El plan contra el contrabando ha recuperado más de 539,4
toneladas de alimentos en el estado Táchira. ¿Qué impacto ha tenido esto
del otro lado de la frontera? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias
futuras para ambas naciones?
Septiembre 2 de 2014, 6:59 am
Cúcuta sin tamales
La Federación de Arroz de Colombia está feliz: ha pasado de
vender 70 millones de pesos de arroz a 700 millones sólo en el
fronterizo Departamento Norte de Santander. Es decir, el plan contra el
contrabando –impulsado por el Gobierno Bolivariano– ha
dado resultados y al detener el paso ilegal de productos venezolanos
subsidiados hacia Cúcuta se ha reactivado la producción colombiana.
Sin embargo esos productos colombianos poseen un costo
mucho más elevado. Justamente por eso es tan intenso el contrabando en
la frontera: un kilo de café en Colombia cuesta aproximadamente 600
bolívares mientras en Venezuela está en 46,6 (gracias a los subsidios y
regulaciones del Estado). Una gandola de 30 toneladas de café en
Venezuela cuesta alrededor de 1 millón 398 mil bolívares, la misma
gandola comercializada en Colombia puede llegar a 12 millones 500 mil
bolívares.
En el año 2013 el
contrabando registró 5 mil millones de dólares, tres veces más de la
cifra alcanzada por el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela,
calculada en mil 817 millones de dólares.
Ante esta realidad, algunos sectores de la derecha
venezolana proponen "sincerar o aumentar los precios". Es decir, que a
los venezolanos nos toque vivir como a los millones de colombianos
sumidos en la pobreza: con los anaqueles llenos pero los bolsillos
vacios.
"Los colombianos salen a comprar o llevar de contrabando
productos de otras latitudes porque es mucho más barato. De los
productos subsidiados por Venezuela vive un tercio de la población
colombiana, es decir, más de 16 millones de personas, los 40 municipios
del Norte de Santander que son cerca de 2 millones de habitantes más 800
mil del Departamento de La Guajira que son otros 15 municipios".
"Por ejemplo, tras la activación del Plan Contra el
Contrabando, Cúcuta amaneció con 30% menos de productos. Esto significa
que si los operativos persisten con la misma fuerza, nosotros tendremos
una Cúcuta desabastecida para finales de diciembre. No va a haber ni
cómo hacer tamales navideños. Además, en municipios como Barrancas o La
Paz, el 80% de la población contrabandea gasolina y el 95% consume esa
gasolina de contrabando. Es decir, en Colombia el contrabando se volvió
un proceso cultural, y como la política direcciona la economía, pues
esto tiene que ver lógicamente con el modelo económico neoliberal que
nos impusieron", nos explica Juan Carlos Tanus, dirigente de la
Asociación Civil Colombianos y Colombianas en Venezuela.
Según el propio Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia: "En Cúcuta
existen más de 4.500 niños y niñas, entre 5 a 17 años, trabajando,
dedicados a vender en las calles gasolina, agua y helados. Igualmente
laboran en las canteras, sin control alguno. Además hay un índice de
desempleo del 19.5 %, el más alto del país”.
Más allá de los "pimpineros"
El diario cucuteño La Opinión publicó que tras la activación del plan de lucha contra el contrabando, la gasolina en Cúcuta se hizo 35% más costosa.
En Cúcuta, una "pimpina" (recipiente) con 22 litros de
gasolina venezolana se vende entre 28 mil y 30 mil pesos (de 14 a 15
dólares), mientras que esa misma cantidad de combustible en Venezuela
cuesta apenas unos 3,3 dólares. Esta gasolina de contrabando es
comercializada en Colombia por la conocida Cooperativa Multiactiva de
Pimpineros del Norte, cuyos miembros le otorgan al mismísimo Gobierno
departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada.
Aún así, los pimpineros son la expresión aguas abajo de la
cadena, pues en realidad la inmensa mayoría de nuestra gasolina va a
parar a las enormes cisternas de Ecopetrol, empresa que luego exporta
combustible venezolano bajo la etiqueta "Made in Colombia" a países como
Perú, Guatemala, etc. De hecho, gracias a este saqueo indiscriminado,
Ecopetrol es considerada ahora una de las empresas más poderosas de
América Latina (después de Petrobras).
Los exgerentes venezolanos de Pdvsa de la Cuarta República
Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti asesoraron al
expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez y a su ministro de Hacienda,
Roberto Junguito, para diseñar este plan. Luis Giusti, Ronald Pantin y
Humberto Calderón instalaron en Colombia (gracias a los dólares que
también le robaron a Venezuela) las empresas Pacific Rubiales, Alange
Energy y Vectra.
Estas tres empresas han administrado los llamados Centros
de Acopio Fronterizo, a donde ingresa por contrabando la gasolina
venezolana que, según la legislación aprobada por el gobierno uribista,
una vez que ingresa a Colombia es nacionalizada sin pago de aranceles ni
declaración de contenido, volumen o peso. Luego, estas tres empresas
están autorizadas por decreto para vender el combustible "nacionalizado"
a través de Ecopetrol.
La mafia de los cambistas
A su vez, en Cúcuta, hay decenas de casas de cambio
reglamentadas y convertidas en agentes de cambio fronterizo durante el
gobierno de Uribe. En una zona fronteriza de no más de tres cuadras,
llamada La Parada, los denominados cambistas deciden, nadie sabe en base
a qué, una tasa no oficial para el cambio de pesos colombianos por
bolívares venezolanos. De
hecho, las páginas web que publican, en contra de la ley, el precio del
dólar paralelo, como Dólar Today, lo primero que hacen cada mañana es
llamar a las casas de cambio de Cúcuta.
"El primer eslabón del contrabando está en la fijación del
precio del bolívar en la frontera. A ver, el Banco de la República de
Colombia, que equivale al Banco Central de Venezuela, tiene hoy fijada
una tasa de 170 pesos por bolívar, o sea 1 bolívar vale según la banca
oficial 170 pesos en Colombia. Es decir, si yo voy con un bolívar me
deberían dar 170 pesos. Pero si esto fuera así, el contrabando ya no
tendría sentido porque no habría ganancia. Si 1 bolívar me cuesta 170
pesos para adquirir un kilo de arroz yo tendría que llevar 11 bolívares,
que serían casi 1900 pesos, y ese precio ya no sería apetitoso para el
colombiano".
"Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? Fijan un
precio paralelo distinto. Hoy, los cambistas decidieron dar 23 pesos (en
vez de 170) por bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos en cada
operación que se hace con 1 bolívar. Ese es el meollo del contrabando:
si yo como cambista sigo empobreciendo el bolívar, si fabrico un bolívar
"devaluado", voy a poder tener un peso cada vez más fuerte, y voy a
poder llevarme más productos y más productos a un valor ínfimo", explica
Juan Carlos Tanus.
{C}
¿Quiénes son los cambistas mayores?
"Hay un grupo muy poderoso políticamente en la frontera que
necesita tener dinero para mantenerse así. Es una mafia de seis o siete
familias vinculadas al paramilitarismo y que mantienen toda su
hegemonía gracias al dinero generado por el contrabando. Compran votos,
alcaldías, gobernaciones, controlan todas las alcabalas, sobornan a la
policía, al ejército, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(equivalente al SENIAT)... Incluso hay un ministro de Colombia nacido en
Cúcuta que está muy involucrado con esto", agrega Tanus.
En este sentido es necesario recordar el caso de Rafael
Augusto Rodríguez Pantaleón, dueño de la casa de cambio Cordillera, con
sede en Cúcuta, y quien le suministraba al conocido paramilitar y
comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso,
cantidades importantes de sustancias para la preparación de cocaína.
Tras la venta de la droga, el dinero era lavado por medio de varias
empresas, incluyendo su propia casa de cambio, donde existía una lista
en la que figuran las cédulas de miles de venezolanos que supuestamente
vendieron allí sus dólares y euros. Algo que jamás ocurrió.
Un gobierno cómplice
"El presidente Juan Manuel Santos conoce muy bien la
problemática, pero también sabe que cuando decida atacar y controlar
realmente el contrabando pues ese mismo día se cae su gobierno. El
Gobierno colombiano tendría que intervenir las casas de cambio o
decirles que a partir de hoy se compra 1 bolívar a 170 pesos, pero no lo
va a hacer porque no puede ofrecerle a su pueblo productos tan baratos
como los sustraídos de Venezuela a través del contrabando y menos
teniendo que cumplir con sus 14 Tratados de Libre Comercio. El tema
económico en Colombia es bastante complejo. Los indicadores muestran una
nación consolidada basándose en la banca y el sector de los
industriales, pero nunca se incluye cómo les va a los 27 millones de
pobres colombianos", sentencia el integrante de Colombianos y
Colombianas en Venezuela.
Justamente, sectores cercanos a la administración del
presidente Juan Manuel Santos realizan paros cívicos en territorio
colombiano para exigir la flexibilización de estas medidas. Esta acción
busca –además– entorpecer
convenientemente las relaciones entre Caracas y Bogotá. Por algo la
canciller colombiana, María Ángela Holguín, se ha lavado las manos desde
el inicio: "Estas son medidas unilaterales del Gobierno de Venezuela.
Esto en ningún momento fue una decisión consensuada entre los dos
presidentes".
A esto se le suman las protestas violentas que se han
suscitado en el sector Las Pilas de San Cristóbal y en Táriba, en el
estado Táchira, por encapuchados evidentemente financiados por los
contrabandistas. Tanus advierte: "El Gobierno venezolano debe prepararse
para situaciones preocupantes porque algunas voces en la frontera
incluso dicen que ya se está creando un fondo para financiar acciones de
desestabilización en Venezuela".
Fuente: Misionverdad.com
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