Por delitos económicos investigadas 144 personas

Por especulación, acaparamiento, contrabando, entre otros delitos económicos, cometidos desde mediados del 2014, hasta la presente fecha en Trujillo,  el Ministerio Público inició 144 investigaciones, de las cuales 18 personas permanecen privadas de libertad por delitos graves. Estos procedimientos se han realizado de la mano con otros organismos, para garantizar la Seguridad Alimentaria y el combate frontal a la Guerra Económica.

Así lo aseguró el Fiscal Superior del estado Trujillo, Chanti Ozonian, quien detalló además que 47 personas han resultados aprehendidas y actualmente están sometidas al proceso penal a través de medidas cautelares sustitutivas de libertad.

“Hemos detectado el egreso de mercancía que venía destinada al estado Trujillo hacia otros estados, como también que ingresan personas para llevarse los productos para su posterior reventa especulativa, entre otros delitos. No podemos revelar todos los detalles de las averiguaciones porque hay reserva legal de las actas, pero la función del Ministerio Público, como un órgano del Poder Ciudadano encargado de la investigación penal, es realizar  todas las diligencias de investigación en los delitos de acción pública, el MP representa a las víctimas y al Estado”, aclaró  Ozonian.

“Hay una serie de delitos económicos que nos afectan y que están siendo realizados por personas inescrupulosas, en detrimento del bienestar del resto de la población”, agregó.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 4 Dr. Gustavo Bustos y sus fiscales auxiliares para tratar todo lo concerniente a los delitos económicos. Además, se designó un tribunal especializado, a cargo del Juez de Control 5, Yuneli Rosas Bravo, para atender esta  materia.

“Algunas veces ingresa el doble de lo que el estado Trujillo realmente necesita, solo que hay un factor comunicacional que afecta la psiquis de la persona y hay un factor desestabilizador económico, cuyos responsables se quieren lucrar de manera irregular, cometiendo delitos como la reventa de productos para desangrar a la población”, indicó el fiscal superior.

 Inspecciones y multas

 El General de División, Wilson Marín Leal, jefe regional de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), también se suma al trabajo del Ejecutivo Nacional  para combatir la Guerra Económica.

“La Sundde lleva 153 actuaciones en lo que va de 2015 en Trujillo, se han generado  72 multas, por lo general la mayoría de estas vienen por margen de ganancia especulativa, algunos  de los comerciantes no quieren apegarse al decreto de precio máximo de venta justo, las unidades tributarias aplicadas han sido aproximadamente de 350.675”, destacó Marín.

 Resaltó el caso de la empresa Bussco, ubicada en la Zona Industrial de Valera, que presuntamente incurrió en el delito de acaparamiento y desestabilización económica. En este caso con medida cautelar están dos  personas detenidas y se impuso una multa de 50 mil unidades tributarias.

“Durante diciembre y enero no empaquetaron ni un gramo de azúcar doméstica a pesar de que hay una regulación del Ministerio de Alimentación de que ellos deben trabajar con el 80% de azúcar doméstica y el 20% para azúcar industrial; esa acción estaba afectando a los venezolanos, porque este producto a veces falta en los anaqueles”, agregó. De igual manera, destacó que Café Serra vendió 18.120 kilogramos, sin haber empaquetado café regulado, solo premium, cuando la regulación establece un 70/30.

Para finalizar, en el marco de la intervención de la Ofensiva Económica, las autoridades informaron que recientemente se detectó una irregularidad  en la  coordinación de ventas del establecimiento comercial Makro – Trujillo, evidenciándose a través de las facturas emitidas por la empresa la venta del producto de MAYONESA (35 cajas facturadas a 18 comerciantes mayoristas), sin la autorización de los responsables del comercio y el equipo de ofensiva económica, en consecuencia se incumplieron los acuerdos establecidos. Es de hacer notar que la mercancía regulada vendida (MAYONESA), debía estar también a la orden de los ciudadanos quienes hacen la cola para adquirir los productos directamente; sin embargo  no estaba previsto su venta debido a la no existencia del mismo siendo surtido a la empresa a las horas posteriores a la realización del inventario (Norma de la empresa es que todo producto regulado que llegue posterior al inventario se venda al día siguiente). Tomando en consideración los hechos, se presume un delito que generó la detención de una ciudadana, quien esta puesta a la orden de los procesos legales correspondientes.

Prensa SICT