La Asamblea Nacional (AN) y el Ministerio del Poder
Popular para Interior y Justicia (MIJ) fiscalizaron este martes la
ensambladora de vehículos General Motors, ubicada en la Zona Industrial
Sur II de Valencia, estado Carabobo, como parte de las acciones
ejecutadas para combatir la especulación y el acaparamiento de
automóviles en el país.
La inspección a esta planta estuvo dirigida por el
presidente de la comisión de Política Interior y Administración de
Justicia de la AN, diputado Elvis Amoroso, y por el viceministro de
Prevención y Seguridad Ciudadana, Alejandro Kelerys Bucarito.
El legislador, quien también es proponente del
proyecto de ley que regula los precios en los vehículos, explicó que
recibieron múltiples denuncias, sustentadas con fotografías tomadas el
pasado fin de semana, donde se observaban grandes cantidades de carros
en los patios de la General Motors, por lo que se trasladaron a las
instalaciones.
“Hoy nos sorprende que no hay la misma cantidad de
vehículos que había el fin de semana, solicitamos toda la información
correspondiente a la directiva de esta planta”, indicó.
La directiva de esta empresa transnacional se
comprometió a entregar en 48 horas toda la documentación sobre
producción, distribución y comercialización de los automóviles
ensamblados por dicha compañía.
Igualmente, se verificará el listado que envían las
ensambladoras a cada uno de sus concesionarios, porque indican que no
les han entregado vehículos, dijo Amoroso.
El parlamentario resaltó que estas ensambladoras han
recibido dólares por parte del gobierno bolivariano para que fabriquen
sus vehículos a razón de un precio justo para la población.
Asimismo, enfatizó que a partir del próximo
miércoles, cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro, le de
el ejecútese a la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y
Usados, Nacionales e Importados, se incrementarán las fiscalizaciones e
inspecciones a la red de ensambladoras y concesionarios de todos el
país.
Por su parte, el viceministro Alejandro Kelerys
anunció que el MIJ, a través del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Saren, iniciarán una
investigación con apoyo de la GNB “a fin de determinar cualquier
ilícito, cualquier ilegalidad que se presente en la venta y distribución
de los vehículos”.
Acotó que se solicitará la información referente a
las personas que están comprando los vehículos con el fin de saber si
realmente llegan a su destino final y no son acaparados o vendidos con
usura.
Fuente: SIBCI 26-03-13
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