Caracas.- El gobierno del presidente Nicolás Maduro
insiste en que hay un golpe de estado en proceso en su contra. Sostiene
que es alentado desde Washington y que los ejecutores son actores
políticos de la oposición, que no buscan realmente elecciones. Quieren
llegar al poder por la vía de facto porque la Constitución les impide
hacer lo que de verdad desean: desmontar el estado democrático y social
de derecho y de justicia que establece la Carta Magna y que construyó el
Comandante Hugo Chávez junto al Poder Popular.
Para ello, Estados Unidos y sus aliados en Venezuela promueven la violencia terrorista que evidenciamos hoy en el país.
Si
queremos revisar cómo se ha generado la escalada de los últimos días,
debemos remontarnos al momento en que la oposición ganó la mayoría de
las curules de la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre de 2015. Con una
batalla ganada por la contrarrevolución, sobre la base de una profunda
guerra sistemática contra la economía venezolana similar a la del Chile
de Salvador Allende, la oposición logró capitalizar el descontento de la
población.
Al tomar posesión de su cargo el 5 de enero de 2016 y
en cadena nacional de radio y televisión, el nuevo presidente del Poder
Legislativo, diputado Henry Ramos Allup, aseguraba que su principal
tarea sería sacar a Maduro de la Presidencia.
Huelga decir que la oposición no llegó a ser mayoría legislativa en buena lid. Esto lo demuestran conversaciones
telefónicas reveladas por diputados del chavismo, donde funcionarios de
la gobernación del estado Amazonas se oyen negociando una presunta
compra de votos, lo cual en Venezuela es penado por la ley electoral.
Presentadas
estas grabaciones ante los medios y ante la Sala Electoral del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), esta ordenó a la directiva de la Asamblea
que se abstuviera de juramentar a los 4 candidatos del estado Amazonas
que el Consejo Nacional Electoral había proclamado: 3 de ellos de la
oposición y uno del bloque parlamentario revolucionario.
¿Choque de poderes?
La directiva hizo caso omiso a estas
órdenes dictadas por el máximo tribunal y el jueves 28 de julio de 2016
juramentó a los 3 opositores. Con ello, el Poder Legislativo inició una
cadena de desafíos al resto de Poderes Públicos Nacionales.
Quienes
no viven en Venezuela deben saber que aquí hay cinco poderes públicos:
primero, el Ejecutivo, conducido por el jefe de estado y de gobierno,
quien además funge como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. Existen también: el Legislativo, el Electoral, el Judicial y
el Ciudadano, conformado por el Consejo Moral Republicano, que a su vez
está integrado por el Fiscal General, el Contralor General y el
Defensor del Pueblo.
La Asamblea Nacional opositora se ha
enfrentado a todos los otros poderes públicos nacionales. Los medios lo
han reseñado como un “choque de poderes”, pero en realidad, hasta
finales de marzo de 2017, era el Poder Legislativo contra el resto.
A
mediados de 2016, el TSJ declaró en desacato a la Asamblea hasta tanto
persistiera su renuencia a cumplir las sentencias de la Sala Electoral.
Fue así como cada proyecto de ley presentado por la oposición en la
Asamblea fue declarado como nulo porque provenía de un acto refrendado
por personas que habían usurpado funciones de diputados, tras haber sido
cuestionadas por delitos electorales graves.
La derecha mundial
destacó este asunto como una supuesta “falta de independencia de poderes
públicos” y hasta un “robo de competencias de un poder por otro”.
La
mesa de diálogo sirvió para que el Gobierno lograra que la oposición se
sentara a discutir temas importantes, bajo la mediación del secretario
general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper; los ex
presidentes de Panamá, Martín Torrijos, Leonel Fernández de República
Dominicana y de España, José Luis Rodríguez Zapatero y hasta un enviado
del Vaticano.
Iniciados los primeros pasos y avances, factores
extremistas dentro de la oposición se negaron a continuar con el diálogo
y lo implosionaron con el apoyo de factores externos. Para ello sirvió
Luis Almagro, quien como secretario general de la Organización de
Estados Americanos, actuó como un títere de los Estados Unidos. El
uruguayo, rechazado ahora hasta por el propio ex presidente Pepe Mujica,
se reunió con senadores demócratas y republicanos de ese país,
declarados y confesos lobbistas contrarrevolucionarios, para recibir la
línea.
La elección presidencial en los Estados Unidos hizo bajar
un poco la presión en Venezuela ante la incertidumbre posterior a la
elección de Donald Trump. La coalición opositora que antes se había
apoyado en Hillary Clinton para sus acciones contra el gobierno de
Maduro, no estaba muy segura de tener el mismo alcance con el nuevo
Potus.
Del cabildeo con el nuevo inquilino de la Casa Blanca se
encargó el ex candidato republicano Marco Rubio, quien con eso cumplía
con sus financistas del Doral, en el estado de Florida.
Dirigentes
de la oposición también hicieron lobby en la OEA para pedir sanciones
contra Venezuela, rayando incluso en la comisión de delitos de lesa
patria. No es una exageración: ya el ex jefe del comando sur de Estados
Unidos, John Kelly, hoy devenido en Secretario de Seguridad Nacional,
había advertido que “de haber una solicitud expresa de la OEA o de la
ONU, procederían a una intervención en Venezuela”, ante una eventual y
supuesta “crisis humanitaria” de la nación suramericana.
El detonante de la violencia
Suspendido
el proceso de diálogo frente a las cámaras pero no detrás de ellas,
llegó el 2017. Aunque la directiva del año anterior no desincorporó con
procedimientos legales a los ciudadanos impugnados de Amazonas, el 5 de
enero, el diputado del partido Primero Justicia, Julio Borges, se
juramentó en una sesión también anulada por el TSJ. Todos sus actos seguían teniendo como raíz un evento ilegal.
Así
llegó el 30 de abril de este mismo año. Dos sentencias de la Sala
Constitucional del TSJ provocaron una declaración destemplada de Borges.
Frente a múltiples cámaras y micrófonos de medios nacionales e
internacionales, dijo que en Venezuela se había instaurado una
“dictadura” y rompió en público uno de los documentos.
La
sentencia establecía que ante la omisión legislativa inconstitucional y
la renuencia del Poder Legislativo a cumplir con las sentencias del
Poder Judicial, el Ejecutivo podía concretar asociaciones petroleras y
que la Sala Constitucional del TSJ asumiría las competencias de la
Asamblea Nacional.
Acto seguido, el Diputado anunció las acciones de calle y dijo que la
coalición de partidos opositores, no descansaría hasta lograr algo que
no está contemplado en la Constitución: las elecciones generales
anticipadas.
Un día después, la fiscal general Luisa Ortega Díaz,
dijo en transmisión en vivo del canal del Estado, que las sentencias
señaladas por Borges habían producido una supuesta “ruptura del hilo
constitucional”.
Ante la controversia entre Poderes Públicos, el
presidente Nicolás Maduro activó esa misma noche el Consejo de Defensa
de la Nación, el cual se convoca según lo establecido en la Carta Magna,
como “máximo órgano de consulta para planificar y asesorar al Poder
Público en materia de defensa integral de la Nación, soberanía y la
integridad de su espacio geográfico”.
Este órgano, compuesto por
representantes de todos los Poderes más algunos miembros del gabinete
del gobierno, recomendaron al Tribunal Supremo aclarar las sentencias
controversiales, lo cual fue hecho a la mañana siguiente.
Violencia "no violenta"
Las
operaciones de guerra no convencional que se están aplicando en
Venezuela tienen su origen en los manuales del golpe suave, creados por
el estadounidense Gene Sharp. Se han aplicado antes en países de Europa
del Este y no han tenido éxito en este país latinoamericano.
Eso
sí, tiene defensores. Al menos una treintena de jóvenes captados hace 10
años en universidades privadas y públicas autónomas, ahora como adultos
las aplican con precisión y apoyo foráneo. La fachada para la captación
de aquellos jóvenes fueron las organizaciones no gubernamentales que
promueven el ideal de “democracia” liberal que sirve a los intereses de
Washington.
Durante años, estas ONGs fueron ampliamente
financiadas por la USAID y la National Endowment for Democracy, es
decir, por el gobierno de los Estados Unidos. Una inversión a largo
plazo que ha venido dando frutos a lo largo del tiempo.
Las
llamadas guarimbas del año 2014, desestabilizaron gravemente al gobierno
del presidente Nicolás Maduro. El saldo fatal de la violencia política
promovida por Leopoldo López
en el marco del plan llamado La Salida, dejó como resultado 43 personas
fallecidas, miles de lesionados y familias enteras enlutadas. Las
pérdidas para la Nación por los destrozos y daños a la propiedad pública
fueron cuantiosos.
Muchos de los actuales diputados de la
oposición llegaron a sus curules de esa forma. Aunque antes decían que
su actividad era parte del “Movimiento Estudiantil”, en realidad, las
campañas de acciones violentas de estos jóvenes tenían obvias
influencias de partidos políticos. De hecho, todos aquellos que
participaron en la conducción de los focos de violencia del 2007, se
unieron a partidos que también han recibido financiamiento del Instituto
Republicano Internacional (IRI), del Instituto Nacional Demócrata (NDI)
y hasta de la Konrad Adenauer.
Son estos diputados,
quienes han venido aupando y convocando a actividades de calle que
denominan “no violentas”, pero que en la práctica pasan hacia la
trinchera del terrorismo. En menos de un mes, estos llamados a
tomar las calles para exigir la salida de Maduro han tenido un saldo
aborrecible de 26 personas fallecidas y cerca de 500 heridos.
Terrorismo en tres actos
El chavismo ha
denunciado que en estas actividades supuestamente pacíficas de la
oposición, hay varios tiempos. En horas de la mañana, acuden personas de
la llamada clase media del país que demuestran una conducta
pasiva-agresiva.
Las horas cercanas al mediodía son el momento del
clímax que se aprovecha para las fotos a medios internacionales. Sea
grande, moderada o pequeña, la movilización es calificada por las
corporaciones mediáticas con adjetivos como: “multitudinaria” o
“numerosa”, donde “millares” o "cientos de miles" de personas se vuelcan
a las calles para “protestar” contra la “dictadura”.
Entre la 1 y
las 3 de la tarde, los violentos tratan de llegar hacia el centro de la
ciudad, donde se encuentran las sedes de los poderes públicos y donde
casi siempre hay también otra demostración de movilización militante del
chavismo. Estos últimos a veces están en la avenida Bolívar, otras en
la México, o en la avenida Urdaneta, que conduce directamente al Palacio
de Miraflores, sede del Gobierno Nacional.
Como los
cuerpos de seguridad no los dejan pasar para evitar un choque entre
grandes masas de personas como ocurrió hace 17 años, los diputados
opositores usan a su adiestrado y equipado grupo de choque para intentar
abrirse camino frente a la Policía Nacional o la Guardia Nacional. Son
grupos de unos 100, máximo 200 jóvenes, muy violentos, en ocasiones bajo
los efectos de sustancias prohibidas. En un país donde la oposición
clama por una supuesta "crisis humanitaria" donde las personas "comen
perros y palomas" los encapuchados que en forma más avezada se enfrentan
a policías y militares, portan cámaras GoPro, máscaras antigases y
guantes de seguridad que cuestan mucho dinero en Venezuela. Su
proveniencia es desconocida, pero se presume que es aportada por la
propia oposición.
Al caer la tarde, estos mismos grupos violentos
abandonan las principales autopistas tomadas para la marcha, no sin
antes dejar suficientes escombros como para impedir el tránsito. Vierten
aceite sobre el asfalto, tensan cables de acero entre postes de luz que
no son vistos por motorizados y generan graves accidentes y lesiones a
personas.
Luego, se repliegan hacia las zonas donde gobierna la
oposición y desde ahí comienzan los atentados contra personas, contra la
propiedad privada, linchamientos de cualquiera que “huela a chavista” y
atacan a instituciones públicas y hasta centros de salud. El caso más
emblemático: el ataque contra el centro de salud Materno Infantil de El
Valle, donde 54 bebés y madres tuvieron que ser desalojados ante el
violento asedio que inició con una quema de basura a las puertas del
hospital, la pretensión de ingreso a la institución y hasta el
lanzamiento de grandes piedras contra las ventanas del lugar. El pecado
de ese hospital de niños: es que lleva el nombre y fue construido por
Hugo Chávez.
Nada de esto es narrado por los medios del mundo
salvo honrosas excepciones. En municipios y estados donde la oposición
es gobierno todo es permitido, sin pudor, por policías municipales y
regionales en manos opositoras. Ante la ausencia de la contención del
orden público, la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana y la
Policía Nacional es criminalizada tanto por la representación opositora,
como por medios locales e internacionales.
Golpe Teledirigido
La
última vez que la oposición logró desviar hacia el centro de Caracas
una marcha convocada inicialmente hacia el este, dio un golpe de estado.
Fue el 11 de abril de 2002. Ese día, medios nacionales y un puñado de
militares rendidos a Washington secuestraron al Presidente Chávez, bajo
el esquema de Fake News.
Por eso, un ex ministro de comunicación e
información recientemente escribió en su cuenta Twitter que si hace 17
años, el golpe de estado contra Chávez se apoyó en los medios privados
venezolanos, esta vez la oposición intentará usar las redes sociales y
medios internacionales como campo de batalla para justificar el golpe
contra Maduro.
El objetivo entonces queda claro: estas acciones de
violencia tratan de generar un clima de ingobernabilidad en el país.
Quieren hacer creer al mundo que la contención de actos terroristas son
acciones de un "gobierno represor", "constituyen violaciones de Derechos
Humanos" y forman parte de una “ruptura del hilo constitucional” en
medio de la “crisis humanitaria”, de la cual, también sería culpable el
gobierno. Sentadas las bases mediáticas y geopolíticas para este
escenario, lo próximo que vendría sería la intervención militar
propiamente dicha, porque la paramilitar (colombiana) que sirve como
brazo de apoyo ya es un hecho.
El presidente sirio, Bashar Al Assad, afirmó en una entrevista
concedida a Telesur que todo lo que ocurre hoy en Venezuela le resulta
similar a los primeros sucesos de violencia de los primeros años de
desestabilización de su país.
Desde Rusia, la portavoz del
Gobierno, María Zajárova, criticó las declaraciones del nuevo jefe del
Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, quien recientemente advirtió
que “el empeoramiento de la crisis en Venezuela requeriría una respuesta
regional inmediata”.
Zajárova aseguró
que declaraciones como esas “fomentan la incertidumbre, suponen un
apoyo a los radicales y generan inestabilidad y confrontación”.
Días después, ella misma aseguró que era "necesario que los ingenieros de la desestabilización en Venezuela miren con más atención los resultados de su obra desde afuera para promover disturbios como ocurrió en Siria, Libia, Yemen y, en particular, en Ucrania.
¿Cuál es la esencia de lo que hacen las fuerzas exteriores en Venezuela? ¿Quieren alcanzar los mismos resultados?”, cuestionó.
Días después, ella misma aseguró que era "necesario que los ingenieros de la desestabilización en Venezuela miren con más atención los resultados de su obra desde afuera para promover disturbios como ocurrió en Siria, Libia, Yemen y, en particular, en Ucrania.
¿Cuál es la esencia de lo que hacen las fuerzas exteriores en Venezuela? ¿Quieren alcanzar los mismos resultados?”, cuestionó.
La definitiva Independencia
Venezuela formalizó su retiro
de la Organización de Estados Americanos, luego de que un grupo de 19
países con gobiernos antagónicos a la revolución bolivariana,
pretendiera tutelar a la Nación y aplicar acciones injerencistas
monroístas contra la patria de Bolívar.
El embajador venezolano
ante la OEA, Samuel Moncada, destacó en su última intervención en el
Consejo Permanente que la lamentable reunión del 3 de abril de 2017
activó la virulencia de los sectores más violentos de la sociedad. Tiene
razón. Fue desde ese momento en que comenzó la escalada.
La
canciller Delcy Rodríguez ha puesto en relieve, con razón, las palabras
del General Jacinto Pérez Arcay, viejo maestro del comandante Hugo
Chávez. Este Robinson de los nuevos tiempos aseguró que "Venezuela ha
emprendido la tercera empresa por su definitiva Independencia".
La
primera empresa, irrumpió el 19 de abril de 1810. Un grito de para
librarnos de las cadenas del yugo español, lo cual dio paso a la primera
República.
Luego vino la rebelión militar del 4 de febrero de
1992, cuando un grupo de militares bolivarianos decidió romper con el
modelo opresor, entreguista y neoliberal impuesto por el Fondo Monetario
Internacional.
Y la última empresa, anunciada el 27 de abril de
2017, es aquella que hace a los venezolanos libres del modelo monroísta y
prioriza a la diplomacia bolivariana y chavista de paz, solidaridad y
autodeterminación. En definitiva, hemos roto vínculos ojalá que para
siempre, con el obsoleto, caduco, decadente e inmoral “ministerio de las
colonias”.
Sabemos que eso no detendrá al voraz imperio
norteamericano. Por eso, la violencia debe ser detenida a tiempo y con
la acción efectiva y oportuna de la justicia. Castigo a todos los
responsables de estos escenarios de violencia, reparación y
reconocimiento a las víctimas y compromiso de no más agresiones en medio
de un diálogo honesto de las partes, son las únicas vías hacia la paz.
@ErikaOSanoja
Manual del Golpe Suave de Gene Sharp
La CIA utiliza el método del golpe suave manejando las emociones del pueblo, afirma periodista Thierry Meissan
Eriña Ortega
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