un susto como
el de ayer en síntoma de algo más grave: el fenómeno paramilitar como
una estrategia para alterar la naturaleza pacífica y democrática de la
población venezolana. La expansión del Estado fallido colombiano también
se narra por ahí.
Bogotá-Miami: el centro de operaciones
Un reportaje del medio especializado en finanzas Bloomberg, publicado el mes de junio,
ratificó lo que sabemos
desde el Golpe Azul: Colombia ha servido como base de operación,
financiamiento y coordinación de planes golpistas (y magnicidas) contra
Venezuela.
Esta vez se llamaba "Operación Constitución" y había sido planificada
en Bogotá, con respaldo de financieros y militares colombianos. El
objetivo era secuestrar a Maduro y llevarlo a juicio, aunque no dice
ante cuál instancia. Con sólo tener dos dedos de frente, se puede decir
que sería el “Tribunal Supremo en el exilio”, el cual utiliza el
Congreso colombiano para sala de reuniones y específicamente para
"enjuiciar a Maduro".
El paisaje que se ha venido dibujando en 2018 es uno donde los altos funcionarios estadounidenses y colombianos
presionan abiertamente
para intentar forzar un golpe de Estado en Venezuela, promocionándolo
unas veces como forma de amnistía, y otras como un medio para “restituir
la democracia” que la oposición venezolana no pudo.
La publicación de Bloomberg describe con nitidez el papel del
gobierno colombiano en la planificación y coordinación de esta
estrategia, pero también certifica, con igual nivel de claridad, su
respaldo en lo que a la guerra en términos generales contra Venezuela
concierne (contrabando, ataque a la moneda, paramilitarismo, etc.).
La siguiente secuencia habla por sí sola: luego de permanecer callado
por meses, el autoexiliado Julio Borges, de quien sabemos que no le
hace el feo cuando golpes de Estado se trata, resucitó en redes sociales
para predecir que la caída de Maduro estaba cerca. Al unísono, el
presidente Juan Manuel Santos
también alertó que el fin de Maduro era inminente.
Dos pruebas irrefutables de algún tipo de involucramiento, o al menos
conocimiento de causa, de un tipo de respaldo público con
premeditación, con respecto a lo que sucedió ayer, pues sólo un intento
de magnicidio es lo más parecido a sus profecías.
Ambos discursos, así como el reportaje de Bloomberg y los intensos
llamados de funcionarios estadounidenses dirigidos al estamento militar
venezolano en todo 2018, deben visualizarse, también, como maniobras de
ablandamiento a la opinión pública, del imaginario colectivo, con el
objetivo de obligar a la población a naturalizar una salida violenta o
un hecho de conmoción en el corto plazo.
Preparar el cerebro del país para aceptar que algo trágico está por
venir, viene acompañado, en este caso, por una estrategia de
consentimiento forzado, artificial, donde la gente acepta una desgracia
como algo lógico y ya predicho.
El presidente Maduro también señaló al estado de La Florida, cuna de
los sancionadores crónicos de Venezuela (Marco Rubio, Ileana Ros, etc.),
pero también de operadores de guerra sucia que se autoexiliaron allá.
Como es el caso de José Antonio Colina, protegido por Marco Rubio y
animador de la diáspora en Miami, que se hizo famoso por colocar bombas
en la embajada de España y el CNE en 2003, y más recientemente
por enviar implementos para dotar a los grupos violentos que protagonizaron las guarimbas.
El plan de recuperación económica: el acelerante
El plan de recuperación económica diseñado por el presidente Maduro y
su equipo de gobierno ha sido una estrategia presentada como integral
para atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al
país la estabilidad.
El plan implica un reordenamiento de la política monetaria y
cambiaria, una reorganización del subsidio a la gasolina y una
despenalización (
mediante la derogación
de la Ley de Ilícitos Cambiarios) en el mercado de divisas para
restarle influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación
del sistema de precios.
Estas medidas dibujan un mapa de intereses económicos que se verán
afectados, sobre todo en lo que corresponde a la gasolina. Y eso sí que
es un asunto estrictamente binacional.
Regiones importantes del oriente colombiano, sus élites políticas
ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido
económico y empresarial, dependen del saqueo a los combustibles
venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica
que no es tal.
Lo que está en juego con las medidas planteadas por Maduro no sólo es
un cambio en las reglas en el juego, que podría inhabilitar focos
sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total
de capital político de la oposición y Estados Unidos, sino la propia
subsistencia primaria de un sistema paraeconómico que al otro lado de la
frontera vive del canibalismo de nuestros combustibles.
Ciertamente, ese factor apuntala aún más el involucramiento del lado
colombiano, pues el cambio que pueden vivir esas regiones producto de la
regularización sobre el comercio de gasolina le impone un nuevo foco de
estabilidad, por estrenarse, al gobierno colombiano, que posiciona como
una política de Estado derrocar a Maduro para mantener el orden actual
de las cosas.
La zona de peligro estratégico y la etapa de conflicto post-sanciones económicas
Si lo vemos en perspectiva, en términos formales, puramente legales y
políticos, Estados Unidos, el gran operador de la guerra contra
Venezuela, ya tocó sus propios límites.
Avanzar por la vía de las sanciones implica fortalecer a Maduro,
según sus propios think-tanks, o propiciar un conflicto con
inversionistas y empresas con intereses en mantener relaciones
tolerables con Venezuela. Avanzar por la vía militar tampoco es una
opción en las condiciones actuales, razón por la cual se acentúa la
tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de
Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos,
comerciales y financieros.
A nivel internacional, la OEA está fatigada del tema Venezuela (al
igual que el Grupo de Lima) y resolver la situación llevando a Maduro al
Tribunal Supremo en el exilio o la Corte Penal Internacional, no tiene
todavía el nivel de maduración necesario para interrumpir el plan
económico de recuperación. Hablando de la oposición interna, sucede la
misma deriva: un país con múltiples conflictos no los ve como una
referencia.
Entonces parecemos entrar irrefrenablemente a una zona de peligro que
tiene a las sanciones como puntos de negociación y arietes de
desmantelamiento económico, pero no como desenlace en sí mismo, más allá
de que sea permanente la búsqueda por hacer coincidir el caos que
genera el bloqueo financiero con una nueva modalidad de violencia que le
dé algún saldo político a la oposición. Y en ese sentido, Colombia,
esperando el nuevo gobierno de Iván Duque, quiere asumir el liderazgo
que a lo interno colapsó.
El poder formal ya avanzó hasta donde le marcan los límites de la
legalidad, lo que hace de la zona de peligro estratégica un escenario
donde los ataques por venir estarán orientados a la criminalidad, a los
asesinatos políticos, al recrudecimiento del colapso económico, y a las
demás variantes que ofrece la guerra sucia y las jugadas
extrapolíticas.
La imagen del atentado fue consistente y sintetiza el nuevo escenario
de recrudecimiento iniciado después del 20 de mayo, aquel donde se le
imprime a la situación venezolana un sentido de inseguridad total, donde
toda la vida (política, institucional, económica, humana) de la
sociedad está en riesgo, suspendida en cuanto a derechos
constitucionalmente consagrados, en cuanto a lo que políticamente se ha
conquistado; donde, también, las nuevas modalidades de muerte social
implantadas contra Venezuela, mediante el bloqueo financiero (entre
otros crímenes), plantean hacerse masivas y naturales a nuestro
metabolismo social.
Y si el plan de recuperación económica busca frenar ese proceso,
entonces hay que socavarlo. Y si las sanciones y la presión
internacional no pueden, si no podemos colocar a la población en contra,
entonces hay que matar al líder. Ese es el razonamiento que los llevó a
asesinar a Patrice Lumumba, Martín Torrijos, y tantos otros. Si no
puedo controlarte, te mato.
Y matar, en esos términos, implica, por sobre todas las cosas,
fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaban ayer, y
nuevamente no pudieron.
