Las sanciones contra
Venezuela son mecanismos reales y palpables de destrucción del Estado,
la identidad y, con esta, de la sociedad venezolana. Forman parte de una
estrategia de guerra basada en la aplicación de diversos recursos y
herramientas sofisticadas de hegemonía financiera contra nodos
fundamentales de la vida nacional. Aunque en Venezuela no caigan bombas
ni se vean marines estadounidenses desembarcando por las costas, sobran
evidencias de los recursos de agresión permanente, nacional e
internacional, por parte de sectores corporativos y políticos.
En este contexto, desde 1999 las maniobras internas del antichavismo
se alternaban entre mecanismos de bajo perfil como el boicot o la
desinversión empresarial y acciones contundentes como el golpe de abril
de 2002 o el paro petrolero.
Desde 2015, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria a
la seguridad nacional de Estados Unidos", se hizo indiscutible la
vanguardia política y el liderazgo en el antichavismo de la
élite transnacional que gobierna en Washington, ellos imprimieron mayor
firmeza a una ristra de medidas que han determinado no solo la
destrucción de la economía nacional sino modificado gravemente el
imaginario cultural.
Lo que se comprende en su justa dimensión con las declaraciones de
Jack Lew, ex secretario del Tesoro durante la Administración Obama,
quien considera que las sanciones son más efectivas y baratas para
doblegar a sus enemigos que el poder tradicional, porque tienen
influencia en los mercados financieros estadounidenses, el nervio
central de la economía globalizada. Las sanciones, así, son medidas de
asedio a fortalezas, como en la era medieval, aggiornadas a esta nueva
era de poder inteligente, tecnologizado, globalizado, donde cada nervio
que toca el poder es en función de doblegar a sus enemigos, según Lew.
2015: Estados Unidos asume el mando del antichavismo
El bloqueo financiero ha venido mutando desde el ataque a la deuda,
pasando por el aislamiento del sistema financiero estadounidense, hasta
llegar a la aplicación de técnicas de espionaje que persiguen las
transacciones venezolanas, y retienen fondos destinados a la importación
de alimentos y medicinas.
Venezuela sufre desde entonces los embates de la caída de los precios
del petróleo debido a que Estados Unidos acordó con Arabia Saudita
aumentar agresivamente la producción de petróleo para bajar los precios y
afectar a importantes países productores, como Venezuela, Rusia e Irán.
Además, la economía comenzó a deteriorarse por falta de ingresos y una compañía creada en Miami en 2010, llamada Dólar Today,
que devaluó artificialmente el valor de la moneda con el fin de iniciar
una escalada inflacionaria. Venezuela perdió ese año aproximadamente el
60% de sus ingresos nacionales.
La Orden Ejecutiva (13692) firmada por la Administración Obama en
marzo de 2015 inició las acciones de bloqueo financiero contra Venezuela
y, con ella, el gobierno estadounidense hizo del ataque económico
contra el país un asunto legal. Basada en la Ley de Emergencia de
Poderes Económicos Internacionales, activada a nivel constitucional,
para dotar a la administración de turno de herramientas para
"defenderse" de la amenaza.
Bajo este pretexto, la Casa Blanca colocó en estado de alerta a su
sistema financiero, a través del Departamento del Tesoro, respecto a
operaciones financieras venezolanas.
Con la excusa de bloquear la movilidad de cuentas personales no
demostradas de, hasta entonces, siete funcionarios venezolanos, este
instrumento legal ha atacado el uso del sistema financiero
estadounidense para importar alimentos y medicinas por parte del Estado
venezolano.
En paralelo, las calificadoras de riesgo, agencias creadas por
Estados Unidos para desestabilizar países soberanos, publicaban un mapa
global de "países riesgosos". Esto para complementar el cerco
económico-financiero contra los planes de recuperación del gobierno
venezolano, producto de la caída de los precios del petróleo.
Venezuela fue catalogada por la empresa financiera de origen francesa Coface
como el país con el riesgo país más alto de Latinoamérica, similar a
países africanos que actualmente se encuentran en situaciones de
conflicto bélico. El "estudio" fue realizado con base a las
calificaciones negativas de las tres grandes calificadoras
estadounidenses, Standard and Poor's, Fitch Rating y Moody's,
responsables en buena medida del colapso financiero mundial del año
2008.
A partir de 2015 comenzó a aumentar artificialmente la variable del
riesgo-país para obstaculizar la entrada de financiamiento internacional
y, hasta el primer semestre de 2018, estas tres grandes calificadoras
han arreciado sus ataques contra Venezuela, omitiendo los oportunos
pagos de deuda con el fin de empujar al país hacia el default y
proyectar una situación de inseguridad para la inversión internacional.
En este contexto de asedio con base en el descontento social
producido por la baja de los precios petroleros, la escasez, el
desabastecimiento y la ola de saqueos, el antichavismo ganó la mayoría
en la Asamblea Nacional y configuró un piso más alto, ahora desde la
instancia parlamentaria, para las agresiones financieras contra
Venezuela.
2016: Cerco financiero y el default que no llegó
En abril de 2016, el Fondo Monetario Internacional alertaba sobre la
"catástrofe económica" en Venezuela mediante un informe, generando
expectativas de colapso, inflación y escasez para legitimar las acciones
de guerra económica llevadas a cabo por Fedecámaras y Consecomercio,
las dos principales entidades privadas del país.
La Asamblea Nacional, en desacato por incorporar a tres miembros cuyas elecciones fueron demostradamente fraudulentas, aprobó instrumentos legales
en mayo y agosto que declaraban "nulos" los contratos petroleros,
inversiones internacionales y la emisión de nuevo endeudamiento por
parte del país, intentando con ello obstaculizar que dinero fresco
entrara a las arcas del Estado.
Durante 2016 y 2017 fueron cerradas
cuentas venezolanas en Estados Unidos por parte de bancos privados de
gran envergadura, como Citibank y JP Morgan, debido a que la Orden
Ejecutiva 13692 facultó al Departamento del Tesoro para emplear
mecanismos de vigilancia a las transacciones financieras de Venezuela en
Estados Unidos.
Tras la excusa de proteger su sistema financiero de "funcionarios
corruptos", se buscaba aislar a Venezuela del sistema financiero
norteamericano y obstaculizar tanto sus importaciones como el pago de la
deuda externa. A ello se unió el segundo banco más grande de Alemania,
Commerzbank.
En julio de 2016, el índice de riesgo país EMBI, creado por el banco JP Morgan,
colocó a Venezuela con el puntaje más alto del mundo (2640 puntos) por
encima de países en guerra como Ucrania, aun cuando el Estado venezolano
pagó 6 mil millones de dólares en deuda externa ese mismo año. En
septiembre, PDVSA realizó una oferta para canjear 7 mil 100 millones de
dólares en bonos con el fin de aliviar sus pagos, y las tres grandes
calificadoras de riesgo estadounidense buscaron atemorizar a los
inversionistas con declarar default si accedían a la propuesta de la
estatal petrolera.
En noviembre, JP Morgan emitió una falsa alerta de default sobre un
supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares para generar temor en el mundo financiero
y dañar la imagen de la estatal. También la petrolera
estadounidense ConocoPhillips demandó a PDVSA ante una Corte en Delaware
por su operación de canje de bonos para atemorizar a los participantes y
con ello hacer fracasar la operación.
En este entorno agresivo contra la economía venezolana, la inflación
mediante el efecto Dólar Today cerró en 800% aproximadamente, según
cifras filtradas a algunas agencias internacionales.
2017: Embargo, violencia fracasada y más desestabilización
En abril de 2017 el presidente (electo ilegalmente) de la Asamblea
Nacional, Julio Borges, exigió a más de 20 bancos internacionales cesar
sus vínculos económicos y financieros con Venezuela. Mientras que en
mayo declaró "nula" la compra de 865 millones de dólares en bonos PDVSA
por parte del banco estadounidense Goldman Sachs.
En su afán por coordinar las sanciones financieras y económicas
contra Venezuela, y utilizando el Parlamento como un instrumento para
legitimar el bloqueo financiero, Borges se reunió con el asesor de seguridad nacional
de la Casa Blanca de ese entonces, el general H.R. McMaster. De esta
manera el bloqueo financiero impidió al país importar alimentos y
medicinas necesarias para su supervivencia.
Apoyado por Estados Unidos y la OEA, el antichavismo venezolano
emprendió una nueva escalada de caos y violencia más intensa y peligrosa
que la de 2014, lo que ocasionó pérdidas millonarias al país y dejó un
saldo lamentable de 130 muertos y miles de heridos. Asimismo, Estados
Unidos sancionó a más de 20 funcionarios venezolanos, representantes de
todos los poderes públicos y responsables de mantener el orden interno,
como una medida para alimentar el caos de las guarimbas.
Como medida extrema, el presidente Nicolás Maduro convocó en mayo a
elegir una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyos comicios se
llevaron a cabo en julio en medio de una violencia focalizada. Más de 8
millones de venezolanos asistieron a la elección y se cerró a partir de
ahí un traumático escenario de violencia. El país ganó estabilidad
política y social ante un ciclo de agresiones que apuntaron a sacar al
presidente Nicolás Maduro, y eliminar de cuajo el marco constitucional
actual.
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| Así responde el pueblo del Táchira a tu lealtad. Nadie ni nada los detiene para votar por la #CONSTITUYENTE |
2017 después de la elección constituyente: Virulencia injerencista
Entre agosto y noviembre corrieron los días más dinámicos de la
agresión contra Venezuela ese año. Al fracasar las guarimbas, Europa
entró en el juego desestabilizador; en agosto el banco suizo Credit
Suisse prohibió a sus clientes realizar operaciones financieras con
Venezuela, tal como había solicitado Julio Borges en abril.
Por su lado y mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió la compra
de deuda venezolana y la repatriación de los dividendos de Citgo, filial
de PDVSA en Estados Unidos, cerrando así dos vías de financiamiento
clave para una Venezuela devastada por las guarimbas.
A continuación, Estados Unidos comenzó a ejecutar un embargo petrolero no declarado.
Los bancos privados estadounidenses, presionados por el Departamento
del Tesoro, se negaron a emitir cartas de crédito para la compra de
crudo venezolano, afectando así los ingresos de la nación.
La empresa PBF Energy, una de las refinadoras que realizaba mayores
compras a Venezuela, tuvo que desistir de sus lazos económicos por el
país producto de las sanciones.
En septiembre, el Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Crímenes Financieros (FINCEN), emitió
una alerta denominada "banderas rojas" que impone un sistema de
vigilancia y control a las transacciones financieras de Venezuela para
impedir el pago de alimentos y medicinas mientras que, producto de las
sanciones de Trump emitidas en agosto, Citgo comenzó a tener problemas
para adquirir crudos para sus refinerías y mantener sus operaciones
estables.
En este contexto, unas 300 mil dosis de insulina pagadas por el
Estado venezolano no llegaron al país porque Citibank boicoteó su
compra. Al mismo tiempo, el desembarco de 18 millones de cajas CLAP a
Venezuela fue interrumpido por las trabas impuestas por el sistema
financiero estadounidense, dado que sus autoridades cerraron 52 cuentas
bancarias de venezolanos en entidades como Wells Fargo, East y City,
debido a que sus titulares, supuestamente, estaban vinculados al
gobierno venezolano.
Mientras esto sucedía, se realizaron las elecciones regionales con
más de 11 millones de votos en todo el proceso. El chavismo obtuvo 19 de
23 gobernaciones en unos comicios, convocados por la ANC,
donde participaron toldas políticas del antichavismo como Acción
Democrática y Voluntad Popular.
Pese a eso, aun cuando en los últimos tres años Venezuela no había
dejado de honrar sus compromisos internacionales, en noviembre la
empresa europea Euroclear, fundada por JP Morgan, secuestró 1 mil 650 millones de dólares que estaban destinados a la compra de alimentos y medicinas.
El comité de las Américas de la Asociación Internacional de Swaps y
Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), declaró a Venezuela en
default, omitiendo el pago de deuda por 70 mil millones de dólares en
los últimos dos años. Mientras JP Morgan volvió a aumentar el
riesgo-país de Venezuela a 2.989 puntos, la cifra más alta desde 2014,
cuando se ubicó en 1.458 puntos.
La calificadora de riesgo Standard and Poor's declaró a Venezuela en
"default selectivo" porque no pudo honrar unos compromisos de deuda,
producto de que las sanciones limitaron las transacciones financieras
del país en el sistema de pagos estadounidense. Con estas maniobras
intentaron abrir la puerta para confiscar bienes de PDVSA.
Ese mismo noviembre la gestora de bonos estadounidense Wilmington Trust acusó a Corpoelec de no cancelar intereses de deuda
por el orden de los 27 millones de dólares, justo cuando el país vivía
un bloqueo total a los medios de pago en el sistema financiero
estadounidense.
Tanto así que un cargamento de Primaquina, medicina usada para tratar
la malaria, no ingresó al país por el bloqueo de un laboratorio
colombiano llamado BSN Medical y 23 operaciones en el sistema financiero
internacional fueron devueltas: un total de 39 millones de dólares para
alimentos, insumos básicos y medicamentos.
En diciembre, otras 19 cuentas bancarias de Venezuela en el
extranjero fueron cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses,
impidiendo los pagos a los acreedores, mientras el antichavismo decide
no participar en las elecciones de alcaldes luego de su derrota en las
regionales de octubre. El chavismo nuevamente arrasa con más del 95% de
todas las alcaldías.
2018-2019: Ataque descomunal y multifactorial
En enero de 2018, el jefe de la CIA de turno, y actual secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó
en una conferencia en el Instituto Americano de la Empresa que las
sanciones financieras contra Venezuela habían sido coordinadas por él
directamente con el presidente Trump.
Al mismo tiempo, once bonos venezolanos y de PDVSA, por valor de 1
mil 241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores
por el obstáculo de las sanciones. La Asamblea Nacional (aún en
desacato) firmó un acuerdo donde criminalizó el criptoactivo
venezolano Petro, reafirmando su interés por mantener sin fuentes de
financiamiento al país.
En marzo, la Administración Trump, mediante orden ejecutiva, declaró
ilegal la compra u otra operación relacionada con el Petro por parte de
empresas y ciudadanos estadounidenses. Con esta maniobra legalizó el acuerdo de la Asamblea Nacional afectando la
preventa inicial y los recursos que ingresarían al país en un contexto
donde otros 2 mil 500 millones de dólares de Venezuela fueron retenidos
en bancos estadounidenses. Este dinero en buena parte iba a ser dirigido
al pago de acreedores internacionales.
En ese mes, quince boxeadores venezolanos no pudieron viajar
al evento clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe
2018 (CAC) en México debido a las sanciones financieras que impidieron
procesar los pagos para la logística. Una vez, sorteado este escollo, el
otro drama fue que Colombia bloqueó su espacio aéreo para que estos
boxeadores realizaran el viaje.
El gobierno colombiano bloqueó 400 mil kilos de alimentos
en cajas CLAP que ingresarían al país para fortalecer este programa con
el que más de 6 millones de familias se alimentan en todo el territorio
nacional.
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En abril, Estados Unidos y Colombia crearon un grupo de inteligencia
financiera para bloquear la importación de alimentos y medicinas
internacionalizando la asfixia financiera. Y en mayo la petrolera
estadounidense ConocoPhillips ejecutó una serie de embargos contra
activos de PDVSA por el reclamo de un laudo arbitral por 2 mil 40
millones de dólares exigido a la Cámara de Comercio Internacional.
Esta maniobra no sólo afectó su capacidad instalada en el ámbito
internacional, sino que limitó los ingresos del país por venta de crudo
intensificando el daño al corazón de la economía nacional y buscando
disolver más el tejido social que sostiene parte de la estabilidad.
A ello se unió la empresa minera de capital canadiense Rusoro,
presentando una demanda que buscaba unir los activos de Citgo y algunos
de PDVSA como pago por un premio de arbitraje de 1 mil 200 millones de
dólares. También la contratista canadiense SNC-Lavalin demandó a PDVSA
por más de 25 millones de dólares por supuesto impago de deuda, ante un
tribunal de Nueva York.
Así, Estados Unidos reforzó su política de asfixia financiera y
secuestro de recursos venezolanos limitando tanto la venta de activos
petroleros de Venezuela en suelo estadounidense, como la liquidación de
cuentas por cobrar, en respuesta al triunfo presidencial del chavismo el
20 de mayo.
A su vez, los países del Grupo de Lima acordaron, siguiendo la
política de Trump, poner la inteligencia financiera de sus respectivos
Estados para perseguir las transacciones, cuentas y operaciones
financieras de Venezuela. El resultado de todo esto fue la abrupta caída
de importaciones, que pasaron de los 60 mil millones de dólares
anuales, entre 2011 y 2013, a un total de 12 mil millones en 2017.
Uno de los puntos culminantes de esta fase de agresiones, sin duda,
es el embargo de la empresa de PDVSA en territorio estadounidense,
Citgo, anunciado por el director del Consejo de Seguridad Nacional, John
Bolton, en consonancia a la imposición de un embargo petrolero contra
el país.
Esto busca dañar aún más la capacidad de conseguir financiamiento
para Venezuela y, por lo tanto, pagar importaciones, dado que los efectos de este virtual embargo en lo inmediato son "atroces", según The New York Times, si
se tiene en cuenta que en la primera semana de efectuado las ventas de
petróleo venezolano a Estados Unidos se redujeron en un 40%.
Así se ha configurado el escenario de "crisis humanitaria" que sirve a
las pretensiones intervencionistas que apuntalan el interinato de Juan
Guaidó en el marco de una estrategia definitiva para asaltar los
recursos y la dignidad nacional.
Desconfigurar el país es el objetivo fundamental
Datos históricos demuestran que el bloqueo financiero ha preparado el
escenario para la intervención y el reconocimiento internacional de un
gobierno paralelo (caso Libia), crear incentivos económicos a los
movimientos mercenarios estimulados desde la CIA (caso Yugoslavia),
debilitar a la fuerza armada de un gobierno no alineado a Washington y
fortalecer el poder de fuego de grupos paramilitares (caso Siria),
fracturar el alto mando político-militar utilizando la precariedad de la
población como vía de presión política (caso Cuba) o la afectación de
la industria petrolera y condiciones internas para impedir el desarrollo
energético como arma política (caso Irán).
El bloqueo financiero contra Venezuela persigue la destrucción masiva
de la economía nacional, el desmantelamiento de los logros sociales de
la era Chávez y la afectación de la población más pobre que desde 1998
ha demostrado ser la base política más sólida del chavismo y, sobre
todo, el socavamiento de la confianza nacional en que las
potencialidades internas del país (su población y recursos estratégicos)
pueden proveer los recursos necesarios para retomar la estabilidad.
En pocas palabras: negar por completo el derecho de una nación a
constituirse por sí misma ante las dificultades, y decidir su propio
futuro más allá de las decisiones tomadas en unas pocas oficinas
alejadas del país.
Credito: Mision Verdad
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