La falta de alimentos, la escasez de
medicinas, el deterioro de su calidad de vida, la desbandada
especulativa o la idea recurrente de irse del país. Estas son solo
algunas consecuencias que sufren los ciudadanos en su vida diaria.
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Policías custodian una fila de gente que compra azúcar a las afueras de un supermercado en Caracas.
Marco Bello / Reuters
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"Mire,
mándeme primero el comprobante de transferencia al WhatsApp y después
la busco", dice un taxista caraqueño por teléfono a su potencial
cliente.
Los taxistas de la capital venezolana hace tiempo que no
saben qué es un pago en efectivo porque nadie tiene tanto dinero en el
bolsillo para pagar una carrera corta: puede costar unos 100.000
bolívares, o lo que es lo mismo, los billetes reunidos después de diez
días de visita al cajero automático para retirar el monto máximo de
10.000 bolívares diarios.
Los kioscos, los puestos de buhoneros y
hasta los vendedores callejeros de chicha (popular bebida venezolana a
base de arroz o pasta) aceptan transferencias bancarias o tarjetas de débito para
transar productos que, hace dos o tres años, podían comprarse
fácilmente con el remanente de la cartera, con un 'sencillo', como se
dice en Venezuela. La historia se repite a mayor o menor escala en todo
el comercio.
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Una mujer camina entre los estantes vacíos de un automercado en Caracas. Enero, 2018.
/ Marco Bello
/ Reuters
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La
crisis económica que atraviesa el país suramericano se palpa en todas
partes: anaqueles vacíos, carros desvencijados, farmacias sin dotación,
tiendas con escasísimos inventarios, precios trepidantes. En la calle,
las culpas se reparten al mayoreo, casi siempre al gobierno y, en menor
medida, a la oposición. Sin embargo, poca gente habla de un
responsable silencioso y
externo que ha impuesto sanciones severas al país bajo el argumento de
que solo afectarían a "funcionarios corruptos" del gobierno del
presidente
Nicolás Maduro. Pero, ¿en realidad es así?
La "ayuda" de EE.UU.
En 2015, el decreto del expresidente
Barack Obama,
que calificó al país de "amenaza inusual y extraordinaria" para la
seguridad de EE.UU., sentó un precedente de política frontal contra
Venezuela que ha sido continuado por
Donald Trump en la Casa Blanca.
Después
de ese decreto empezó la inclusión de funcionarios venezolanos de alto
nivel —incluido el presidente Maduro— en listas negras y grises del
Gobierno estadounidense e instituciones multilaterales con el objetivo
de sentar las bases para un "bloqueo" financiero. ¿El mecanismo? Usar
esos datos como medida de coerción a las empresas internacionales para obligarles a rescindir o no firmar contratos de ningún tipo con Venezuela.
La
acción de Washington contó con el respaldo de la oposición venezolana y
de sus líderes, en especial del diputado opositor Julio Borges, quien
emprendió una gira internacional que lo llevó a reunirse con el
mismísimo vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, para solicitarle
sanciones y el aislamiento total de la economía venezolana. La acción
del líder del antichavismo incluyó el envío de más de una docena de
cartas a organismos financieros para pedirles que no prestaran dinero a
Caracas, aunque la crisis económica empezaba a agravarse.
Esa
acción desató la debacle de las finanzas del país petrolero. A los
correos de las instituciones públicas empezaron a llegar notificaciones
de la cancelación unilateral de contratos de corresponsalía bancaria e
interrupción de las operaciones en bancos internacionales, los 'peros'
de carácter legal y administrativos de empresas internacionales para
retrasar o impedir el pago de membresías a organismos multilaterales,
así como el bloqueo de activos financieros.
Un
informe del ministerio de Finanzas, al que tuvo acceso RT, revela que
hoy persisten las limitaciones y negativas para transacciones
financieras de bancos internacionales desde y hacia Venezuela, que son
frecuentes las demoras en operaciones, y que el exceso de rigor en la
documentación y millonarios incrementos de costos por servicios de
intermediación están a la orden del día.
El cierre del cerco
En
abril de 2016, la banca internacional comunicó a las instituciones
venezolanas que tenían prohibido hacerles pagos en dólares, a menos que
mantuvieran cuentas en los grandes bancos de EE.UU.
El alemán Commerzbank
fue el primero en cerrar las cuentas que tenían los principales bancos
venezolanos del Estado: Bandes (de desarrollo); Banco de Venezuela
(universal) y Banco del Tesoro (fiduciario), así como las de Petróleos
de Venezuela (Pdvsa).
En julio de ese mismo año la medida fue imitada por el Citibank,
que cesó de manera unilateral el servicio de corresponsalía y solo dejó
activas las cuentas utilizadas para pagos del servicio de Deuda que se
tienen con la Oficina Nacional del Tesoro de EE.UU., una decisión que ha
restringido severamente la capacidad de Venezuela de hacer pagos en
divisa norteamericana.
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Personas hacen fila al frente de un cajero automático del banco BFC en Caracas. Noviembre, 2017.
/ Marco Bello
/ Reuters
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Para
ensombrecer la situación, en agosto de 2016 el portugués Novo Banco
notificó a Venezuela que no podría realizar operaciones en dólares por
presiones externas de los bancos corresponsales.
Así como la
sencilla operación de pagar un taxi con billetes en Caracas es casi
imposible para la mayoría de los venezolanos, la opción de que Venezuela
haga sus compras con normalidad o cumpla con sus acreedores a tiempo
resulta inimaginable. Las sanciones limitan no solo la capacidad de
respuesta del país en el exterior, sino que afectan severamente la calidad de vida de los venezolanos porque impiden al gobierno adquirir alimentos, medicinas o materias primas para cubrir su consumo interno.
Amenaza a aliados
Si
en 2016 EE.UU. se dedicó a cercar a Venezuela en el exterior con sus
acciones unilaterales, el gobierno de Trump en 2017 arreció la
estrategia con medidas destinadas a presionar a los aliados de Caracas.
Las regulaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. y las presiones del Gobierno de Panamá hicieron que el Bank of China
(BOC), con sede en el país centroamericano, informara en agosto del año
pasado que no podría hacer ninguna operación en divisas a Bandes o a
favor de Venezuela.
Esas mismas restricciones impidieron la
concreción de transacciones entre bancos venezolanos y rusos en agosto
del año pasado. Tiempo después, Caracas intentó hacer un retiro de sus
cuentas colectoras en el Banco de Desarrollo de China,
pero la corresponsalía del banco en Nueva York no procesó la operación
porque se encontraba en "revisión" y tardó más de tres semanas en
hacerla efectiva.
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Gente hace fila para comprar papel y pañales a las afueras de una farmacia en Caracas. Mayo, 2016.
/ Carlos Garcia Rawlins
/ Reuters
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En octubre de 2017, el Deutsche Bank
cerró las cuentas de corresponsalía del banco Citic Bank de China por
haber tramitado pagos a Pdvsa, la industria que genera más del 90% de
las divisas que recibe Venezuela.
Asfixia a Pdvsa
Aunque
el tono diplomático entre Caracas y Washington siempre ha sido cáustico,
hasta la llegada de Trump la posibilidad de que EE.UU. atacara
frontalmente a la economía venezolana parecía lejana. No obstante, en
agosto del año pasado ese umbral se cruzó: el presidente norteamericano
restringió la transabilidad de los bonos de la República y de Pdvsa en
los mercados internacionales.
La medida tenía un propósito claro: impedir que el Gobierno venezolano recurriera a la petrolera para obtener liquidez y así paralizar las negociaciones
que había adelantado el país con instituciones financieras para
buscar alternativas de crédito. La decisión de la Casa Blanca se tomó
justo después de que Maduro lograra un triunfo electoral sobre la
oposición con el proceso Constituyente.
El argumento de Washington
para justificar la asfixia financiera a Pdvsa, en un momento en que los
precios del petróleo empezaban a recuperarse, era que la "dictadura de
Maduro" privaba a los venezolanos de "alimentos y medicinas" y por eso
el gobierno de Trump prefería aplicar medidas "cuidadosamente calibradas
para privar" al Gobierno venezolano "de una fuente fundamental de
financiamiento" y "evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y
del empobrecimiento de su población; y permitir la asistencia con fines
humanitarios". En ese
comunicado,
retórica de por medio, EE.UU. admitía abiertamente que iba a
impedirle a Venezuela usar sus propios recursos y después, claro,
pretendía ofrecerle un "rescate". Garrote y zanahoria.
El
ataque a Pdvsa por parte de EE.UU. ocurrió casi a la par con una movida
de Euroclear, la empresa encargada de custodiar los bonos de la
República. En agosto del año pasado, esa firma decidió retener más de 1.200 millones
de dólares de Venezuela, sin permitir la movilización de esos activos,
para afectar la disponibilidad de recursos a Caracas. ¿La razón?
Presiones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
norteamericana.
"El Departamento del Tesoro de la administración
de Donald Trump le ha dicho a todas estas instituciones, que son una
manera de dictadura del sistema capitalista mundial, que busquen la
forma de ahogar a Venezuela", denunció el ministro de
Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, a finales del año pasado.
Maduro calificó la acción de Euroclear como un "secuestro".
¿Cómo afecta a los venezolanos?
Importaciones
de materias primas como torta de soya, indispensable para la
elaboración de alimento balanceado para animales, se han paralizado en
los últimos meses con el único argumento de que han sido realizadas por
Venezuela. Las sanciones de EE.UU. han sido efectivas en infundir temor a
los empresarios que desean vender algún producto al país.
El miedo tiene asidero. Entre el 15 y el 28 de
diciembre del año pasado, más de 29,7 millones de dólares fueron
paralizados por bancos en Europa porque eran destinados al pago
a proveedores de alimentos. A finales de 2017 también se devolvieron 23
operaciones, que sumaban unos 39 millones de dólares, porque los bancos
intermediarios no querían recibir recursos de Venezuela.
El banco estadounidense JP Morgan, por su parte, retuvo más de 28,1 millones de dólares
que serían destinados a pagar un buque con alimentos. El resultado está
a la vista: las largas filas en Venezuela para conseguir los productos
de la cesta básica son cada vez más largas y las alternativas para
llenar la despensa más inaccesibles; los rubros de la canasta se
expenden a precios especulativos, basados en un "dólar paralelo" que se
transa un 700% por encima de la tasa oficial Dicom.
El panorama en
materia de salud no es más alentador. La empresa Euroclear ha retenido
más de 1.300 millones de dólares, de los cuales 450 millones eran
para el pago de alimentos y otros 40 millones para medicamentos.
En
el caso particular de la importación de insulina, ha sido posible para
Venezuela cumplir el cronograma de pago porque el banco estadounidense
Citibank se niega a recibir fondos de Venezuela. La situación se repite
en el deporte, con la negativa de los bancos de procesar dinero
proveniente del país para los atletas de su selección nacional; en la
agricultura, al imposibilitar la compra de semillas para el plan de
siembra; y, en resumidas cuentas, se traduce en la inestabilidad
financiera de la nación: si el país no puede honrar a tiempo sus
compromisos por trabas del sistema bancario, incurre en un impago inducido.
En
noviembre del año pasado, por ejemplo, Venezuela hizo una transferencia
de 27,6 millones de dólares al Citibank para pagar un bono de una de
sus empresas públicas, pero la operación se hizo efectiva una semana
después: un retraso del banco que implicó la declaración de 'impago' a
pesar de que el dinero estaba allí.
Como
el mercado es implacable, aunque la demora en el pago de ese bono haya
sido por causas imputables a la institución financiera y no a la nación,
la banca no pierde: la acción termina por castigar a Venezuela con el
aumento del riesgo país y el incremento de las tasas de interés para que
sea inviable pedir financiamiento.
La promesa de la Casa Blanca
"de aislar económicamente" a Maduro se ha cumplido a cabalidad. "No nos quedaremos quietos mientras Venezuela se desmorona", reza el
comunicado
de agosto del año pasado, en el que Washington asegura que su único
deseo es que en el país se celebren "elecciones libres y justas". Lo
curioso es que minutos después que el gobierno anunciara los comicios
presidenciales para el próximo 22 de abril, el 'Tío Sam' fue el primero
en oponerse con una clara
amenaza: "continuaremos presionando al régimen".
Los venezolanos saben de qué habla EE.UU. cuando amenaza con ejercer más "presiones"
porque son los primeros en sufrir las consecuencias del bloqueo
financiero: la falta de alimentos, la escasez de medicinas, el deterioro
de su calidad de vida, la desbandada especulativa, la idea recurrente
de irse del país. Hasta el taxista, que no puede comprar los repuestos
para su carro porque ya no le alcanza el dinero o ni siquiera los
consigue, sabe lo que se avecina. Lo sabe aunque su nombre no figure ni
por error en las 'selectas' listas de la OFAC.
Fuente RT