La
publicación de un artículo que revelaría las acciones de un grupo
de diputados opositores para beneficiar al empresario colombiano Alex
Saab, quien fue
sancionado por
el Departamento del Tesoro en julio pasado por su presunta relación con
la distribución de alimentos del Gobierno venezolano,
ha desencadenado una tormenta de acusaciones de corrupción en el Parlamento venezolano de la que el autoproclamado “presidente encargado”, Juan Guaidó, no ha salido ileso.
El portal
Armando.info publicó el pasado domingo un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una “
trama para otorgar indulgencias”
a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos que
distribuye el Gobierno venezolano, a través los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en abril de 2016 como una
alternativa ante las sanciones financieras de Washington que, entre
otras cosas, impiden la compra de productos alimenticios con subsidio de
casi 100 % para los sectores más vulnerables de la población.
Ese mismo día, de forma casi inmediata, Guaidó reaccionó ante la
información que vinculaba a once diputados de oposición, entre los que se encuentran tres de su partido Voluntad Popular (VP) y
habló de “claros intereses internacionales” que financian un plan en su
contra. Acto seguido, los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y
Un Nuevo Tiempo (UNT) se pronunciaron para remover de sus comisiones a
los legisladores mientras se realizaban las investigaciones.
Si bien la ola de acusaciones y medidas apresuradas que desató la
publicación se han centrado en los presuntas indulgencias que tratarían
de ganar los asambleístas para los empresarios, como marco de fondo
queda la reciente
destitución del enviado de Guaidó a Colombia,
Humberto Calderón Berti,
quien levantó una polvareda de acusaciones de corrupción internacional
de la que tampoco se libró el “autoproclamado”, señalado de
estar dirigido por el político opositor hospedado en la Embajada de
España en Caracas,
Leopoldo López.
¿Qué dice el artículo sobre los diputados?
El texto explica que se conformó “un grupo informal de diputados de
varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los
empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo”.
Entre sus integrantes estarían miembros de la Comisión de Contraloría de
la Asamblea Nacional, a pesar que casi todos niegan pertenecer a ella.
Estos emitirían “cartas de buena conducta” a favor
de los empresarios, “con el objetivo de que esos organismos absuelvan o
dejen de investigar” a Carlos Lizcano Manrique, “subalterno de los ya
sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido”, recoge Armando.info.
Los documentos consignados ante la Fiscalía de Colombia y el
Departamento de Estado, donde supuestamente se habla en nombre de
Guaidó, estarían firmados por Adolfo Superlano, ex integrante de Cambiemos; José Brito, Conrado Pérez Linares, de PJ (partido presidido por el prófugo de la Justicia venezolana, Julio Borges); Richard Arteaga y Guillermo Luces, de VP, (fundado por Leopoldo López); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de UNT, (encabezado por el excandidato presidencial opositor Manuel Rosales).
Una gira europea
Otro de los temas que se destacan en la publicación es el recorrido,
realizado en abril, por parte de los integrantes de la Comisión de
Contraloría por países como Francia, Bulgaria, Liechtenstein y Portugal
“para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la
investigación contra el entramado de Alex Saab”, según Armando.info.
“Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los
parlamentarios”, recoge el trabajo periodístico.
Posteriormente, Parra, Pérez y Arteaga volvieron a ese continente en
mayo “para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael
Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera
estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez”. A este viaje se
habría unido el diputado José Luis Pirela, quien
pertenece a una fracción parlamentaria llamada 16 de Julio, con
integrantes de varios partidos opositores y creada con la finalidad de
“democratizar más” la AN.
Este periplo, según el escrito, levantó malestar en algunos
parlamentarios, entre los que se encontraba Freddy Superlano, de VP,
quien afirmó que “no era una gira de acción de la comisión” sino “una acción individual y no institucional“. Ramírez aseguró que los viajes habrían sido financiados por el propio Saab, sin que hubiera pruebas de ello.
¿Quién es quién?
La publicación titulada “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan
diputados para tal fin” dejó en evidencia a varios parlamentarios y
políticos opositores, que paulatinamente reaccionaron a los
señalamientos y apuntaron sus dedos acusadores hacia el nivel más alto:
el “presidente” de la AN en desacato. A continuación, presentamos una
selección de reacciones:
Juan Guaidó:
el primero
en pronunciarse fue el diputado opositor, sobre quien pesan por lo menos
cinco investigaciones del Ministerio Público venezolano, entre las que
se encuentran “usurpación de funciones del presidente”; presuntos
manejos irregulares de los activos de empresas estatales venezolanas en
el exterior; y la participación en la
supuesta trama de corrupción de opositores con los fondos destinados a la ‘ayuda humanitaria’ para Venezuela.
En su cuenta de Twitter, la mañana del pasado domingo, escribió que no permitiría que “la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir“,
y agregó que cuando se normalizara “la situación del internet en
Venezuela”, ahondaría en el tema. Este primer trino generó controversia
porque en ese momento no se había reportado una falla de conexión en el
país.
Posteriormente, afirmó que este supuesto entramado de corrupción formaba “parte de un plan de la dictadura para
tratar de ensuciar algunos parlamentarios” con miras a impedir su
reelección como presidente de la AN, el próximo 5 de enero de 2020, a
través de “la compra de conciencias”.
Dijo que se lleva a cabo un “proceso de conspiración” que no “ensucia” al Parlamento, sino a individualidades que tienen “años de complicidad con la dictadura”.
De igual forma, anunció una serie “medidas inmediatas“, entre las que estaban:
- Decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la
investigación que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la
corrupción.
- Decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la AN.
- Suspender a los diputados involucrados.
- Abrir una investigación.
- Invitar a los periodistas a presentar ante el parlamento el desarrollo de esta investigación.
- Comunicar a organismos nacionales e internacionales que ningún
funcionario está autorizado para expedir documentos o avales de “buena
conducta”.
- Solicitar a Borges y a su enviado a la Organización de Estados
Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, plantear el tema en la reunión
del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de este
martes.
Este martes, se aprobó en la sede del poder Legislativo la
conformación de una comisión especial para investigar a la Comisión de
Contraloría, que realizará la pesquisa en dos semanas.
José Brito: Uno de los señalados en el
artículo, expulsado de PJ por este caso, ha cargado contra de Guaidó, a
quien ha llamado “corrupto”, “estafa” e “inmoral”.
Brito ha asegurado que el autoproclamado actúa en connivencia con su
“amigo Nicolás Maduro”. “Juan Guaidó y Maduro son compinches. Se
reparten las riquezas de Venezuela para mantener un status quo mientras
que el pueblo pasa hambre”, dijo.
Por otra parte, ha dicho que 70 diputados de la AN están “indignados con Guaidó, porque no ha justificado los gastos ni el destino de la ‘ayuda humanitaria’. “Salimos a construir un país en serio, no esta estafa. Las oficinas de Guaidó se han convertido en un laboratorio de guerra sucia“,
donde supuestamente se preparó una información que vinculó, sin
pruebas, a Calderón Berti con una transición para derrocar a Maduro
junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el presidente del
Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.
Brito ha negado que administre dineros públicos y que haya integrado
la mencionada comisión en 2018, año señalado en el artículo, pues, según
él, en ese entonces era vicepresidente de la Comisión de Política
Exterior.
El diputado también afirmó que, según una información que maneja, el
prófugo de la Justicia venezolana Rafael Ramírez “financia a buena parte
de los partidos de oposición”, entre ellos VP, fundado por Leopoldo
López.
Conrado Pérez: también expulsado de PJ, se ha referido al “daño moral y político”
que han causado el mencionado artículo y las decisiones tomadas por su
partido y la AN. “Se han pronunciado sin darnos el derecho a la defensa,
sin la presunción de inocencia para acabar con nosotros”.
“Quieren tapar con el caso de Alex Saab la investigación de Cúcuta”,
alegó, tras revelar que el propio Guaidó le pidió que dejara que “eso se enfríe“, cuando le hizo referencia a la investigación de los desfalcos con los recursos asignados para la ‘ayuda humanitaria’.
“Nos acusan de cosas que no hemos hecho. En la Comisión de Contraloría no se dan cartas de buena conducta”, adujo.
Luis Parra: otro de los exintegrantes de PJ, quien aseveró que pertenece a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
En su cuenta de Twitter denunció la supuesta existencia de “un
laboratorio de guerra sucia”, conformada “por una red de
extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz (autor
del artículo) y el portal Armando.info”, quienes presuntamente tienen
la intención de desacreditar a ese grupo parlamentario.
Freddy Superlano: este diputado, expulsado de VP por
este caso, renunció a su cargo de presidente de la Comisión de
Contraloría debido a que no puede atender el asunto directamente, puesto
que se encuentra en Colombia.
Superlano es un prófugo de la Justicia venezolana sobre quien pesa una
orden de
sometimiento a juicio por
parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, debido a su
participación “flagrante” en el intento de golpe de Estado del pasado 30
de abril.
El parlamentario fue hallado el pasado febrero junto a su
primo, fallecido horas más tarde, en una habitación de un motel ubicado
en Cúcuta bajo efectos de escopolamina, supuestamente administrada por
un par de mujeres desconocidas que llegaron con ellos al lugar, según el
diario colombiano
La Opinión.
Ha afirmado que se separó de su puesto “sin que ello implique que
esté reconociendo responsabilidad alguna o estar involucrado en algún
hecho irregular”. Sobre esa decisión, Brito ha dicho que “o es un gran irresponsable o es que la burundanga lo dejó amnésico“.
José Guerra: el parlamentario de la bancada de PJ
afirmó que había denunciado “la operación para tratar de comprar
diputados”, llamada “maletín verde”, supuestamente orquestada por “un
grupo de operadores financieros” del Gobierno con valijas llenas de
dólares para tentar a los opositores en el Parlamento, con el objetivo
de que pierdan la mayoría calificada en la AN.
Humberto Calderón Berti: el representante de Guaidó ante Colombia,
destituido a
finales de noviembre, al hablar sobre su salida como ‘enviado’ en
Bogotá ha tocado el tema de Monómeros, empresa petrolera
colombo-venezolana, según
Pan AmPost.
Según él, la empresa llegó a producir 50 % de su capacidad no “porque
la habían destruido”, sino por las medidas coercitivas aplicadas por la
Oficina de Activos en elExtranjero (OFAC, por sus siglas en inglés).
“No tenían acceso a dólares para comprar materia prima ni podía hacer
operaciones internacionales”, admitió.
En 2018, la producción de Monómeros era de más de 800.000 toneladas y estaba a 92 % de su capacidad total operativa, mientras que durante el año 2019, la cifra ha bajado a 22 %, lo que implica apenas 176.000 toneladas.
Caracas ha acusado a Guaidó y al presidente de Colombia, Iván Duque,
del desmantelamiento de la compañía de fertilizantes, que es el segundo
activo de Venezuela en el exterior.
Calderón Berti hizo referencia a “sinvergüenzas” que se están
“robando el dinero” o “malversando”. De igual forma, dijo que Guaidó
debía revisar muy bien su entorno “porque allí hay gente tóxica”
e impedir la tutela de López, a quien responsabiliza del intento
fallido de ingreso de ‘ayuda humanitaria’, la fallida asonada golpista
del 30 de abril y los diálogos “a espalda de todos sus compañeros de la
oposición y la comunidad internacional”.
¿Qué investigaba?
A mediados de junio, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de
PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la “ayuda humanitaria”, por parte de los representantes Guaidó en Colombia.
En el artículo se denunciaba que Rossana Barrera y Kevin Rojas,
encargados de la atención a los venezolanos que ingresaban en
territorio del país vecino en busca de refugio, se rodearon de lujos,
malversaron los fondos que estaban a su disposición e inflaron las
cifras de los militares que supuestamente habían desertado de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas”, expresó Calderón Berti.
A mediados de junio, la Fiscalía colombiana recibió a Calderón Berti,
quien entregó la solicitud de investigación, debido a que la
inteligencia colombia habría advertido sobre el posible despilfarro
desde hacía meses atrás.
Reacciones de los partidos
Las agrupaciones políticas también se manifestaron y sacaron de sus filas a los mencionados en la investigación periodística.
- Primero Justicia, una de las primeras agrupaciones políticas en reaccionar, removió de
su comisiones y de la fracción parlamentaria a los diputados Luis
Parra, Conrado Pérez y José Brito, y afirmó que continuarían
la “investigación a través del tribunal disciplinario del partido”.
- Voluntad Popular hizo lo propio con Richard Arteaga, Guillermo Luces y Freddy Superlano.
- Un Nuevo Tiempo decidió separar de sus cargos
dentro de dicha comisión a los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucaran y
William Barrientos “para facilitar el proceso en curso”.
- Fracción 16 de Julio: Solo se pronunció José Luis
Pirela quien dijo que no pertenecía a la Comisión de Contraloría. “No me
van a intimidar con una guerra sucia y un pase de factura. Fuimos a
España y a Italia a denunciar a Rafael Ramírez”.
- Cambiemos informó el pasado lunes 11 de noviembre
que decidió excluir a los diputados José Antonio España y Adolfo
Superlano de las filas de la organización.
El enjambre de acusaciones entre los diputados no cesa y pareciera
que cada minuto, en una nueva declaración, se desploma un poco más la
credibilidad del autoproclamado “presidente encargado”, quien aún no
cumple un año en esa función no contemplada en la Constitución
venezolana.
Este nuevo escándalo podría comprometer un poco más su posible
elección para el periodo siguiente como presidente de la Asamblea o como
candidato a las elecciones parlamentarias del venidero año.
