El cierre de la frontera plantea un reto postergado a la economía
colombiana. Anoche, en una reunión desde el departamento de Arauca, la
canciller neogranadina lo dijo sin cortapisas: "Hay que dejar de
depender de Venezuela".
Holguín, reunida con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y
el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, admitió la realidad que
ha sido alertada por el gobierno venezolano. Pero más allá de la
declaración política, los datos -en su frialdad- así lo confirman.
Venezuela produce un promedio diario de 350.000 barriles de
combustible. De acuerdo a las cifras del ministerio de Petróleo y
Minería, reconocidas por las autoridades colombianas, por la frontera se
contrabandeaban alrededor de 100.000 barriles de gasolina y diesel cada
jornada. Es decir, 35% de la producción nacional.
El contrabando era realizado por los "pimpineros" que extraían el
combustible para revenderlo en territorio colombiano, especialmente en
el Norte de Santander, Arauca y La Guajira. Esa actividad de origen
ilegal era "institucionalizada" en el vecino país con la admisión de
"cooperativas" que expendían la gasolina a precios por debajo de las
estaciones de servicio colombianas.
Esa situación le ahorraba más de 1,4 millones de barriles de
combustible al Estado colombiano. Sin embargo, tras la decisión soberana
de Venezuela de cerrar su frontera hasta que se logren medidas
conjuntas para combatir el contrabando, la especulación contra el
bolívar, la violencia y los grupos paralimitares, el gobierno
neogranadino debe empezar a enviar 3,2 millones de galones mensuales al
Norte de Santander.
El ministro de Interior ha dicho que en esa zona históricamente
desatendida, Colombia tendrá que hacer "un gran esfuerzo fiscal", puesto
que ha decretado una "emergencia económica" que implica la exención del
IVA por tres meses a varios productos en los comercios fronterizos.
Se estima que unas 30.000 familias de todo el eje fronterizo con
Venezuela vivían del contrabando de combustible, un negocio altamente
lucrativo para los revendedores informales que adquirían un galón de
gasolina en Venezuela al precio equivalente de 0,144 pesos y lo
expendían del lado colombiano en 3.600 pesos.
Ese precio aún resultaba atractivo frente a los 5.012 pesos que
cuesta el mismo galón en las estaciones de servicio de Cúcuta o los
8.200 pesos que vale en la capital, Bogotá.
Así pues, mientras el gobierno colombiano eludía inversiones en sus
poblaciones fronterizas, Venezuela perdía anualmente 1,4 millones de
dólares, una cifra reconocida por las autoridades del vecino país.
Déficit de infraestructura
El pasado 9 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos dijo que
su gabinete estaba "dedicado al fortalecimiento económico y social en
los municipios fronterizos".
En el Arauca, por ejemplo, el ministro de Interior reconoció ayer que
"ha habido una ausencia del gobierno colombiano en infraestructura", lo
que ha impedido comunicar a esa zona con el resto del país.
Si un araucano quería ir a Cúcuta, prefería invertir cinco horas por
las carretera venezolanas que las 13 que le puede tomar por las
inconexas vías colombianas, refiere una nota publicada este viernes por
El Tiempo.
La situación de las vías se repite en otras entidades fronterizas de
Colombia y tiene incidencia directa, incluso, con el ritmo de sus
exportaciones.
En una entrevista al diario El Tiempo, publicada el pasado 12 de
septiembre, el alcalde de Cúctuta, Donnamaris López admitió la
dependencia de Venezuela para abaratar el costo de sus exportaciones de
carbón: "Llevar una tonelada a un puerto colombiano vale 15 dólares más.
Sacarlo por Maracaibo es más económico".
El combustible no es lo único que se contrabandea. Hacia Colombia
también se desvían toneladas de productos que el Estado venezolano
subsidia para garantizar la alimentación de sus habitantes.
La Federeción Nacional de Comerciantes (Fenalco), citada por el
diario El Colombiano, reconoce que por lo menos 12.000 personas viven en
Cúcuta surtiendo tiendas con productos de contrabando: "Además de que
cerca del 90% de la población de la región consume esta clase de
productos", refiere el trabajo del rotativo.
La extracción de esos productos se realizaba, generalmente, a través
de pasos ilegales. Según el director de la policía fiscal y aduanera de
Colombia, Gustavo Moreno, existen alrededor de 247 "trochas" que
comunican ambos territorios en una costura común que abarca 2.119
kilómetros.
Escasa inversión social
Tras el cierre, el gobierno colombiano se ha visto obligado -por
primera vez- a aplicar un plan de inversiones estimado en 1,5 billones
de pesos. La semana pasada, en el diario El Espectador, el director del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Simón Gaviria Muñoz, informó
que implementarán con carácter de urgencia medidas para atender a las
poblaciones fronterizas en materia de vivienda, agua, infraestructura
vial, salud, educación y transporte.
"La crisis del Norte de Santander y su capital, Cúcuta, es
estructural. Registra el mayor índice de informalidad entre las
principales áreas metropolitanas del país y el desempleo es de 14%. La
producción industrial se encuentra deprimida. En consecuencia, se
requieren medidas de fondo que generen transformaciones importantes y
sostenibles a lo largo de la frontera con Venezuela", señaló Gaviria
Muñoz en un comunicado.
Se estima que entre los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, San
Antonio y Ureña, limítrofes con Venezuela, circulaban diariamente unas
178.000 personas, "lo que representa el 21% de la población de la
capital del norte de Santanter", precisa El Espectador.
En esa zona, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), casi 40% de sus habitantes son pobres y 10,7% viven
en pobreza extrema.
La mayor parte de esa población cruzaba a Venezuela, además, para
tener acceso a alimentos subsidiados, servicios de salud, educación,
entre otros beneficios sociales impulsados por la Revolución
Bolivariana, ante la desinversión y abandono de su propio gobierno.
Sin embargo, luego que entrara en vigencia la restricción del paso a
territorio venezolano, el gobierno colombiano ha asegurado que invertirá
en la expansión de redes de acueductos, ampliación de hospitales,
construcción de escuelas y rehabilitación de vialidad.
Sin dependencia
La situación de dependencia económica de Colombia con respecto a
Venezuela es una realidad de vieja data, que formará parte inevitable de
la agenda de trabajo en la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y
su par, Juan Manuel Santos, que se celebrará en Quito este lunes.
"No será una reunión fácil, será una reunión compleja porque los problemas son complejos”, dijo Maduro el miércoles.
Por lo pronto, las declaraciones de la canciller colombiana
evidencian que el cierre fronterizo aplicado por Miraflores desde hace
un mes, han puesto a Nariño frente al reto de asumir responsabilidades
en sus departamentos limítrofes: "Hay que tomar esas medidas que
necesitamos de una vez por todas para que los colombianos vivamos en
Colombia, integrados a Colombia y no sigamos dependiendo de Venezuela".
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