La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados
Unidos en 2012 y la programada sobreexposición económica diseñada en
beneficio de grandes corporaciones transnacionales y en perjuicio de la
población, han ido moldeando a Colombia como un país estructuralmente
privatizado que socializa y democratiza el hambre y la miseria a lo
largo y ancho del territorio.
Dentro de este marco de miseria económica planificada, Cúcuta (y en
general el Departamento Norte de Santander) ha encontrado en la
vertiginosa aceleración del contrabando de extracción desde Venezuela un
mecanismo expedito e indispensable para que los carteles comerciales de
la zona reactiven sus márgenes de ganancia en un contexto internacional
marcado por la devaluación del peso colombiano (superior al 50%) en los
últimos meses del año debido al encarecimiento del dólar y por una
importante reducción de los ingresos nacionales producto de la
estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo.
El poder político ejercido totalitariamente por la élite económica
nacional y extranjera hace posible que estos desbarajustes externos
afecten por distintas vías al más pobre y no las ganancias de los
empresarios.
Cúcuta agrupa el 80% de las empresas del Departamento Norte de
Santander. La actividad económica de la ciudad está basada
fundamentalmente en el sector comercio, hoteles y restaurantes (37%),
seguido por los servicios públicos (20%), industria (14%), transporte
(11%), actividades inmobiliarias (8%) y construcción (6%). Las
modalidades de empleo que se desprenden de este panorama se ven
reflejadas en 61,7% de la población económicamente activa que se dedica
al comercio, otro 26% que se desempeña como obrero y empleado, y un
tercer sector bastante minoritario, absorbido como empleados del
gobierno (3,8%), trabajo familiar (4%) y empleados domésticos (1,7%).
Aunque las estadísticas oficiales que provee el Dane están bastante
atrasadas, informaciones emanadas de instituciones públicas y boletines
estadísticos de tiempos recientes ofrecen un acercamiento a la realidad
social de Cúcuta. La educación pública viene privatizándose año tras
año, reduciendo la cantidad de cupos que ofrecen los colegios públicos a
60 mil para un universo de 175 mil estudiantes. Según una investigación
realizada sobre el tema de la deserción escolar en Colombia, más de 50
mil niños de Cúcuta están fuera de las aulas de clase debido a la
reducción de subsidios y el aumento de las matrículas en centros de
educación privada.
El mismo fenómeno privatizado está presente en la salud. En Cúcuta
“funcionan”sólo 4 hospitales públicos altamente precarizados, y los
subsidiosgubernamentales para tener una cobertura mínima sólo cubre a 20
mil habitantes. La inmensa mayoría restante debe pagar más de 70 mil
pesos mensuales a una aseguradora privada para que le pongan un suero y
le regalen par de paquetes de curitas.
La tasa de desempleo es la segunda más alta de Colombia (15,7%).
La pobreza extrema es del 33% aproxidamente, y la canasta básica de
alimentos superacinco veces el salario mínimo, claves que dibujan un
panorama socioeconómico articulado y dirigido desde la privatización de
todos los aspectos de la vida, donde el Estado (como supuesto garante de
derechos y tal) no existe en la realidad más allá de otorgar migajas
sin ningún impacto poblacional. El alcalde de Cúcuta es simplemente un
gestor del extensivo modelo hambreador que se le impuso a esa zona bajo
el argumento de que el contrabando de extracción desde Venezuela ya
proveía suficientes ayudas. Los principales beneficiados de aquí y allá
lo llaman “comercio binacional” para legalizar sus constantes estafas al
país.
La (cruda) verdad
El sector productivo de la economía de Cúcuta, como veíamos con
anterioridad, absorbe a un sector bastante minoritario de la población
que a diferencia del sector cuentapropista tiene al menos una
remuneración constante y estable hasta cierto punto, lo cual no quiere
decir que sea mucho mayor o que eso signifique acceder a un apartamento
en el centro de la ciudad o a un carro del año.
Sin embargo, como muestra la infografía a continuación, este sector
productivo-exportador se ha visto afectado desde el año 2012 impulsando
el despido programado de los obreros que laboran en esas empresas, ya
que ante una caída tan estrepitosa de las exportaciones y las
importaciones de la zona, lo recomendable para el empresario (según la
teoría económica capitalista) es deshacerse de los trabajadores para
reducir costos y preservar las ganancias. Estos trabajadores despedidos
son los que han inflado la tasa de desempleo durante los últimos dos
años, y en consecuencia, la de aquellos que tienen que buscarse el
sustento comprando y revendiendo productos venezolanos, alquilando
minutos y vendiendo arroz con leche, los llamados cuentapropistas que se
enfrentan diariamente con una realidad económica dirigida por el azar y
el sálvese quien pueda.
En el año 2008, los empleos generados por esta rama económica
industrial de la ciudad de Cúcuta superaban los 8 mil puestos de
trabajo; tres años más tarde, según una investigación del Banco Central
colombiano basado en el censo del año 2011, la cifra es de 4.993
empleados y bajando. Lo mismo sucede con la rama comercial, que pasó en
el año 2008 de representar el 45,1% de la actividad económica de la
ciudad al 61,7% en los años 2014 y 2015.
Por: William Serafino
T/Misión VerdadDesempleo y pobreza impulsan al contrabando
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