Los datos alarmantes de miseria económica, el contrabando de
gasolina y alimentos desde Venezuela, la extracción salvaje de carbón,
el narcotráfico y el esclavismo generalizado, dibujan la cotidianidad en
La Guajira colombiana.
Juan Manuel Santos dijo que iba "sin grandes expectativas" a la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Los siete
puntos que fueron acordados luego del encuentro no tardarán en poner de
manifiesto su total inoperancia hacia la "normalización" de patrones
delincuenciales que, hoy por hoy, rigen el funcionamiento de la economía
colombiana.
No porque él se encuentre "preso" de los grupos criminales dedicados
al narcotráfico y al contrabando, sino porque la parapolítica que él
representa y los "exitosos logros" del "modelo colombiano" dependen en
buena medida del desangre fronterizo que le aplican a Venezuela. Hasta
el pasado 19 de agosto, esa arremetida frontal no significó ningún
problema para su gestión de gobierno.
El escenario cambió de un mes para acá y ahora Juan Manuel Santos
está obligado a incluir en su oferta preelectoral al departamento de La
Guajira. Ahí donde no gobierna el Estado colombiano sino las
transnacionales del carbón y el gas, ahí donde la delincuencia
económicamente organizada tiene su exclusivo estado de excepción, ahí
donde el olvido y la promoción de la muerte es la miseria legalizada de
todos los días, ahí donde hace más de 135 años no ponía un pie algún
presidente colombiano.
El estado de excepción por parte del Estado venezolano fue activado en el pasillo
fronterizo del Zulia el pasado 7 de septiembre. Por mencionada
filtración salían aproximadamente 60 mil barriles diarios de
combustible, según el presidente de Pdvsa Eulogio del Pino.
Estadísticas socioeconómicas del departamento de La Guajira
La deserción escolar,
en distintos niveles educativos, es del 78%. Incluso, en algunos
municipios rurales tales como Manaure y Uribía, esta cifra puede llegar
hasta el 93%. Ninguna otra entidad federal de Colombia le llega tan
siquiera a los tobillos.
La pobreza "promedio", "extrema" y la tasa de desempleo no pueden
entenderse como categorías separadas puesto que constituyen una realidad
social indivisible. En el departamento de La Guajira la pobreza supera el 50% y el desempleo
ronda el 48%. Estamos hablando de aproximadamente 300 mil personas que
viven con menos de seis mil pesos colombianos al día, si tomamos como
referencia las cifras
del Pnud que cifran en 600 mil las personas que tienen edad para
trabajar y que 200 mil pesos al mes representan la frontera monetaria
conocida como el "mínimo de subsistencia".
La cobertura de salud para los habitantes de La Guajira colombiana es
casi inexistente, tanto por el altísimo costo que significa acceder a
una consulta médica o a una intervención quirúrgica, como también por el
hecho de que los pocos (y precarizados) centros de salud pública se
encuentran en el municipio de Riohacha (capital del departamento de La
Guajira), alejados en extremo de la población rural, la cual representa
un 55% de la población total.
Según
la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 70% de los niños de La
Guajira sufren de desnutrición crónica, con el agravante de la
exponencial "inseguridad alimentaria" que en la población rural
(mayoritariamente wayúu) tiene un grado de afectación superior al 90%.
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| Miles de agricultores y campesinos de la zona por vía de las armas |
Carbón y narcotráfico: dos patas una estructura económica fallida
"La bonanza marimbera de los años 72-78, fue un negocio casi
exclusivo de algunos sectores de la Costa Atlántica, región en la que se
pudo desarrollar con mayor impunidad por la facilidad de transporte
marítimo (Colombia posee centenares de kilómetros de playas sobre el
Atlántico). O para el aéreo, en los desiertos guajiros, aptos casi en su
totalidad para la 'apertura' de pistas clandestinas".
Así se refiere el periodista colombiano Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína,
sobre cómo grupos criminales dedicados al narcotráfico y al contrabando
se fueron apoderando durante las décadas 70 y 80 del departamento de La
Guajira.
Dicha apropiación tuvo de telonero la expulsión feroz por la vía de
las armas de miles de agricultores y campesinos de la zona. Las grandes
extensiones de tierra que fueron adquiridas serían utilizadas para el
cultivo de marihuana con calidad de exportación, y diez años después,
para la expansión de cultivos de coca y de la amplia red de
laboratorios-maquila para su procesamiento. La infraestructura portuaria
y aeroportuaria para facilitar su exportación ya venía aceitándose
desde los años 70, un dolor de cabeza menos para los narcos y el
gobierno colombiano.
Mientras el narcotráfico privatizaba y deforestaba las áreas
agrícolas de la mediana y baja Guajira, el gobierno de Alfonso López
Michelsen firmaba el primer contrato a gran escala de exploración y
extracción de carbón en la mina El Cerrejón con la filial minera de la
Exxon Mobil, Intercor.
La piedra fundacional de este megaproyecto necesitaba de 38 mil
hectáreas "limpias" en los poblados wayúu de Albania y Barrancas,
principalmente. Pero el punto y círculo de los desplazamientos forzados
para beneficiar la extracción de carbón no terminarían ahí.
Durante los años 90 la transnacionales Glencore, Anglo American y BHP
Billiton, fueron adquiriendo una gigantesca franja territorial con el
beneplácito del Ministerio de Minas. Según el Centro de Estudios del
Carbón de La Guajira, en la actualidad existen
más de 779 concesiones entregadas a las transnacionales mineras para
que holgadamente en las 4 millones de hectáreas que les fueron
concedidas sin mayores reservas legales realicen sus actividades de
saqueo.
La mina El Cerrejón es una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del planeta y exporta
anualmente más de 30 millones de toneladas. Sólo en La Guajira, según
la Cámara de Comercio de dicho departamento, se produce el 36% de todo
el carbón que exporta Colombia, además de aportar el 55% de los ingresos
que entran por vía fiscal a la entidad.
Más de 20 transnacionales mineras, en su mayoría británicas,
australianas y canadienses, señorean la extracción de carbón en La
Guajira, obteniendo rendimientos
superlativos por el orden de los 24 mil millones de dólares desde el
año 2012. Menos del 10% de esta cifra ha ingresado al departamento por
concepto de regalías.
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| La marginalidad económica potencia el contrabando fronterizo |
La mina más importante
El tejido económico de La Guajira, vertebrado a partir de la explotación transnacional del carbón, de la explotación
transnacional de yacimientos gasíferos (que a su vez resguardan el 44%
de las reservas probadas de toda Colombia) y en el comercio, no tiene
capacidad de emplear por la vía formal la ingente cantidad de guajiros
desempleados.
Las transnacionales mineras sólo necesitan aproximadamente 10 mil
trabajadores para sacar todo el carbón que les plazca. Chevron-Texaco
para operar los yacimientos gasíferos de Chuchupa y Ballenas necesita
menos de 3 mil. Según un estudio
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 31,6% de la masa
laboral está empleada en el renglón de comercio, restaurantes y hoteles,
otro 11% en actividades de transporte y almacenamiento, y un
microscópico 0,7% en actividades agrícolas.
Los feroces desplazamientos cometidos por la incipiente industria del
narcotráfico y las empresas transnacionales amalgamadas con el
paramilitarismo durante los años 80 y 90, fueron cambiando el epicentro
de gravedad económica hacia las periferias de Maicao y las zonas
comerciales aledañas. La apropiación casi que absoluta de territorios
agrícolas en la mediana y baja Guajira, el proyecto para desviar
el río Ranchería con el fin de extraer más de 600 millones de toneladas
adicionales de carbón, que aparte de agudizar el escaso acceso al agua
de la población wayúu intensifica la pérdida de cosechas, son bordes de
una misma causa, dirigida especialmente a configurar una inagotable mina
de pobres.
La marginalidad económica que se ha potenciado en los últimos 35 años
abre la posibilidad para que grupos mafiosos dedicados al contrabando
desde Venezuela establezcan una ley marcial de tipo económico, donde
campesinos e indígenas en otrora desplazados hacia las periferias de
Maicao o Riohacha son ahora reclutados como esclavos en el lleva-y-trae
perenne de gasolina y alimentos.
La legalización
de cooperativas pimpineras es simplemente el dato jurídico que expresa
una nueva modalidad de empleo impregnada de esclavismo, puesto que las
mafias que fungen como empleadores (como por ejemplo Ecopetrol y las
empresas comerciales afiliadas a la Cámara de Comercio del departamento
de La Guajira) no asumen ni el más mínimo costo laboral. Si un wayúu
muere transportando gasolina o baleado por un paraco que responde a
empresas rivales de la cooperativa a la cual le trabaja, no es mayor
problema: la mina que fabrica esclavos nunca se detiene, y miles de
guajiros desempleados esperan una funesta jugada del destino para
ingresar al "mercado laboral".
La paraeconomía de La Guajira es consecuencia directa de la dictadura
transnacional que gobierna dicho territorio. Convertida en una poderosa
máquina con capacidad de triturar la vida de aquellas franjas
poblacionales que directamente no alcanzó a corroer la industria del
narcotráfico y la minería.
El crecimiento exponencial
del PIB de La Guajira en los últimos dos años está fundamentado en el
contrabando de combustible. Tanto es así que la Cámara de Comercio de la
entidad dice que, aún con alarmantes cifras de miseria económica y
desempleo, La Guajira es un territorio amable para con las inversiones
extranjeras y el empresariado colombiano.
Un impresionante ejército de esclavos obligado a contrabandear combustible desde Venezuela por migajas, así lo certifican.
Fuente: Mision Verdad
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