En la foto: la sede regional del Ministerio del Ambiente (Mérida). |
Franco Vielma
Lo que en un momento fue un ensayo con
proyección al mundo de un supuesto “estallido social”, hoy es la
persistencia de la violencia guarimbera focalizada, pero armada y
peligrosa en algunos puntos del país. Esta situación está signada por
elementos del negocio paramilitar con especial énfasis en la región de
los Andes, concretamente en Táchira y Mérida.
A lo largo de años recientes en las
regiones fronterizas del país, fundamentalmente en las regiones
adyacentes a la frontera colombiana, se ha producido el flagelo del
contrabando de extracción en sus múltiples formas, que compromete la
seguridad alimentaria y estratégica del país.
Los paramilitares del territorio colombiano (Bacrin, Ratrojos, Urabeños) se han pasado poco a poco al lado venezolano para imponer sus cobros de vacuna a los contrabandistas que financian sin saber (algunos) el daño que hacen en ambas naciones |
Dadas diversas complicidades y mafias
conformadas entre elementos colombianos, empresariales venezolanos y
militares venezolanos y colombianos, se ha conformado un oscuro negocio
que ha venido a fortalecer el poder económico de factores paramilitares
que operan del lado colombiano y que paulatinamente se han infiltrado
del lado venezolano con gran fuerza.
La situación de violencia en Venezuela,
donde ciudades como San Cristobal y Mérida se encuentran parcialmente
sitiadas, está íntimamente asociada a estos intereses económicos
perversos. Aunado a esto, el desabastecimiento inducido por estos
factores de contrabando, ha sido un acelerante al plan en marcha de
generar un estallido social. Factores del uribismo están metidos en una
jugada de creación de condiciones para desestabilizar el país, y es en
las regiones fronterizas de los andes venezolanos donde han acentuado
sus acciones.
El contrabando de productos ha sido la peor pesadilla para los venezolanos que dia a dia tienen que comprar los alimentos del mes |
El desabastecimiento por acaparamiento y especulación y contrabando ha sido atacado por el gobierno pero si la gente no denuncia no se logra hacer mucho. |
La violencia en los Andes se desata por
diversos factores; todas estas acciones de los violentos coinciden con
medidas duras del Gobierno nacional en luchar contra el contrabando, en
impactar el fraude de divisas por medio de medidas
macroeconómicas-monetarias y por el fortalecimiento de los controles
para superar los nudos críticos del desabastecimiento de algunos rubros
en el país.
Para comprender mejor esto es necesario
ver lo que sucede a lo interno de Venezuela y del lado colombiano: del
lado venezolano, el Presidente Maduro inició la remoción de funcionarios
militares de altos cargos ubicados en puestos fronterizos. La mayoría
de ellos hoy están en investigación y bajo sospecha. También se tomaron
medidas de control en Tachira y Zulia para contener las compras de
ciudadanos colombianos en el comercio interno, además de fortalecer los
controles en los pasos fronterizos.
Del lado colombiano, dada una alta
dependencia en algunas regiones de ese país del contrabando venezolano,
comenzaron a producirse pequeñas revueltas de comerciantes informales
que dependían del contrabando, de sus mafias, y que empezaron a verse
afectados por las medidas del lado venezolano.
Un grupo de manifestantes encapuchados lanzó piedras, quemó llantas y cerró la vía desde Villa del Rosario a San Antonio, protestando en contra de los controles aduaneros de la Policía Fiscal y Aduanera y la Dian. (Cucuta-Colombia) |
La mayoría de los productos que salen
extraídos de Venezuela, salían (o salen aún) por “trochas”, por pasos
fronterizos clandestinos y que durante este tiempo (especialmente luego
de la devaluación de 2013) habían operado con gran fuerza y con
tolerancia entre estos factores colombianos, empresariales venezolanos y
elementos de la Fuerza Armada venezolana.
Personas de ambos paises han visto de los productos venezolanos un negocio que incluso arriesgan sus propias vidas para lograr vender los mismos en colombia |
Al iniciarse el año 2014 y entrado el
período de verano en nuestras latitudes, se daba paso al “agosto” de los
contrabandistas, pues esta es la época en que por cuestiones climáticas
más productos se extraen por las trochas. Es esta época del año en la
que puede realizarse de manera más efectiva el “abastecimiento” del lado
colombiano, dado que se hace más costoso y más complicado llegar hasta
los puntos fluviales fronterizos y otros pasos en época de lluvia por
cuestiones de vialidad y topografía.
De la arremetida dura del Gobierno y al
publicarse la Ley contra la Guerra Económica que establece graves penas
de cárcel y confiscación de bienes, se da paso a la incautación de
camiones trocheros y detención de contrabandistas. Grandes incautaciones
se realizan en Táchira y Zulia en “centros de acopio” de mercancía que
iría a Colombia. Esta arremetida del Gobierno venezolano ocurre en la
“mejor época” de los trocheros. Es cuando estos sectores económicos del
paramilitarismo reaccionan y se inscriben en la confrontación directa
inmediata contra el Gobierno venezolano, aunados a elementos del
uribismo y del ultraderechismo venezolano.
Duros golpes al contrabando ha dado la GNB (CORE1) desde diciembre hasta la fecha |
Durante mediados del mes de febrero las
reacciones comienzan a ser más notables del lado colombiano, al
producirse una asfixia a las mafias, a los negocios del contrabando,
remesas, extracción de alimentos, gasolina y demás bienes. También
comienza a preciarse una caída del comercio en Cúcuta, porque grandes
cadenas en el Norte de Santander son fachadas de negocios paramilitares,
contrabandistas y narcotraficantes.
Por otro lado, muchos particulares
venezolanos radicados en Táchira, Apure, Zulia y Mérida, participaban (y
participan) activamente en el contrabando en sus diversas modalidades.
La aplicación de controles internos (económicos y militares en la
frontera y trochas) mermó la capacidad de estos elementos de seguir
continuando con sus muchas modalidades de fraude a la nación.
Este fenómeno, aunado al gran apoyo que
hay en las ciudades de San Cristóbal y Mérida al partido ultraderechista
Voluntad Popular y otras tendencias radicales de la derecha venezolana,
amplió la base social de apoyo para efectuar una arremetida articulada
contra el Gobierno nacional en la región. Vale decir que el apoyo
opositor en esas ciudades gira entre el 65 y 80 por ciento. Es ahí
cuando entran en juego, factores paramilitares ubicados en sectores
estratégicos en los andes: en el comercio, en la Universidad de Los
Andes, en urbanizaciones, contando, además, con el respaldo de alcaldes
de derecha radical elegidos en diciembre en San Cristóbal y Mérida.
Hasta los remeseros se quedaron con los crespos hechos al quedar sin opciones ya que prohibieron el envio de remesas a colombia hasta tanto no se creen nuevos mecanismos |
Las guarimbas hoy
En urbanizaciones e importantes sectores
de esas ciudades las barricadas están custodiadas por elementos armados
que usan de escudo humano a las familias que viven (o sobreviven) tras
ellas. Las ciudades están parcialmente paralizadas, mientras se ataca el
suministro de alimentos, secuestro al transporte y afectación de
servicios públicos. Vastas áreas de esas ciudades están destruidas,
incluyendo edificios y espacios públicos, en un contexto similar al de
una guerra continuada de bajo impacto. Las guarimbas han perdido un gran
apoyo de la población, pese a que en San Cristóbal y Mérida el voto
mayoritario es opositor.
La gente, visiblemente afectada en su
día a día, ha quitado respaldo a la violencia indiscriminada, el
asesinato de venezolanos y el deterioro de las condiciones de trabajo,
estudio, acceso a la salud, al comercio y el turismo en esas ciudades.
Mientras personas son baleadas intentando recuperar la movilidad en sus
comunidades y avenidas moviendo barricadas, muchas urbanizaciones siguen
en virtual situación de secuestro.
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Desde que fué electo como alcalde de San Cristóbal, el Sr Ceballos se ha dedicado solo a apoyar las guarimbas |
Las guarimbas pierden apoyo social y se
han apagado en la inmensa mayoría del país, pero las que quedan son más
violentas, y están pasando a una fase de acción paramilitar y pre-bélica
que se presenta ante el mundo como un escenario de conflicto civil y de
confrontación generalizada.
Este tipo de situación, con elementos
armados en las barricadas que han significado en el caso de Mérida un
saldo de 16 policías y Guardias Nacionales heridos de bala, además de la
denuncia de presencia de subametralladoras en las barricadas, supone
que para el restablecimiento de la paz pública, los órganos de seguridad
tengan que usar la fuerza de manera selectiva y focalizada, con
armamento letal, a los fines de someter a los armados. Mientras algunos
de estos extraños elementos, a los cuales parte de la población denuncia
de tener “acento colombiano” someten a la población en general, la
fuerza pública se ve obligada a pensar en el uso de este tipo de
acciones.
Ya son muchos los ciudadanos que afirman haberse topado con personas de acento colombiano |
Las acciones de los Estados donde se ha
empleado la fuerza letal para restablecer el orden y detener focos de
violencia han servido para que en otras latitudes, como Siria o Libia,
se presenten situaciones de intervencionismo. En dichos países
sucedieron arremetidas de este orden, infiltración de mercenarios
paramilitares y militar extranjera, mientras que la prensa y sus voceros
internacionales denunciaron “usos indiscriminados de fuerza letal
contra pacíficos manifestantes” por parte de los gobiernos en esos
países.
Todo apunta a que eso es lo que quieren
lograr en Venezuela, donde quieren convertir al Táchira y a Mérida, en
el “Bengasi venezolano”. Una zona disidente alzada en armas contra la
República, punto de inicio de una escalada crítica de desestabilización
generalizada del país. Regionalizando el conflicto, pretenden generar un
efecto en cadena que desestabilice a la nación.
En Mérida y Táchira son conocidas
denuncias donde se apunta a que factores extraños, apoyados por los
alcaldes de esas ciudades, están financiando a los guarimberos hasta con
5 mil bolívares el día. Incluso hay quienes actúan sin pago alguno,
pero se estima que las mafias paramilitares del contrabando están detrás
del financiamiento de estos grupos y la infiltración de elementos
armados.
Se encuentran conjugados elementos
económicos-paramilitares que han respondido con violencia a las duras
medidas implementadas por el Estado venezolano para preservar la
seguridad estratégica del país y la estabilidad. Aunados estos factores
al golpismo de la oligarquía venezolana, estamos ante una situación de
golpe continuado donde intervienen muchas variables. El apoyo desde EEUU
y su prensa a los violentos en Venezuela da cuenta de un plan
articulado para destruir la Revolución Bolivariana y deponer la actual
República.
Esta compleja situación demanda la
cohesión de las fuerzas sociales y del Gobierno en favor de preservar la
paz en Venezuela, en este inicio de una fase pre-bélica que está
tomando fuerza en los andes venezolanos.
Es evidente la continua guerra mediatica que tienen los medios internacionales para hacer caer los animos de los venezolanos y contrariar tantos logros que se han alcanzado |
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