El tribunal arbitral del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
en el caso de Tidewater contra la República Bolivariana de Venezuela,
emitió el pasado viernes 13 de marzo su laudo, confirmando que la
nacionalización de los servicios y activos marítimos en el Lago de
Maracaibo efectuada conforme a la Ley Orgánica que Reserva al Estado
Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos,
fue totalmente legal en todos sus aspectos.
Asimismo, el tribunal rechazó la
compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la
compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de
dólares, monto que incluye 44 millones por concepto de cuentas por
cobrar generados por servicios prestados a filiales de PDVSA antes de la
nacionalización. Ahora la República procederá a estudiar el laudo para
verificar los cálculos del tribunal.
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