La sobreexposición de Venezuela en la escena mediática internacional sigue en boga en una nueva intención de exponer al país como un Estado fallido que experimenta una "crisis humanitaria" con graves consecuencias para la estabilidad de la región sudamericana y, más allá, global. En particular, la migración venezolana ha sido un punto en la agenda global, no lleno de controversia si se toma el caso con pinzas.
El contexto en que la migración comenzó a llamar la atención de organismos y medios occidentales era propicio para la criminalización de la República Bolivariana, teniendo en cuenta el deterioro del tejido económio, financiero y comercial del país producto de las crecientes medidas unilaterales coercitivas que se fueron expediendo desde la Casa Blanca y el Congreso estadounidense desde el último gobierno de Barack Obama.
Sin duda este escenario, más la inestabilidad política e institucional que sufrió la sociedad a partir de la actitud forajida de la Asamblea Nacional controlada en su totalidad por lo más representativo del liderazgo antichavista, hoy viviendo de los patrocinios dirigidos a los planes de "cambio de régimen" que mantiene la administración Biden sobre el Gobierno Bolivariano, han sido determinantes para que una buena parte de la población migrara hacia otros países.
Pero existe una manipulación politizada del fenómeno migratorio que está a la vista si se toma en cuenta no solo los factores de fondo que causan la migración venezolana, sino también los formales que son exprimidos hasta el punto de viciar el discurso en torno al asunto y degradarlo a la categoría de "diáspora".
Incluso, el antichavismo tiene en la calificación de "refugiados" un modelo para armar expedientes que sirvan de sustancia al "expediente Venezuela". Tal es el propósito de ciertas ONG como Foro Penal, el cual ha aprovechado sus privilegiadas relaciones con Estados Unidos y sus operadores para intentar convencer a representantes gubernamentales de distintos países en Sudamérica, Norteamérica y Europa de politizar el tema migratorio venezolano a favor de sus intereses.
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| Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, directores de la ONG Foro Penal |
La ONG que dirige el abogado de un terrorista es la principal fuente de la OEA para decir que en Venezuela hay presos políticos https://t.co/UmXjjBGCjk
— MV (@Mision_Verdad) June 19, 2021
Aparte de la evidente politización que existe en el tratamiento del tema, las expectativas de que se pudieran paliar las condiciones de ciertos migrantes venezolanos en la región con capacidad financiera se han visto disminuidas. La organización Sures ha estado publicando informes con especial enfoque en las variables políticas y mercantiles que se cruzan en la campaña antivenezolana de la migración, explicando que "la preocupación por los dramas humanos, que no han sido pocos ni desdeñables, degeneró en más uso y abuso de su visibilización que en acciones efectivas de apoyo efectivo a los migrantes".
En efecto, desde -sobre todo- el año 2017 se vienen exponiendo diferentes cifras con relación a la cantidad de la población venezolana que ha salido del país, por diferentes razones, lo que ha dado pie a la manipulación con fines propagandísticos de parte del antichavismo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Cancillería de Colombia, políticos de la oposición venezolana y otras entidades han emitido números que no coinciden por mucho. Muchas de sus vocerías han proclamado que la principal causa de la migración es política y no de índole económica, incluso ideológica.
Sures reseña brevemente un informe de la OIM sobre flujo migratorio entre Colombia y Venezuela de 2017, concluyendo que "en el año crítico de la emigración venezolana [2017], tres cuartas partes de las personas que cruzaron en ese período de Venezuela a Colombia eran de nacionalidad colombiana, y para el momento no se detectaba en las motivaciones del cruce de la frontera nada que aludiera a restricciones o persecución política", muy contrario a lo pregonado en aquellos meses por Julio Borges, en busca de promover el bloqueo financiero y el embargo petrolero contra el país todo.
El grado de las distorsiones y manipulaciones en torno al tema tuvo "dos efectos indeseables de la acción internacional en el tema de migrantes y refugiados: la movilización política en busca de acciones de desconocimiento de las legítimas autoridades venezolanas, y la captación y desviación de fondos destinados al apoyo a los migrantes", afirma la primera entrega de Sures, "Uso político y mercantilización de la migración venezolana (I)".
Dicho escollo en torno a la cifras no ha permitido una estrategia fiable que pudiera atenúar el drama de los venezolanos fuera de su tierra. En la segunda entrega de "Uso político y mercantilización...", Sures analiza el informe del mes de mayo pasado hecho por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) donde afirma que existen más de 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos.
Sures desmonta el alarmismo en las cifras, tomando en cuenta los datos que aporta la misma R4V sobre las personas venezolanas con estatus de residentes legales, los solicitantes de asilo y las reconocidas como refugiadas en cada país de destino, haciendo precisiones y calculando cifras con mayor rigor según las situaciones migratorias. Recomendamos su lectura para una mayor profundización, pues excede los límites temáticas de esta nota.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
No solo es grave cómo se ha instrumentalizado el fenómeno en cuestión en torno a las respectivas cifras, también lo ha sido el hecho de que mucho dinero ha fluido para atender la "crisis de refugiados" venezolanos en países de la región, en especial Colombia por su relación vecinal con Venezuela.
Aunque es difícil "cuantificar los montos recibidos por los gobiernos, ONG y factores políticos por ese concepto", dice Sures, debido a la falta de fiscalización o contraloría, se pueden sacar algunas cuentas sobre los montos emitidos por Estados Unidos y otras entidades internacionales a Colombia que se han reportado por medios, recopilado por la organización venezolana.
En un reporte de febrero de 2020, el Departamento de Estado durante la Administración Trump difundió el monto de sus aportes hechos desde 2016 a la "asistencia humanitaria para los venezolanos": más de 656 millones de dólares.
Antes de entregar la Oficinal Oval, en enero pasado, la Administración Trump anunció que el monto aportado por Estados Unidos "en ayudas para venezolanos vulnerables" era de 1 mil 200 millones de dólares.
Citamos a Sures: "El 30 de marzo de 2020, el portal Uniminuto Radio realizó un recuento de los recursos recibidos efectivamente, solo por Colombia: la cifra sumaba 950 millones de dólares desde 2017, 'sin contar que ACNUR, la iglesia católica y otras Organizaciones No Gubernamentales también contribuyen con el bienestar de los migrantes'. Entre los aportes más destacados del reportaje se encontraban uno de 89 mil dólares del gobierno de Estados Unidos al hospital Erasmo Meoz de Cúcuta; 31,5 millones de dólares del Banco Mundial (julio de 2019); 120 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos al de Colombia, entregados por la asesora e hija del entonces mandatario Donald Trump, 'para atender la población migrante de Venezuela'".
La Unión Europea, en septiembre de 2019, entregó a Colombia 30 millones de euros y, un mes después, España 50 millones de euros.
El gobierno de Canadá convocó la "Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos" hecho en colaboración la ACNUR y la OIM con la intención de, como afirma Sures, "incrementar el monto destinado, al menos en las declaraciones y cartas de intención, a las y los venezolanos en proceso de migración fuera de Venezuela". Supuestamente, en el evento inversores prometieron más de 1 mil 500 millones de dólares en subvenciones y préstamos.
El montaje en Río Bravo da sus frutos. Hoy en la "Conferencia de Donantes para Migrantes Venezolanos", organizada en Canadá, se anunció la recaudación de más de 1.500 millones de dólares.
¿Quiénes recibirán el dinero? ONG, agencias y representantes de Guaidó. pic.twitter.com/dn8a8Mfl2a — MV (@Mision_Verdad) June 17, 2021
https://twitter.com/Mision_Verdad/status/1405618780869365760?s=20
El Gobierno Bolivariano tachó el evento de "farsa mediática" y de "operación de propaganda política" ideada por Estados Unidos, y denunció que los participantes manipularon el concepto de "refugiados" como tantas veces más en el pasado, invisibilizando el bloqueo económico, financiero y comercial occidental como un factor determinante en el aumento de la migración venezolana.
En la página web de la convocatoria a la Conferencia Internacional de Donantes de este año afirman que en un evento similar hecho en mayo de 2020, realizado por la UE y el gobierno español, "dio lugar a promesas de contribuciones por valor de 2 mil 790 millones de dólares, incluidos 653 millones de dólares en donaciones, una demostración tangible de la solidaridad de la comunidad internacional para hacer frente a las necesidades urgentes. Esta financiación ha mejorado la vida de 3,18 millones de refugiados y migrantes venezolanos vulnerables, incluidas mujeres y niñas, y sus comunidades de acogida:
"1,9 millones recibieron ayuda alimentaria
"1,2 millones recibieron asistencia sanitaria
"907 mil recibieron asistencia en materia de protección
"657 mil recibieron ayuda en metálico".
Aunque aseguran que las donaciones sirven "para movilizar recursos adicionales que tanto se necesitan", Sures declara que "la profusión e intensidad de las campañas de ataque y contraataque ha puesto la mira en los recientes casos de corrupción alrededor de los problemas de migración, enlazados, vía manejo político, con la agenda mediática 'ayuda humanitaria'".
"La poca eficacia de los mecanismos de contraloría y fiscalización de los recursos por estos conceptos, unida a la imposición de un sistema de jerarquías en el que la destrucción de gobiernos tiene prioridad sobre los dramas humanos reales, enturbian los procesos de ayuda efectiva y tienden a erosionar la imagen de entidades dispuestas a proporcionar recursos y apoyo, pero en algún momento pierden el control sobre esos efectos", remata el informe "Uso político y mercantilización de la migración venezolana (III)".
En la cuarta entrega de "Uso político y mercantilización de la migración venezolana", Sures expone las razones por las cuales es difícil seguir el monitoreo y la contraloría al dinero y recopila la información disponible en medios:
"La principal dificultad para el monitoreo y contraloría sobre esos recursos es que no existe una legislación internacional única, ni tampoco mecanismos de acceso al detalle de las recepciones y desembolsos por concepto de ayudas, contribuciones o donaciones específicas para el auxilio a las personas migrantes o en proceso de desplazamiento o movilidad. Tampoco es viable el abordaje sistemático de comunidades, conglomerados e individuos en proceso migratorio, con el objeto de obtener sus testimonios sobre la cuantía, regularidad o dimensión de las ayudas recibidas. Tan inestable y móvil como la población objeto de análisis es el curso o destino de los fondos profusamente otorgados a 'refugiados y migrantes de Venezuela y a las comunidades de acogida'.
"Diversas investigaciones periodísticas a lo largo de los últimos dos años pueden ayudar a tener al menos una idea del histórico de contribuciones, sobre las cuales no existe fiscalización alguna, ni método probable de cuantificación y verificación de su correcto empleo según los conceptos:
"Abril de 2018: 'ACNUR: La comunidad internacional ha proporcionado 46 millones de dólares en ayuda y solo 2.5 millones provienen de los Estados Unidos'
"Abril de 2018: Matthew Reynolds, representante regional para Estados Unidos y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR): 'La calificación de crisis, es condición necesaria para mayor erogación de fondos y acceso a recursos de BM y BID'.
"Diciembre de 2018: 'ACNUR: requerimientos de fondos del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela es de 738 millones de dólares'
"Octubre de 2019: 'El canciller español Josep Borrell anunció que su país donará 50 millones de euros para solventar la migración venezolana'
"Diciembre de 2019: "La millonaria donación del Banco Mundial'
"Desde marzo de 2017 hasta marzo 2020: 'Colombia ha recibido unos 950 millones de dólares para ayudar a venezolanos'
"4 de febrero 2020: 'EE.UU. destinó más de 656 millones de dólares a la asistencia humanitaria a venezolanos'
"Diciembre de 2020: 'ONU solicita 1.440 millones de dólares para el 2021'
"Enero de 2021: 'EE. UU. ha entregado 1.200 millones de dólares en ayudas para Venezuela'".
A pesar de que todos los titulares resaltan el hecho de que se ha donado considerables cantidades de dinero para atender la migración venezolana en distintos países, no resulta posible hacer una labor de fiscalización o contraloría a estos flujos debido a que en muchas de esas noticias, dice Sures, "se entremezclan anuncios o compromisos verbales, desembolsos efectivamente realizados, informes con fines honestamente informativos y otros evidentemente publicitarios".
Lo cierto es que, a pesar los miles de millones de dólares que han ido a parar a gobiernos, instituciones varias, ONG y bancos, no se ha visto ninguna mejoría en las condiciones de migrantes venezolanos en la región. De hecho, el gobierno de Iván Duque constantemente está pidiendo ayudas financieras y muestra una situación que no parece mejorar, aun cuando los flujos migratorios venezolanos hayan disminuido, sobre todo con la pandemia y el cierre de fronteras.
No cabe sino concluir que el tema de la migración venezolana, al decir de Sures, "ha sido y seguirá siendo manipulado propagandísticamente con fines políticos, e incluso conspiratorio y desestabilización; ha sido y seguirá siendo objeto de tergiversaciones y deformaciones con fines crematísticos; [y] escapa a los métodos y canales tradicionales de fiscalización, monitoreo y contraloría".
El drama de la población venezolana fuera del país solo ha sido una excusa para los fines estadounidenses de "cambio de régimen" y la acumulación dineraria, pues para ciertos gobiernos, partidos políticos, ONG y bancos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todos afines al antichavismo internacional, este fenómeno es una "oportunidad" capitalista que genera muchos ingresos y muy pocas pérdidas.
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