Paraguay cumple hoy dos años de la destitución del presidente Fernando Lugo en medio de una evidente crispación social que abarca a numerosos sectores del país.
El 22 de junio de 2012, apenas siete días después de un sangriento desalojo campesino en la localidad de Curuguaty cuyo desarrollo y culminación con 17 víctimas fatales sigue sin aclaración total, partidos tradicionales unieron sus fuerzas en el Congreso para esa maniobra política.
El llamado golpe de Estado parlamentario incluyó la ascensión al poder de Federico Franco, lo cual provocó no sólo su desconocimiento por numerosos gobiernos, sino también la suspensión de Paraguay en Mercosur y Unasur y un asilamiento internacional de 14 meses de duración.
Después, en lo que muchos señalaron como parte del acuerdo adoptado para sacar a Lugo de la Presidencia y ante la exigencia internacional de nuevos comicios, el empresario Horacio Cartes fue electo para la jefatura del Estado.
El gobierno actual, en menos de un año de duración, ya enfrentó una huelga general que le reclamó su rumbo calificado de neoliberal y su a las empresas foráneas para entregarle el control de sectores estatales fundamentales mediante una ley privatizadora aprobada.
La insatisfacción sindical está a la orden del dia y se expresa en protestas públicas y en el ya reconocido fracaso de las mesas de diálogo instaladas tras la huelga del 26 de marzo pasado por no existir solución alguna a las demandas de los trabajadores.
Conflictos que ahora se reavivan con los docentes y los trabajadores del transporte y la critica situación en el campo con la proliferación de los desalojos de asentamientos de labriegos e indígenas forman parte del panorama actual.
Junto a ello, causó protestas la estrategia política oficial, orientada por el propio Cartes para controlar totalmente el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia, acción calificada públicamente por diversos legisladores como pasos hacia reformas constitucionales e ir garantizado su reelección. (Prensa Latina)
El 22 de junio de 2012, apenas siete días después de un sangriento desalojo campesino en la localidad de Curuguaty cuyo desarrollo y culminación con 17 víctimas fatales sigue sin aclaración total, partidos tradicionales unieron sus fuerzas en el Congreso para esa maniobra política.
El llamado golpe de Estado parlamentario incluyó la ascensión al poder de Federico Franco, lo cual provocó no sólo su desconocimiento por numerosos gobiernos, sino también la suspensión de Paraguay en Mercosur y Unasur y un asilamiento internacional de 14 meses de duración.
Después, en lo que muchos señalaron como parte del acuerdo adoptado para sacar a Lugo de la Presidencia y ante la exigencia internacional de nuevos comicios, el empresario Horacio Cartes fue electo para la jefatura del Estado.
El gobierno actual, en menos de un año de duración, ya enfrentó una huelga general que le reclamó su rumbo calificado de neoliberal y su a las empresas foráneas para entregarle el control de sectores estatales fundamentales mediante una ley privatizadora aprobada.
La insatisfacción sindical está a la orden del dia y se expresa en protestas públicas y en el ya reconocido fracaso de las mesas de diálogo instaladas tras la huelga del 26 de marzo pasado por no existir solución alguna a las demandas de los trabajadores.
Conflictos que ahora se reavivan con los docentes y los trabajadores del transporte y la critica situación en el campo con la proliferación de los desalojos de asentamientos de labriegos e indígenas forman parte del panorama actual.
Junto a ello, causó protestas la estrategia política oficial, orientada por el propio Cartes para controlar totalmente el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia, acción calificada públicamente por diversos legisladores como pasos hacia reformas constitucionales e ir garantizado su reelección. (Prensa Latina)
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