Tarek El Aissami, en este momento vicepresidente sectorial para el
área económica, ha hecho acto de presencia en la plenaria de la Asamblea
Nacional Constituyente —foro legislativo de facto, totalmente
dominado por el chavismo— para presentar, en nombre del Gobierno de
Nicolás Maduro, una propuesta que deje sin efecto la Ley de Ilícitos
Cambiarios, una de las piedras angulares de la política económica
oficial durante estos años. Con esta decisión, el Ejecutivo busca oxígeno y da un giro inobjetable dentro de las coordenadas tradicionales chavistas en el manejo de la economía.
La
medida, toda una concesión a la economía de mercado, autoriza la compra
y venta de divisas de manera abierta. El ministro afirmó que el
Gobierno busca "el propósito de otorgar las más amplias garantías para
el desempeño de la participación en el modelo de desarrollo
socioeconómico y productivo del país”. Entre otros, el anuncio tiene un
especial destinatario: las compañías multinacionales, muchas de ellas todavía presentes en el país, a pesar de algunas sonoras marchas, pero con operaciones financieras empequeñecidas.
El Gobierno despenaliza la tenencia y venta de divisas extranjeras, y autoriza la reapertura de las casas de cambio.
Estas instancias podrán ofertar y vender divisas con el precio que
indique el mercado. La decisión no implica desmontar el control
cambiario: el Gobierno ofertará a empresarios e industriales un dólar
formal, controlado, a través del Dicom (Divisas del Tipo de Cambio
Complementario), de acuerdo a la nomenclatura burocrática oficial, y
permitirá la existencia de un tipo de cambio paralelo, una dualidad
similar a la vigente en el país hasta el año 2006, el último antes del
endurecimiento del discurso de Hugo Chávez sobre el control de la
economía.
La concesión de Maduro, con toda seguridad, producirá un enorme alivio en los sectores económicos
vinculados a la industria, el comercio y los servicios. El anuncio de
El Aissami se produce mientras esta misma semana avanzan las
deliberaciones del IV Congreso del oficial Partido Socialista Unido de
Venezuela, convocado por Maduro en un país que ha tocado la zona del
colapso, con una crisis económica y de servicios que toca el paroxismo y
en medio de un creciente aumento de la protesta obrera y profesional.
Las discusiones plenarias del partido, televisadas, han procurado brindar una apariencia de unidad y lealtad, con un Diosdado Cabello
arengando a la militancia. Esta vez no hubo actos de masas, sino una
jornada celebrada en uno de los salones del Hotel Alba Caracas. La
plenaria decidió otorgarle poderes plenipontenciarios a Maduro para
organizar la dirección del partido.
Sin embargo, lo cierto es que
en una parte importante de la dirigencia chavista se ha expandido una
genuina preocupación ante la incapacidad de reactivar la economía y
derrotar la inflación. El día en el cual quedaba instalado el congreso,
los sindicatos de la industria eléctrica y CANTV —la compañía telefónica
estatal—, tradicionalmente dominados por el chavismo, tomaron la
avenida Libertador para demandar mejoras salariales y pagos retrasados.
Aumentan las voces pidiendo, casi suplicando, una apertura de la
economía. También se eleva la tensión en el partido del Gobierno. Lo ha
reconocido de manera expresa, hace poco, el propio Freddy Bernal, ex
alcalde de Caracas, destacado dirigente chavista.
Mientras se
celebra el Congreso, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez,
anunciaba un subsidio a la gasolina a través del denominado Carnet de
la Patria, y organizaba un censo para vender combustible subsidiado al
parque automotor, muy especialmente el transporte público. Se presume
que el Gobierno liberará la venta a precio internacional a quienes
decidan no acudir al censo. La medida ha sido criticada con dureza por
constituir otro mecanismo de control social que formaliza el
racionamiento de la gasolina.
El economista y analista Luis
Vicente León interpreta que “una apertura parcial” del mercado no
resolverá los problemas de fondo de la catastrófica economía venezolana,
pero puede producir alivios y beneficios parciales en contra de la
escasez, y acaso de la inflación. “El precio del dólar pudiera
estabilizarse un poco, o en todo caso dejar de crecer. Lo más importante
es que podría ayudar a expandir la producción y la importación de los
sectores privados. Si tu permites al sector privado que traiga sus
mercancías, sus dólares, sus bienes, y que pueda repatriar sus
utilidades sin burocracia, a un precio de mercado, va a subir la oferta,
y eso sí reduce las presiones de precios”.
José Guerra, diputado,
economista y académico, objeta que la medida en sí misma “no es legal”,
por ser la Constituyente un organismo espúreo, y porque la única
instancia constitucionalmente facultada para eso es la Asamblea
Nacional, en manos de la oposición. Tal circunstancia, afirma, va a
inhibir a empresas petroleras, o de otra índole a aceptar la oferta
oficial. “Habrá una tasa de cambio oficial, subsidiada, de acuerdo a los
intereses oficiales, y una tasa de cambio paralela, de mercado, que
ahora puede estar sobre los 3,5 millones de bolívares por dólar. Tengo
dudas de que un régimen dual pueda funcionar. La experiencia de los
cambios duales indica que la brecha se abre muy fácil, todo el mundo
querrá el dólar barato, que no hay, y muchos querrán el dólar caro, que
la mayoría no tiene cómo comprarlo. Será otra experiencia más de un
mercado fallido".
Guerra afirma que la medida va más allá de las
políticas de los primeros tiempos de Chávez. “No será un mecanismo
permuta, sino un mercado abierto, por primera vez en mucho tiempo, un
mecanismo con casas de cambio”, que desaparecieron en Venezuela en 2003.
Los intereses creados de la tupida red de corrupción del chavismo no
quedarían alterados. “La medida no toca la estructura vigente de la
corrupción planteada desde hace varios años con el control de cambios.
El Gobierno tendrá su dólar, y en torno a él, sus intereses”.
msn
No hay comentarios :
Publicar un comentario