Analizando el Decreto de Emergencia Económica del presidente Maduro

 

El presidente Nicolás Maduro, junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, explicó los elementos centrales del Decreto

El mandatario venezolano Nicolás Maduro firmó este martes 8 de abril un Decreto de Emergencia Económica para tomar decisiones estratégicas en distintos ámbitos de la conducción de esta materia. 

La medida corresponde con el recrudecimiento de las sanciones ilegales contra Venezuela y ante los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump sobre una cantidad grande de Estados, incluido Venezuela —con un 15%—, que han afectado notablemente la economía mundial y han propiciado la caída de los mercados, la baja del precio del petróleo y los temores de recesión en Estados Unidos y otros lugares del orbe.

El Jefe de Estado presentó el decreto e indicó que sus bases legales se apoyan en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución, los cuales indican las facultades que tendrá el mandatario durante un periodo de dos meses.

Durante los años 2016 y 2020 también fueron activados decretos de emergencia a fin de encarar la coyuntura económica de entonces.

El contexto económico por razones exógenas

La nueva legislación está completamente determinada por fenómenos de origen exógeno a Venezuela.

Primeramente, responde a las medidas de nueva presión contra el país, como la cancelación de licencias petroleras y las amenazas tributarias de 25% a cualquier país que compre petróleo venezolano.

Además, el actual contexto internacional generado por la llamada "Guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo" inaugurada por el presidente de ese país es un factor central en el decreto en cuestión.

La nueva ordenanza refiere el riesgo de una "recesión mundial", la distorsión de las cadenas de suministros de bienes, el aumento de las materias primas y la ruptura de las bases y normas que rigen el comercio a escala global, lo cual también será un nuevo obstáculo para Venezuela.

Desde la perspectiva del presidente Maduro, existen altas probabilidades de que ocurra otra gran crisis internacional que pudiera irradiar sus efectos sobre la economía nacional. 

Las diversas fuentes de análisis económico han insistido en que Estados Unidos podría caer en recesión y alta inflación (estanflación), lo cual desaceleraría la economía de China y de otras naciones industrializadas.

El margen de predictibilidad de esta crisis económica inducida es muy difícil de delinear ya que no existen precedentes y no hay una cronología que pueda estimarse. Por lo tanto, se ha considerado que estas nuevas "circunstancias extraordinarias" —tal como las refiere el decreto— podrían ser de largo aliento, lo cual demanda a Venezuela asumir contramedidas y acciones de contingencia.

El énfasis del Decreto en la política de hacienda

Las decisiones que el presidente Maduro podrá dictar en materia económica tienen un especial énfasis sobre un reordenamiento circunstancial de los mecanismos de recaudación fiscal del Estado en sus distintos niveles.

Tal como refiere el Punto 2, se decreta "suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados, a fin de proteger el aparato objetivo nacional".

Esta medida va en correspondencia con un anuncio previo que había realizado el mandatario nacional de suspender el cobro de tributos municipales a las actividades económicas primarias en el país.

Esto implicaría un estímulo fiscal directo a las actividades económicas de carácter circunstancial y extraordinario, a fin de fomentar la labor empresarial.

Pero ello no exime al Estado de la recaudación de ciertos recursos; más bien podría surgir un reacomodo y contener la evasión.

Según el Punto 3, el gobierno nacional adquiere la atribución de "concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy".

Durante los próximos meses probablemente el presidente Maduro presentará nuevas providencias que concentrarán la recaudación desde estos mecanismos, a modo de consolidar el presupuesto nacional.

Según refiere el Punto 4, el Ejecutivo podría profundizar su política de degradar la evasión al fisco pues planea "establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal" y "suspender la aplicación de excepciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación", según se señala en el Punto 5 del decreto.

Estímulo a las actividades internas

Otro de los ejes de acción más destacados en el documento será el estímulo a las actividades económicas internas.

Según las atribuciones presidenciales descritas en el Artículo 2, concretamente en el Punto 6, el mandatario podrá "establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones".

El Presidente señaló que es "muy importante la línea de sustituir todas las importaciones y proceder a los mecanismos para garantizar la compra de la producción nacional de todos los bienes y productos priorizados en este decreto".

Tal acción podría salvaguardar la labor y esfuerzo de las empresas no petroleras de Venezuela y contener los riesgos de un shock comercial porque muchas exportaciones hacia Estados Unidos se verán expuestas a un contexto adverso.

Los productos venezolanos en ese país serán más costosos por razones de aranceles, pero la posible caída de las actividades económicas y el posible descenso del consumo en suelo norteamericano podrían afectar el flujo de mercancías desde Venezuela.

Estas medidas reaniman o reimpulsan las políticas de "compras nacionales" del Estado venezolano, que fueron inauguradas durante la era del presidente Hugo Chávez como estímulo a la actividad interna, así como decisiones del presidente Maduro en años anteriores, como la creación del Sistema Centralizado y Estandarizado de Compras Públicas del año 2016.

El Punto 7 resalta la necesidad de "adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional, en beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingreso".

Sobre esto el presidente Maduro añadió: "Es muy importante abrir las compuertas a nuevas fuentes de inversión. Aquellos venezolanos o inversionistas internacionales que quieran traer sus recursos al país serán tratados de manera especial para que los traigan y circulen en el aparato productivo, en la economía nacional y sirvan como fuente poderosa de estabilidad e inversión para el crecimiento de los próximos meses y años".

Presupuesto

El nuevo momento exigirá un esfuerzo presupuestario adicional, por lo tanto el Ejecutivo podrá adoptar medidas como "autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual", según refiere el Punto 9.

El Punto 10 del Decreto de Emergencia Económica alude a "dictar las normas que excepcionalmente, y sin sometimiento alguno a otro poder público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstas en la Ley Especial de Endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República".

Medidas "extraordinarias y excepcionales"

El conjunto de acciones que podrían derivar desde el Decreto de Emergencia apuntan a ser amplias y diversas. Se espera que en los próximos meses el gobierno nacional realice constantes anuncios para desplegar estos ámbitos de acción.

Se pueden esperar decisiones como una reforma sobre flujo de tributos en el sistema fiscal nacional, políticas de incentivo a la inversión interna y externa, medidas para consolidar las compras nacionales a empresas del país e, incluso, políticas inherentes a la producción de bienes hidrocarburos desde el reconocimiento de las condiciones objetivas que impone el asedio multiforme externo.

El carácter "extraordinario" y "excepcional" de las acciones de respuesta en materia de economía tiene un amplio registro en Venezuela.

En el país han tomado forma un conjunto de métodos de gobierno diseñados desde la contingencia, con visión de oportunidad y con sentido de "excepcionalidad" de las medidas.

En determinados momentos esas medidas lograron la superación de nudos críticos, como la primera "máxima presión" de Trump y la crisis económica generada por la pandemia de covid-19, propiciando un repunte de las actividades económicas nacionales desde el año 2021 hasta el presente.

Sanciones y aranceles contra Venezuela: los desafíos son oportunidades

Las últimas medidas de EE.UU. sobre el sector energético de Venezuela afectarán en la producción y exportación petrolera, pero también ofrecen nuevas perspectivas

Venezuela está enfrentando un escenario internacional de agresión económica y comercial con precedentes conocidos y otros por conocer. La administración de Donald Trump emitió nuevas medidas para presionar el sector petrolero venezolano, aunadas a las sanciones que ya venían golpeando la economía desde hacía más de un lustro.

El pasado 24 de marzo Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles de 25% al comercio con países que compren petróleo a Venezuela. Esta disposición entró en vigor el 2 de abril.

Según las autoridades estadounidenses, sin bases ni pruebas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ayuda a entrar en Estados Unidos a miembros del grupo criminal Tren de Aragua, reconocido por Washington como organización terrorista, en el marco de una estrategia de criminalización tanto del Estado como del gentilicio venezolano, lo cual ha sido instrumentalizado con fines persecutorios y judiciales contra migrantes en suelos de ese país.

Con esta base, el secretario de Estado, Marco Rubio, viejo enemigo de Venezuela y valedor de la "máxima presión", determinará —a discreción— la imposición de aranceles en coordinación con los secretarios del Tesoro, Comercio, Seguridad Nacional y el Representante Comercial de Estados Unidos.

Ese mismo día la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prorrogó la Licencia General 41B, que permite a Chevron producir y exportar petróleo venezolano hasta el 27 de mayo de 2025.

Anteriormente, el 4 de marzo, la Casa Blanca revocó oficialmente la Licencia General 41, vigente desde noviembre de 2022 —era Biden—.

Pareciera que, con relación a Venezuela, momentáneamente Trump ha repartido caramelos para todos: Rubio obtiene influencia arancelaria sobre las exportaciones venezolanas y Chevron puede continuar sus operaciones en el territorio nacional de manera provisional, en un ejercicio de equilibrismo entre la "máxima presión" y la diplomacia à la Grenell.

A su vez, la licencia extendida apunta que Washington no ha tomado una decisión definitiva de suspender las importaciones de petróleo venezolano; la posibilidad de que la licencia pueda extenderse después del 27 de mayo está sobre la mesa.

Si bien Estados Unidos revocó el instrumento para que Trinidad y Tobago desarrollara los proyectos gasíferos en los campos Dragón y Cocuina-Manakin, el gobierno trinitense espera que haya enmiendas del Secretario de Estado en el asunto para continuar con las inversiones y el trabajo establecido en el cinturón caribeño de gas.

Producción y exportación sobre la balanza

Para analizar las consecuencias de estas decisiones, Misión Verdad consultó a tres expertos en el tema: Werther Sandoval, profesor universitario y analista energético; y al también catedrático David Paravisini y Manuel Páez Moreno, dirigente político y trabajador de Petróleos de Venezuela (PDVSA), integrantes de Huracán Bolivariano —colectivo de trabajadores de la industria de los hidrocarburos—, quienes respondieron bajo una sola voz.

Para Sandoval, la aplicación de la orden ejecutiva del 24 de marzo significaría que terceros países "van a tener renuencia y, en algunos casos, se van a negar a comprar el petróleo venezolano. Eso va a tener incidencia sobre la producción", una inminente caída en la producción.

Sin embargo, a contrapelo de lo que afirman otros analistas de tinte opositor, considera que las exportaciones "nunca se van a ahogar por completo".

Hay perspectivas de que continúe el flujo de caja por exportaciones petroleras porque "PDVSA tiene la suficiente capacidad técnica, científica y tecnológica para mantener y crecer en la producción", alegan Paravisini y Páez, "y que a falta de estos capitales seguramente la inversión privada venezolana se sumará a la recuperación de la industria petrolera, ya que es transversal para la recuperación económica del país".

Ellos estiman que "el petróleo es la principal fuente energética del planeta y así lo será por los próximos cien años; eso genera una altísima demanda, por ello toda la oferta que está en el mercado siempre será ocupada de una u otra manera por clientes que lo necesitan".

Por ejemplo, citan a África como un potencial mercado para el crudo venezolano, "un continente con un gran crecimiento en el consumo energético al cual Europa ha expoliado su territorio, robado sus riquezas y evitado su desarrollo, pero hoy con el apoyo de China ha soltado esas amarras y va rumbo a su independencia política, económica y social".

Sandoval añade que "nosotros podamos colocar nuestros crudos en otros mercados, incluso espacios que son nuevos o tradicionales, eso también tiene sus vías, tiene ejercicios de comercialización, lo que llaman los buques fantasmas, la flota oscura", mecanismo que siempre ha existido "con productos tan importantes y vitales como el petróleo, que por supuesto todo el mundo lo apetece en función de que es la sangre que mueve la economía del mundo".

Pero, para ello, debe haber una continuidad productiva que pudiera ser compensada por PDVSA con proyectos propios. "Sí —expone el también columnista de Últimas Noticias—, puede compensar en algo sobre los proyectos propios, digámoslo, como una estrategia política acertada a propósito de fortalecer el mercado interno, la capacidad adquisitiva interna de nuestras propias empresas y su participación".

En dicho escenario, los desafíos de la industria nacional de hidrocarburos son variados: Paravisini y Páez observan que "el reto debe ser aumentar nuestra capacidad de refinación y sacar combustible y derivados que suplan el mercado global", mientras que Sandoval apunta que:

"Tenemos problemas de mantenimiento, de importación de equipos, de brindar el mantenimiento y las inversiones adecuadas para mantener la industria con un grado de confiabilidad que le permita tener una operación mucho más fluida, y eso tiene incidencia sobre los costos de producción".

Paravisini y Páez ahondan en este sentido: "Dependiendo del destino, variará la estructura de costos; siempre impactará porque serán descuentos que traerán consecuencias en nuestros ingresos finales", y señalan que "la visión debe ser aumentar producción, proceso de refinación y cubrir ese déficit" de la renta provista por las sanciones y los aranceles estadounidenses.

¿Cómo lograr dicho propósito? Sandoval sopesa que "hay países aliados con los cuales Venezuela puede darle alguna viabilidad a la industria petrolera venezolana. Con Irán, con países como Argelia, que están brindando apoyo y han logrado solventar, porque ya tenemos una primera experiencia de suspensión total de las exportaciones petroleras venezolanas y logramos ese refuerzo".

Mientras que Paravisini y Páez opinan que como "hoy el escenario energético está centrado en la mayor reserva petrolera del mundo", entonces los países que conforman el mundo multipolar y pluricéntrico "no pueden permitir que el imperialismo colonial de Estados Unidos y sus títeres en Venezuela tomen control de esa reserva porque irían de manera inmediata en contra de la OPEP y la estabilidad del mercado petrolero".

Oportunidades en puerta

La experiencia venezolana ha demostrado que, a pesar de que la Casa Blanca busque subordinar el sector petrolero del país a los intereses estadounidenses, con lo cual intenta que Venezuela dependa exclusivamente del mercado estadounidense, las asociaciones internacionales con poderes emergentes y la aplicación de políticas públicas coordinada con el sector privado pueden abrir una ventana de posibilidades para afianzar la recuperación.

Sandoval comprueba que con la Ley Antibloqueo se ha permitido algún tipo de gestión y encuentro con sectores privados nacionales, o de otros países, con el objetivo de incrementar las capacidades productivas de la industria hidrocarburífera.

Y, en este contexto, de acuerdo con Paravisini y Páez "la capacidad científica y tecnológica en nuestra industria petrolera está dentro de los estándares más altos; en el mercado nacional existe suficiente inventario de piezas, partes y repuestos que permiten a corto plazo mantener la producción y a mediano plazo aumentarla".

Pero, según ellos mismos, la resolución de la clase trabajadora ha sido un componente clave durante los últimos años de gestión petrolera: "Los ejercicios de unidad, organización y formación de la clase obrera han dado resultados inesperables, han derribado barreras, sustituido importaciones y ahorrado divisas".

Para los tres analistas el Plan de Independencia Petrolera Absoluta y el Decreto de Emergencia Económica harían viable la estrategia que ya ha puesto en marcha el Estado para apuntalar la industria energética de Venezuela. Pero los instrumentos con los que el Gobierno Bolivariano intenta acelerar la diversificación de la economía y atraer inversión extranjera adicional también significan oportunidades abiertas.

Es cierto que las nuevas medidas restrictivas de Trump representan una presión sin precedentes sobre el país y sus socios comerciales, "pero también hay que tomar en cuenta una nueva realidad —declara Sandoval—: la política de guerra económica de Estados Unidos va a hacer que los países que están afectados, la gran mayoría de los Estados del mundo, que ya tienen mayores costos del envío de sus productos a Estados Unidos y que, por lo tanto, no van a poderlos colocar con tanta facilidad en el mercado norteamericano, van a mirarse las caras los unos a los otros, y eso significa geopolíticamente un mundo mucho más pluripolar".

El profesor y columnista repara en que debido a los altos costos que supone colocar productos extranjeros en Estados Unidos debido a los aranceles, esos bienes podrían llegar a los mercados venezolanos y, de la misma manera, los productos hechos en Venezuela pueden comprarse en otros países afectados, "diversificando la cartera de productos que va a adquirir y además de eso con precios no tan cruelmente altos como los que podrían estar en la actualidad o estuvo en tiempos pasados".

"Podríamos avizorar que Venezuela va a ser afectada: tener menores ingresos, buscar asociaciones con países que estén aliados, buscar una flota oscura y vías alternas para colocar su producto, va a tener un precio por el producto quizás menor, pero también va a tener la oportunidad de que fortalezca mucho más, con músculo propio, su industria petrolera, así como un desarrollo diversificado que ya podemos apreciar".

Tal como había propuesto Putin, ante las sanciones occidentales contra Rusia: los analistas concluyen que los retos no son un problema sino oportunidades para Venezuela.

mision verdad

Tren de Aragua: cómo se construyó el mito

 

así aparecen algunas fachadas en las calles de cúcuta colombia

En casi un año, el Tren de Aragua (TdA) ha tenido un vertiginoso ascenso al estrellato criminal en Estados Unidos.

Beneficiados por la mitología que han creado a su alrededor a partir de su estruendosidad, el 20 de enero, en la primera tanda de órdenes ejecutivas de Donald Trump, fue designado organización terrorista global.

¿Cómo se llegó hasta este punto?

La franquicia criminal

Cualquier revisión del año 2022 encontrará que es poco, cuando no inexistente, la presencia del TdA en los titulares estadounidenses.

En lo que se refiere a los movimientos de la migración venezolana, el dramático punto central de atención en 2022 fue la pronunciada subida de los números de familias cruzando el Darién rumbo al norte. 

Pero no es menos importante dejar anotado que esta es la evolución, con sus consecuencias lógicas, del estímulo que los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador y Chile realizaron en 2017 invitando a la ciudadanía venezolana a emigrar bajo la falsa promesa de ser protegidos en sus países. Ello supuso una inyección de esteroides que hipertrofió el flujo migratorio ocasionado desmostradamente por el paquete de sanciones ilegales de la administración Trump. 

El fin del espejismo solidario con Venezuela que le metió sobremarcha a los movimientos migratorios rumbo al sur había colapsado por completo con la parálisis que vino junto a la pandemia.

A la par del contraéxodo emprendido de vuelta a Venezuela a lo largo de 2020 y parte del 2021, en marzo de este año la administración Biden declaró que esa migración en particular podía ser beneficiaria del Estatus de Protección Temporal. 

Para abril de 2022, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) manifestaba que apenas en los dos primeros meses de ese año superaron la totalidad del 2021; números, en todo caso, que deben tomarse como una referencia del patrón general más que como un dato riguroso, habida cuenta de la vocación al engorde de cifras de la OIM. 

Hasta 2023 ya habían cruzado, supuestamente, medio millón de personas, según el gobierno panameño. Es el mismo año cuando comienza a aparecer con mayor intensidad y recurrencia el TdA en medios y discursos oficiales del gobierno estadounidense.

A pesar del profuso centimentraje internacional que la banda ha tenido durante 2023 y 2024, el portal "especializado" Insight Crime ya ha venido cubriéndola desde 2019. Este medio suele ser la referencia principal y la materia prima a la hora de establecer el marco con el cual se analiza y luego se proyecta en el mainstream.

Una revisión concienzuda del trabajo que han realizado más allá de los titulares efectistas demuestra en muchos casos un déficit de fuentes consistentes, cuando no el habitual mecanismo circular con el que este circuito se valida a sí mismo a partir de la reproducción desde grandes medios y el bucle como la comunidad "experta".

Pero Insight Crime, por más "especializado" que se presente, padece de todos los sesgos esperables de este tipo de fuentes: fuerte financiamiento del Departamento de Estado, criterio selectivo sobre amenazas y enemigos en función de eso, etcétera.

Algo similar ocurre con el OCCRP, otro portal investigativo que también ha hecho lo propio respecto al Tren, y que al igual que Insight Crime "curiosamente" suelen enfocarse en los enemigos geopolíticos de los Estados Unidos.

De hecho, el único trabajo que realizó sobre el TdA data de noviembre de 2023, luego del desmantelamiento de Tocorón, como parte de los Narcofiles, un proyecto del que forman parte miembros de todos los medios mainstream imaginables, desde CNN hasta Telemundo.

En febrero de 2023 la periodista venezolana Ronna Rízquez publicó su non-fiction bajo el título El Tren de Aragua, junto al subtítulo La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina.

La clase experta, el lobby cognitivo si se quiere, ya había establecido las bases que luego le darían "profundidad" a lo que fuera acoplándose gradualmente en el quehacer noticioso.

No obstante, se tiene que esperar hasta agosto de 2023 para encontrar la primera mención oficial de la presencia del TdA, o los intentos de ingresar por la frontera, a Estados Unidos.

Jason Owens, para el momento jefe de la patrulla fronteriza, tuitea sobre su presencia y luego expande la información en CNN.

La intervención del gobierno venezolano en los penales fuera del nuevo régimen penitenciario, a finales de septiembre de 2023, fue un salto cualitativo y cuantitativo en la cobertura.

El Washington Post, Insight Crime, el OCCRP, CNN, y The Economist publicaron trabajos especiales dedicados a la banda.

Al momento cuando disminuyeron aun más sus manifestaciones en Venezuela —por diversas razones— aumentó su exposición en ciudades estadounidenses.

El 17 de enero de 2024 trascendió que un sujeto fue detenido por secuestro e intento de asesinato en el Doral, al sur de Florida, en noviembre de 2023, y se comenzó a sospechar que también era integrante del grupo.

El 24 de enero "confirmaron" que Edwin Camejo, detenido en diciembre del año anterior en Chicago por microtráfico, pretenecía, afirmaban, al TdA.

El 31 del mismo mes se hizo viral un video en el que un grupo de venezolanos les propinaba una golpiza a agentes policiales en Nueva York, dos de ellos, afirmaban las autoridades, miembros del TdA.

La cobertura de los tres fue trabajo de Telemundo.

En febrero el senador republicano por Luisiana, Bill Cassidy, apareció responsabilizando a Venezuela por el auge en la migración.

En marzo lo hizo Marco Rubio, alertando sobre la aparición del grupo delincuencial pero apuntando contra la laxitud de las políticas migratorias de la administración Biden.

De ahí en más se produjo un efecto cascada donde un amplio espectro del estamento político se incorporó al circo de opiniones colocando en la conversación la forzada teoría que vincula al Tren con el gobierno venezolano.

La aparición del cuerpo sin vida de la estudiante de enfermería en la Universidad de Augusta (Georgia) Laken Riley condujo a José Ibarra, un ciudadano venezolano responsable del asesinato.

El hermano de José, Diego Ibarra, según el New York Post era miembro, o mejor dicho, se sospecha que estaba vinculado con el TdA, lo que situó con más fuerza a la banda en el panorama perceptivo. Este caso debe tomarse como un punto de inflexión. 

En primer lugar, porque deja entrever un patrón que luego se repetiría: siempre se presume, se sospecha, se establece en los medios, pero en muy pocas veces, sobre todo en esa etapa, se confirma. 

Y en segundo por la noticia que trascendió el 29 de enero: ese día Trump firmó la Ley Laken Riley, con la que todos los migrantes ilegales que han cometido delitos serán procesado por las leyes federales. Ominosamente, se sugiere que esto se acompasará con la habilitación de Guantánamo como posible centro de detención. 

PUNTO DE ACELERACIÓN

El 12 de marzo, a días de aparecer el cuerpo sin vida de Riley, el senador Rick Scott, junto a colegas que integran el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, le escribió a Alejandro Mayorkas, el para entonces secretario de Seguridad Nacional, para exigirle toda la información y diligencias disponibles sobre el caso, enfocado en la nacionalidad del asesino.

Dos días después, tras la detención de un sospechoso de pertenecer al Tren, Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar encabezaron otra carta, co-firmada por seis senadores y 16 congresistas, para instar a que se designase al TdA como organización criminal transnacional.

Dejaban en entredicho la relación entre la organización criminal y el gobierno venezolano.

Esta es la premisa central del libro de Rízquez, en el que a lo largo de sus ocho capítulos encuentra la cuadratura del círculo sobre esa relación, una insinuación previamente establecida por Insight Crime.

Luego fue el turno del congresista Mario Díaz-Baralt de sumarse a la presión. Aquí se estableció el patrón de presión y quienes están al frente: Rubio, Scott, Salazar y Díaz-Baralt.

El 11 de julio de 2024 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al TdA organización delictiva transnacional con origen en Venezuela.

Un mes después, a finales de agosto, se viralizó un video en el que presuntos miembros del TdA "toman el control" de los apartamentos de un inmueble en Aurora, Colorado, registrados por las cámaras de seguridad portando fusiles de asalto.

Muchas veces, como se ha acopiado, el sintagma "Tren de Aragua" ahora satura los medios y todo lo asociado con Venezuela.

En noviembre el New York Post, otro de los emisores centrales del tema, afirmó que la organización ya se encuentraba en 16 estados del país, incluidos lugares tan remotos como Montana.

Desde redes de prostitución en el estado de Luisiana hasta un presunto ciudadano venezolano detenido en diciembre de 2024, según Fox News, rondando por los alrededores de Mar-a-Lago (la residencia de Trump), la aparición del TdA se hizo sistemática. Este último, de nuevo, sin una confirmación definitiva o un follow-up en los medios que lo cubrieron. 

Pero algunos elementos son tan constantes como la denominación: la asociación. Desde el principio, se trata de sospechas de vinculaciones o, por mampuesto, como en el caso de los hermanos Ibarra —un antes y un después—, la responsabilidad individual ante un crimen brutal se agrava cuando se sospecha que su hermano pertenece a una organización criminal, en este caso, obvio, el TdA. 

Esa aparición constante, con la masa crítica que se fue creando a través de los medios y las reacciones políticas, condujeron a la designación del TdA como organización terrorista extranjera y terroristas globales especialmente designados.

Aun así, la presencia de muchos cabos sueltos en relación con la construcción y estandarización perceptiva del TdA es igual de patente.

En otro sentido, la sustancia mítica en torno al Tren, una traslación que viene con el abordaje informativo de lugares como Chile, pareciera asentar un caso de "venefrenia": por un lado, un estado fallido completamente incapaz de resolver lo esencial pero, por el otro, capaz de extender sus tentáculos y proxies delictivos en todo el hemisferio. Una contradicción pasmosa.

Ciertamente esto no forma parte de la orden ejecutiva que ahora lo declara una organización terrorista global en términos estrictamente oficiales. Pero la sugerencia de que en el impulso central de su expansión existe una operación migratoria de largo alcance del gobierno venezolano persiste, en la voz del mismo Trump.

En el texto propiamente de la orden ejecutiva se señala de forma extremadamente general a los "carteles mexicanos" y se exclusiviza a la Mara Salvatrucha y al TdA como responsables de desempeñar todo el portafolio criminal que le endilgan y/o que, efectivamente, ha ejercido.

El Tren, si se compara con carteles de poder y verdadero alcance como el Cartel Jalisco Nueva Generación o el propio Sinaloa, se queda, cuando menos, muy corto. Pero ni una orden ejecutiva se enfoca en el papel extensivo e intensivo que tienen la N’Dragheta calabresa o los clanes albaneses en movimientos pesados tanto de droga como de lavado, por ejemplo.

Las capacidades militares y organizativas de cualquiera de estas estructuras mafiosas rebasa por mucho al TdA. 

De forma similar no deja de ser notorio que, a lo largo de los años del primer Trump, Honduras ya era en esencia un narcoestado consolidado. Y Ecuador, ahora una ruta privilegiada, da la impresión de ir por el mismo camino.

Tampoco toma en cuenta esa orden, o ninguna, lo que conduce al propio sistema financiero, indispensable para convertir los ingresos de mercancía en capital que, según un connotado informe de Antonio María Costa, para entonces representante de la agencia de la ONU que se ocupa del narcotráfico, sobre el papel salvador del dinero sucio dentro del sistema financiero tras la crisis financiera de 2008.

Imposible eximir al TdA de los brutales pecados y responsabilidades penales directas en su actuar, más aun cuando la principal víctima es, precisamente, la migración venezolana, que padece la traslación de control, renta y depredación que el Tren empleaba en su momento dentro de Tocorón, haciendo de las víctimas venezolanas presos de ese sistema.

Pero dicho todo, la designación del Tren funciona para abrir más de una compuerta de acción directa, legal o de otro tipo, contra Venezuela. El encuadre con que la banda es designada en la última orden ejecutiva —un paso más en la escala luego de ser reconocida como organización delictiva transnacional, que ya daba pie a embargos, congelamiento de cuentas, etcétera— ofrece un nuevo repertorio que puede ir desde asociarlo al país y, en consecuencia, incorporarlo a los Estados patrocinadores de terrorismo, y bajo el Título 50 "legalizar" cualquier tipo de acción encubierta armada so pretexto de atacar "en la raíz" a la amenaza. 

Por supuesto, esto va en desmedro de lo que ha incubado la organización desde que inició su expansión fuera de Tocorón en 2014, y cuyo auge puede rastrearse, paso tras paso, al grado de intensificación de los mecanismos de intervención y disrupción directa sobre la República Bolivariana.

Dicho con otras palabras, hay medias verdades y elementos objetivos sobre la existencia del TdA, del mismo modo que hay una serie de factores exógenos que sobreestimularon su presencia física y narrativa con el objetivo de magnificar su alcance. Sus métodos torpes y brutales producen el suficiente escándalo, pero además la materia prima para la instalación de narrativas e institucionalmente moldearlo al antojo de las agendas e intereses geopolíticos de quienes han querido perpetrar el cambio de régimen en Venezuela. 

Pero difícilmente sea una amenaza comparable con otras creaciones anteriores, que igualmente combinan medias verdades con explotación perceptiva: sea al Qaeda, el Cartel de Sinaloa, o el piso de más arriba en el mundo del narcotráfico que, según Antonio María Costa, se puede encontrar en Wall Street.