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| Foto: José Ramírez | 
Durante el despliegue 
que mantiene la OLP en el estado Táchira, desde el viernes 21 de agosto,
 se han entregado al consulado general de Colombia un total de 1.516 ciudadanos  quienes se encontraban en Venezuela de manera ilegal.
Hasta la noche de ayer domingo el Gobernador del estado, José Vielma, informaba, que  la cifra se mantenía en 791 personas entregadas. Los ciudadanos no han sufrido ningún tipo de menoscabo a los derechos humanos.
Denunció la vejación, maltratos, torturas y abusos que sufrieron 
estos ciudadanos colombianos, al encontrarse prácticamente a merced por 
mucho tiempo de estos grupos paramilitares colombianos.
Advirtió que durante los operativos desplegados por autoridades militares en el sector, se encontraron con niños, mujeres, adultos y familias completas atemorizadas por la situación que los tocó vivir.
“Muchas de estas personas expresaron la voluntad de irse por 
encontrarse secuestradas y ser víctimas del terror que aplicaban los 
paramilitares. Fue preocupante escuchar los testimonios de adolescentes,
 utilizadas para fines de explotación sexual en una especie de burdel o 
casa de citas que funcionaba en esta zona y que ya demolimos 
completamente”, recalcó el mandatario tachirense.
Recordó que “ya entró en vigencia el decreto de estado de excepción 
con todas las normativas que ha dictado el presidente Nicolás Maduro y 
el cual se va a cumplir desde este momento en el Táchira con mucha 
fuerza”.
Sigue el plan operativo cívico-militar, con toda la atención 
humanitaria en el sector de La Invasión, cerca de La Muralla, según 
informó el mandatario, quien alertó que “no va a quedar en este sector, una sola vivienda”.
Reiteró finalmente el gobernador Vielma Mora, que el paso por los 
puestos fronterizos continúa cerrado, tanto para los peatones como para 
los vehículos. Se mantiene prioridad para casos especiales de salud y 
para los estudiantes venezolanos que cursan estudios en Colombia.
También insistió en la solicitud a comerciantes y empresarios fronterizos a que abran las puertas de sus establecimientos, para surtir al pueblo venezolano.
Señaló que en este asentamiento, que fue promesa electoral del 
exgobernador del la entidad andina, César Pérez Vivas, las autoridades 
encontraron “venta de licores, viviendas con doble pared, pasajes 
subterráneos para ocultar alimentos combustibles y personas para 
someterlas al secuestro, torturas y la trata de blancas.
Recordó que en otro recinto ubicado en este asentamiento ilegal, que 
forma parte de una franja de seguridad fronteriza, se decomisó material explosivo para la creación de bombas, así como uniformes de grupos paramilitares y dinero.
“Son un sinfín de delitos con el sello del paramilitarismo y la 
burguesía colombiana que ataca de una forma despiadada a Venezuela”, 
expresó.
El gobernador del Táchira negó que se estén separando niños de sus padres y llamó a no tomar en consideración a aquellas voces que mienten en redes sociales para tratar de manipular y crear caos y zozobra.
“No hay ninguna pareja a las que se las haya quitado sus hijos. 
Nosotros respetamos el núcleo familiar, estamos salvando a las familias 
de un sector fronterizo que es víctima del paramilitarismo, de la 
violencia, de esclavitud y de explotación sexual”, aseguró.
Con información de Nota de prensa.
Con información de Nota de prensa.
Con información de AVN.
 
 
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