La Constitución Política de Colombia, puesta en funcionamiento en el año 1991, establece que
los departamentos (estados) que conforman política y
administrativamente el cuerpo del Estado, gozan de completa autonomía
fiscal y tributaria en cuanto a la gestión de sus recursos económicos.
En criollo: los departamentos y alcaldías en Colombia pueden dirigir
sus territorios de la forma en que mejor les parezca de acuerdo a "sus
intereses", según expresa el mismo texto constitucional.
El departamento Norte de Santander, y en específico la alcaldía de
Cúcuta, bajo este esquema de organización privada conocida como
descentralización, han llevado a cabo un conjunto de maniobras legales y
administrativas, apegadas a derecho, con el propósito de legalizar el
contrabando desde Venezuela.
Del otro lado de la frontera, la criminalidad económica es el imperativo legal más importante.
Bajo este parámetro la Sociedad Central de Abastos de Cúcuta, S.A. (Cenabastos), la principal
empresa comercializadora de mercancías de la ciudad, centraliza(ba) y
nacionaliza(ba) los productos contrabandeados a gran escala desde
Venezuela. Incluso el canal ultraderechista colombiano Noticias Uno no pudo evitar mencionar durante un reportaje
que una gandola proveniente del estado Táchira descargó su mercancía en
dicho establecimiento, ubicado a pocos minutos de la frontera.
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| Donamaris Ramírez Alcalde de Cúcuta |
Cuando este monopolio comercial expendía los productos venezolanos
(desde champú, pasando por cemento y carne, hasta pasta y atún) que
reposaban en sus depósitos a los comercios cucuteños, lograban la
nacionalización por la vía de los hechos con el visto bueno de la
alcaldía, institución que se beneficia(ba) administrativamente días
después cobrándole impuestos a la empresa y a los consumidores a través
del IVA.
La tolerancia aduanera con relación al contrabando de extracción es
sólo una pequeña parte de la estafa legalizada al otro lado de la
frontera si se le compara con la recaudación fiscal dirigida a expandir
la corruptela presupuestaria de la ciudad a través de la venta nacionalizada
de productos venezolanos. Son, básicamente, dos mecanismos
paraeconómicos que trabajan en simultáneo para mantener a Cúcuta tan
linda como un sol, pues a apartir de allí se financian los proyectos que
mantienen a la ciudad como un destino turístico.
Del Combustible
En el tema del combustible sucede lo mismo. Como la alcaldía de
Cúcuta tiene total y absoluta autonomía para regular la actividad
económica de la ciudad, legalizó
en el año 2008 la creación de la Cooperativa Multiactiva de Pimpineros
de Norte de Santander (Coomulpinort). Pero decir que los pimpineros de
Cúcuta son los responsables del contrabando de gasolina, implica omitir
la actuación de cárteles semiprivados que ostentan una capacidad de daño
económico a nuestro país mil veces mayor.
Según el marco legal
del Ministerio de Minas de Colombia, más específicamente en la Ley 681
promulgada en el año 2001, "Ecopetrol S.A. (la principal empresa
petrolera del país vecino) puede ceder o contratar, total o
parcialmente, con mayoristas o terceros, la importación, transporte,
almacenamiento, distribución o venta de combustibles".
Ecopetrol empleó en condición de esclavitud a la Cooperativa
Multiactiva de Pimpineros de Norte de Santander, bajo la denominación de
"mayoristas o terceros", para que le hiciera el trabajo pesado a la
estatal colombiana de contrabandear gasolina desde Venezuela.
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| Contrabandista tratando de cruzar el rio Táchira |
La legalización del contrabando de gasolina comenzó con una simple
cooperativa de la ciudad de Cúcuta y terminó de consolidarse en las más
altas esferas del poder público colombiano. Vale recordar que el alcalde
de Cúcuta en su intento de legalizar hasta el último detalle del
contrabando de extracción en un arrebato de ultraeficacia criminal, al
igual que con Cenabastos, le cobra a los pimpineros que trafican con gasolina venezolana una "sobretasa" del 10% del valor de cada pimpina.
Cuando se pavimenta la redoma del aeropuerto o se cambian los
bombillos del Centro Comercial Tennis Park Plaza, el financiamiento
directo que ofrece el contrabando de extracción y su corretaje
esclavista al presupuesto hacía que la ciudad brillara con luz lejana.
A raíz de este proceso de tercerización, Ecopetrol transporta
y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la
gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar
su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto
que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina Pdvsa.
Siendo Cúcuta una zona franca atractiva para las estafas más aberrantes del aparataje económico criminal de Colombia, la Resolución Externa Nº8
del Banco de la República encontró allí un espacio para legalizar las
casas de cambio y, en consecuencia, el ataque sistemático a la moneda
venezolana.
Dicha resolución se puso en funcionamiento en el año 2000 durante la
presidencia de Andrés Pastrana. El artículo 70 reza lo siguiente: "Los
intermediarios podrán convenir operaciones de compra y venta de divisas
de contado para su ejecución dentro de los tres días hábiles
inmediatamente siguientes y anunciarán diariamente las tasas de compra y
de venta que ofrezcan al público para sus operaciones a través de
ventanilla".
Al no haber ningún instrumento jurídico que obligue a Cúcuta a tomar
como referencia cambiaria la tasa oficial del Banco de la República, las
casas de cambio cuentan con toda la permisología (mal)habida y con todo
el respaldo administrativo del alcalde para devaluar el bolívar y
favorecer abiertamente el contrabando de billetes y de productos.
Llegó el momento de que esta legalidad malsana y criminal busque su propia luz interceptando el cableado del Palacio de Nariño.
Fuente: Mision Verdad
Fuentes consultadas
Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas
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