Durante el programa Con el Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, Cabello mostró el video.
En la filmación se observa a Vicencio Escarano, exalcalde del municipio San Diego y esposo de la actual alcaldesa, y a Salvatore Lucchese, quien era el director general de la Policía del municipio, aseverando que Rosa se encontraba secuestrada por las autoridades militares del recinto penitenciario; no obstante, en varias oportunidades militares entran a la celda de Scarano para pedir que la alcaldesa saliera del área.
Cabello aseguró que la alcaldesa se “autosecuestró” en la prisión militar en exigencia de un informe médico de su esposo Enzo Scarano, y de manera “irresponsable” aseguró posteriormente que permanecía retenida por un arbitrariedad de los funcionarios militares.
El partido Voluntad Popular anunció el pasado 17 de octubre que la alcaldesa del municipo San Diego, Rosa de Scarano, fue privada de libertad en la cárcel de Ramo Verde.
"ALERTA: Privan de libertad a Rosa de Scarano en Ramo Verde por exigir informes médicos de su esposo y Leopoldo López", fue el mensaje colgado en la cuenta @VoluntadPopular. Rosa Scarano fue liberada horas más tardes.
El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, exigió posterior a los incidentes que se abriera una “investigación por las presuntas irregularidades” cometidas contra la alcaldesa de San Diego, Rosa de Scarano.
"Exijo una investigación por las presuntas irregularidades cometidas ayer contra la alcaldesa de San Diego Rosa de Scarano en Ramo Verde", escribió en su cuenta @AmeliachPSUV
“No le se puede prohibir visitar a su esposo por exigir copia de un examen médico. Esa medida debe revertirse”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció a Vicencio Scarano y a Salvatore Lucchese a 10 meses y 15 días de prisión por haber desacatado la sentencia de la Sala Constitucional del 12 de marzo de 2014, que ordenaba emprender las acciones necesarias para evitar las obstrucción de vías para la generación de guarimbas en la jurisdicción.
La decisión se ampara en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece que quien incumple el mandamiento de amparo constitucional será castigado con prisión de entre seis a 15 meses.
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