El bloqueo ha impactado el Índice de Prevalencia de Subalimentación (IPS) de Venezuela (Foto: Unsplash / CC0)
Por tercer año consecutivo actualizamos en Alimentos y Poder lo
que denominamos "operación bloqueo de alimentos a Venezuela",
destacando las acciones que desde el 2014 ejecuta Estados Unidos contra
el país a través de una cantidad de medidas coercitivas unilaterales
económicas, financieras, comerciales, políticas, diplomáticas, militares
y de propaganda mediática, que iniciaron en medio de la crisis
sistémica del petróleo de ese año, afectando proporcionalmente el
incremento de la inseguridad alimentaria en el país.
Un escenario que en 2020 Estados Unidos pronosticaba de catastrófico,
según la Red Mundial de Información Agrícola y el Servicio Agrícola
Exterior del Departamento de Agricultura (USDA), causado principalmente
por el bloqueo a la principal industria venezolana (PDVSA), los precios
negativos del petróleo y la escasez de recursos por la pandemia de la
covid-19, en el cual el Estado no podría mantener su gasto público,
sería incapaz de importar combustibles, comprar productos básicos, entre
ellos, insumos agrícolas, semillas certificadas y fertilizantes, o
mantener programas sociales como el CLAP y, además, se exacerbaría la
caída precipitada y masiva de la producción nacional de alimentos.
Y si parecían suficientes la cantidad de medidas coercitivas
unilaterales contra el país en medio de este pronóstico de caída libre,
Estados Unidos por el contrario continuó sin pausa el asedio, con más y
más acciones contra Venezuela que no pararon, ni en medio de la pandemia
mundial por la covid-19.
Acciones de índole mediático, de manipulación a indicadores
alimentarios de organismos multilaterales, políticas de "terrorismo"
económico, "sanciones" económicas y hasta diplomáticas, perceptiblemente
desde mayo, cuando Estados Unidos comenzó a amenazar a Irán para impedir el suministro de 1,5 millones de barriles de gasolina y aditivos para las refinerías de Venezuela.
En junio, se detuvo ilegalmente al enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela y empresario Alex Saab en
Cabo Verde, a solicitud de Estados Unidos, por ayudar a evadir el
bloqueo para mantener el suministro de los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP) y de otros bienes esenciales para el
país, como medicinas y combustibles, siendo precisamente en un viaje a
la República Islámica de Irán en representación del país que se llevó a
cabo esta acción, cuando viajaba para garantizar la procura humanitaria
en plena pandemia y bloqueo, violando entre muchos elementos jurídicos
del debido proceso su inmunidad diplomática para presionar por su
extradición.
Seis días después, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
sancionó a la empresa mexicana Libre Abordo, a su relacionada Schlager
Business Group y a sus copropietarios por su relación con el Programa de
Alimentos por Petróleo con Venezuela.
En agosto, Estados Unidos secuestró, a través del Departamento de
Justicia, cuatro tanqueros con más de 1 millón de barriles
de combustible iraní con destino a Venezuela, que finalmente terminó subastando en febrero de 2021.
Para continuar el ataque a suministros esenciales, en octubre Elliott
Abrams anunciaba la prohibición del canje de diésel por crudo afirmando:
"Estamos tratando de detener la exportación de crudo del régimen de
Maduro (…) y una de las formas es evitar que lo cambie por otros
productos", inclusive si era por alimentos para la población.
Y si estas acciones parecieran no tener ningún tipo de relación con
el ataque al sistema agroalimentario venezolano, para afectar a la
población, USDA dejaba claro en su informe del mes de abril: "Sin
combustibles no se pueden hacer funcionar los tractores". Una muestra de
cómo operó el bloqueo de alimentos a Venezuela en el año 2020, esta
vez intentando impactar dramáticamente la producción nacional, después
de haber torpedeado constantemente la importación de estos, necesarios
para suplir el consumo nacional.
Bloqueo que, al cierre del año 2020, según el total de los recursos
venezolanos retenidos por las medidas coercitivas unilaterales,
arbitrarias e ilegales de Estados Unidos en Inglaterra, Portugal,
Estados Unidos, Dubái, Bélgica, Suiza, Alemania, Francia, Puerto Rico,
Kazajistán, Curazao, España, Brasil, Panamá y Bulgaria, alcanzan los 4 mil 836 millones de euros, además, acarreando más de 120 mil millones de dólares en pérdidas en los últimos años.
Solo con los 1 mil 614 millones de euros retenidos en
Inglaterra mediante el oro venezolano se pueden adquirir 120 millones de
combos para el CLAP, el programa de alimentos subsidiados que, al ritmo
de entrega actual, es un suministro de alimentos mensual para casi dos
años a 6 millones de familias.
Y con los 1 mil 367 millones de euros retenidos solo en Portugal, se
cubriría un año de insumos básicos para el sector agroindustrial del
país.
Y es que, entre otras cosas, en el año 2020 se ratificó que la acción
de intentar imponer por parte de Estados Unidos un gobierno paralelo en
Venezuela, bajo la justificación de mejorar la calidad de vida del
venezolano, y el paraguas de los derechos humanos, solo ha permitido la
piratería por parte del país norteamericano y otros gobiernos o
actores de importantes activos venezolanos en el exterior, así como el
manejo de cuentas, recursos financieros y fondos, e incluso la promoción
falaz de supuestas ayudas humanitarias o de hacer llegar recursos
confiscados para paliar la crisis; por el contrario, se constituyeron en
el desmejoramiento y empeoramiento del bienestar de la población
venezolana.
En este caso, transcurridos más de dos años desde la autoproclamación
de Juan Guaidó, y las acciones consecutivas de Estados Unidos para
lograr un cambio de régimen en Venezuela desde el 2014, permite
corroborar su repercusión negativa en el aumento de la subalimentación,
aunque según la FAO (2021) alcanza
al 27,4% de la población venezolana, y no al 31,4% que se publicó en
2020, o sea, a 7,8 millones de personas afectadas por el hambre y no a
las 9,1 millones de personas como se divulgó a inicios de la pandemia,
sirviendo de base para la manipulación de indicadores alimentarios en
el informe anual de la Red Global contra Crisis Alimentarias, que año a
año financia USAID y la Unión Europea, y donde se catalogó a Venezuela
como la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo, en la que era
necesaria la "intervención humanitaria".
Cambio de régimen que el Servicio de Investigación del Congreso de
Estados Unidos en su informe de agosto de 2020 señalaba, al referirse a
las medidas coercitivas que se habían impuesto contra PDVSA, gobierno y
Banco Central, reconociendo en sus conclusiones que con "las sanciones
se había aumentado la presión económica, acelerando el declive en la
producción y, a pesar de todo, Maduro continuaba en el poder, aún
después que Estados Unidos dejó de reconocer su presidencia", puesto que
ese es realmente el objetivo del país norteamericano.
Planteamientos finales
Por esto se puede seguir afirmando que, más allá de cualquier
análisis o informe sobre el tema donde se incorporaba a Venezuela,
adjudicando la afectación de los indicadores alimentarios solo a un
choque económico e invisibilizando intencionalmente el bloqueo, aunque a
estas alturas es imposible desconocer desde la ONU, hasta la mayoría de
los venezolanos en el territorio, que el impacto sobre el Índice de
Prevalencia de Subalimentación (IPS) es proporcional a la cantidad de
medidas coercitivas unilaterales y acciones (ver gráfica 1) que
adelantó Estados Unidos y sus aliados con el cerco económico,
financiero y comercial sobre la nación, sus activos, sus bienes, sus
recursos y su gente desde el 2014 al 2020.
Gráfica 1. Incremento del Índice de Prevalencia de
Subalimentación (IPS) en Venezuela proporcional a la cantidad de medidas
coercitivas unilaterales de EEUU contra el país (2014-2020) (Foto: Alimentos y Poder)
Período donde los alimentos se convirtieron en una munición de guerra
para atacar al país, afectando directamente a los suministros
alimentarios y, en paralelo, a otros bienes esenciales como el
combustible, para crear las condiciones de una crisis humanitaria que
justificara, por ende, la intervención militar "humanitaria" en nombre
de la comunidad internacional y dirigida por Estados Unidos.
Crisis generada, en consecuencia, por la caída precipitada de los
ingresos de Venezuela, que al año 2020 disminuyeron en 98% con respecto
al año 2014, afectando los niveles del suministro de alimentos y a la
producción nacional de los mismos, con el progresivo aumento de la
subalimentación (ver gráfica 2) mediante la persecución inclemente que se sostuvo para acabar con el Gobierno Bolivariano.
Gráfica 2. Caída de los ingresos petroleros de Venezuela vs.
el incremento de la inseguridad alimentaria y la caída de la importación
de alimentos 2005-2020 (Foto: Alimentos y Poder)
Siendo necesario señalar, en este escenario actual de evidente
victoria bolivariana, que no solo obtener los objetivos propios y
ganar puede ser el fin de un conflicto, posponerlo o evitarlo, también
es un propósito de la estrategia que constantemente ha aplicado el poder
imperial estadounidense, aunque haya salido derrotado por ahora para
mantenerse a la espera de una mejor oportunidad de avanzar.
Este artículo fue publicado originalmente en Alimentos y Poder el 16 de septiembre de 2021.
