El llamado paro macro-regional del sur se desarrollará en las regiones de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como la norandina de Cajamarca, en apoyo a la huelga del valle del Tambo contra el proyecto minero Tía María, conflicto en el que ya hubo cuatro muertes.
El gobierno desplegó tropas para resguardar carreteras y otros puntos estratégicos, como respaldo a la policía en todas las regiones nombradas, salvo Arequipa, donde está bajo estado de emergencia y militarización la provincia de Islay, en la que se ubica el citado proyecto minero.
En ese contexto, el presidente Ollanta Humala llamó ayer a los líderes sociales del sur a abstenerse de protestar y dijo que el gobierno no permitirá actos de violencia, además de que tiene plena autoridad para imponer el estado de derecho.
A su vez, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, llamó al gobierno y las organizaciones sociales a abstenerse de violencia hoy y mañana, lo cual -dijo- puede afectar valores como la vida, la integridad y la tranquilidad.
También exhortó a las fuerzas del orden a privilegiar acciones de inteligencia y disuasivas, y recordó que el uso de la fuerza se debe hacer siempre de manera proporcional y en caso necesario, de acuerdo con los principios de la ONU.
Por su parte, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, condenó en un comunicado difundido aquí la muerte del manifestante Ramón Colque en el valle del Tambo.
El funcionario expresó condolencias a la familia de Colque y a las de los otros tres caídos, Victoriano Huayna, Henry Checlla y el policía Alberto Vásquez.
Exhortó al Estado peruano a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de los decesos.
Asimismo, expresó grave preocupación por la escalada de violencia y la demora en el hallazgo de una solución consensuada y mediante el diálogo del conflicto por Tía María.
Según Incalcaterra, el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales , previniendo y eliminando cualquier exceso.
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