Colombia promueve un conflicto con Venezuela por mandato gringo

Hace tres días el presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró a la agencia española EFE que, con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en Venezuela se ha instaurado una "dictadura" y agregó que "no descarta" romper relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro. Esto señala un escenario de confrontación entre los dos países vecinos apuntalado, principalmente, por Estados Unidos.

No es ninguna novedad admitir que los actuales acuerdos de paz en Colombia se deben a los impulsos debidos a Hugo Rafael Chávez Frías y la capacidad de negociación del cuerpo diplomático del Gobierno Bolivariano, sobre todo de Nicolás Maduro cuando fuera canciller de la República. De hecho, así lo reconoció Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el día en que firmaron los documentos el gobierno colombiano y las FARC-EP el año pasado.

Venezuela no sólo ha jugado un papel significativo en el desarrollo de estos acuerdos, al mismo tiempo ha recibido del gobierno de Santos una beligerancia determinada por varios factores, cuyas consecuencias escalan hasta una tensión bilateral que pareciera tener como fin una confrontación directa e inédita hasta los momentos entre los países vecinos.

Detrás de esos factores se encuentra un actor de poder, heterógeneo en su composición y homogéneo en sus fines, como lo es Estados Unidos. La ayuda que prestó el chavismo a la disminución de la confrontación interna entre guerrillas, paramilitarismo y Estado es colateral con respecto a una política oficial que comienza en la tesis del Pentágono conocida como el Arco de Inestabilidad, que comprende a nuestro país por ser uno petrolero, y tiene como expresión en suelo colombiano la Doctrina Damasco, que reúne en una operatividad conjunta a los ejércitos de Colombia, Chile y EEUU y la OTAN en el marco del así llamado "post-conflicto".

¿Está Colombia apuntando hacia territorio venezolano? Algunas claves demuestran que, hasta los momentos, es así, sobre todo luego de que la violencia antichavista local disminuye con el paso de los días y el factor geopolítico toma mayor relevancia con la reciente Declaración de Lima.

Declaraciones e injerencia

Desde que Santos se reuniera en Washington con el presidente Donald Trump para reafirmar la alianza bilateral, y también con Lindsey Graham, Marco Rubio, Bob Corker y John McCain, cuatro senadores estadounidenses que buscan ampliar las sanciones al país, sus declaraciones sobre la situación venezolana han venido calentándose hasta el punto de considerar al Gobierno Bolivariano de "dictadura".

Tal vez se deba a que, según el medio colombiano El Tiempo (de la oligárquica familia Santos, precisamente), los senadores en conjunto le ofrecieran al gobierno de Colombia "ayuda militar para contrarrestar cualquier provocación o un posible conflicto con Venezuela".

Complacido tras ver el apoyo bipartidista en EE UU hacia nuestro país y por su respaldo a #PazColombia #VisitaAWashington pic.twitter.com/8rkyHUsesf

— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 18 de mayo de 2017

Aunque la administración Santos ha tenido roces diplomáticos con Venezuela desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia, en momentos álgidos de confrontación política interna ha llamado al diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la MUD, así como lo hiciera reiteradamente el Jefe del Estado.

Sin embargo, con la instalación de la ANC, Santos toma una posición de beligerancia análoga a la de los demás gobiernos tutelados como Perú y México y declara que ese poder plenipotenciario, que desconoce oficialmente, "es la culminación de la destrucción democrática venezolana".

Además, de aquella reunión entre Santos y los nombrados senadores estadounidenses viene esa subida de tono que periodistas en Colombia como Rafael Guarín, de la línea uribista, reclamaban de su presidente al escribir: "Tocó que Trump lo apretara".

A esto hay que añadir las declaraciones de Mike Pompeo, actual director de la CIA, en el Foro de Seguridad auspiciado por el Aspen Institute en Colorado, EEUU. Allí aseguró que la central de inteligencia trabaja en conjunto con los gobiernos de Colombia y México para generar un "cambio de régimen" (golpe de Estado) en Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro denunció lo expresado por el jefe de la CIA y pidió una explicación tanto a Colombia como a México. La cancillería colombiana declaró que "Colombia jamás ha sido un país intervencionista", a pesar de lo dicho por Pompeo.

Por otro lado, las declaraciones del ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría, desmienten lo versado por la cancillería del gobierno que representa. Cárdenas dijo en una entrevista que su país acompañaría las sanciones a 13 funcionarios que aplicara EEUU en julio pasado. Y agregó que "lo primero que hacemos es ofrecer toda nuestra colaboración (a EEUU) para tenderle un cerco desde el punto de vista financiero" a los representantes de la institucionalidad venezolana.

Incluso William Brownfield, ex embajador estadounidense en Venezuela y actual secretario adjunto de Estado de Seguridad y Lucha Antinarcóticos, anunció recientemente posibles "problemas políticos y bilaterales" sobre posibles litigios con respecto a los cultivos de coca, y subraya la responsabilidad de Venezuela en lo que Colombia es ejemplo: el narcotráfico en la región.

Todo esto viene condimentado con la mediática colombiana que demoniza y azuza constantemente lo sucedido en Venezuela y convierte al gobierno de Santos en víctima de los "desmanes totalitarios" del chavismo.

Nada más con lo declarado, y con las acciones financieras que toma Colombia con respecto a Venezuela, se puede prever un escenario de confrontación política que también tiene extensiones militares con la mencionada Doctrina Damasco, y sobre todo paramilitares con la inserción de este tipo de contigente violento transnacional en territorio venezolano.

Colombia, exportador de violencia mercenaria

Es público y notorio que con el Plan Colombia se instalaron siete bases militares que izan la bandera estadounidense en suelo colombiano. Lo que poco se comenta es la funcionalidad de esas bases, amparadas bajo el eslógan de la "lucha contra el narcotráfico", pero que el historiador Renán Vega Cantor no duda en señalarlas como señuelos para controlar militarmente el territorio latinoamericano en pro del resguardo norteamericano sobre materias primas como petróleo y minerales.

A esto se unen los acuerdos de paz con las FARC, que brindan un escenario de "post-conflicto" que algunos analistas han señalado de inestable. La investigación de León Valencia señala que con la desmovilización de la guerrilla liderada por Timoleón Jiménez, las zonas que antes controlaba ahora están tomadas en su mayoría por las Bacrim (bandas criminales), la mutación nominal del paramilitarismo financiado por gamonales y jefes del narco en Colombia. Más el aumento sistemático de los cultivos de coca. Lo que indica que los orígenes (violentos y económicos) del conflicto en el país vecino siguen intactos.

Estas Bacrim, como ha sido documentado, manejan una política económica similar a las del paramilitarismo de la era Uribe. Controlan zonas con mayor densidad de cultivos de droga, negocios ilícitos, economías negras, e implementan estados de excepción en las regiones controladas por ellas. Lo dicho anteriormente: son el brazo armado del neoliberalismo.

Asimismo las Bacrim han sido emparentadas con las compañías privadas de paramilitares mercenarios, cuyos actores y funciones han sido exportados a otras latitudes del mundo para intervenir en guerras civiles en Medio Oriente, África y Asia meridional. Estas compañías, financiadas entre otros por el Pentágono, también han tenido en Colombia un negocio fructífero en tiempos de conflicto. ¿Y en el "post-conflicto"?

Un escenario en el que el ejército colombiano está entrenado en guerra irregular, al igual que las Bacrim y las compañías mercenarias transnacionales, y con una posible desmovilización de todas las guerrillas en un futuro próximo para unirse a la vida política de Colombia, podría tener otro tipo de trabajo, diferente a la "contrainsurgencia" de los últimos 60 años.

María Fernanda Barreto en un artículo para Misión Verdad cita las premisas de la nueva Doctrina Damasco del ejército colombiano, que "plantea cuatro tipos de operaciones: ofensivas, defensivas, de estabilidad y de apoyo a la autoridad civil para integrar 'sus acciones con asociados de la acción unificada, conjunta, interagenciada y multinacional' para enseñar a los militares colombianos a utilizar términos y símbolos que permitan la interoperatividad 'cuyo fin es que el ejército conduzca operaciones militares unificadas (OTU) dentro del país y a nivel regional y mundial'".

Con la subida de tono por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en torno a Venezuela, parece legítima la denuncia del presidente Maduro cuando manifestó que el ataque armado al Fuerte Paramacay (Carabobo) el domingo 6 de agosto fue financiado desde Miami y Colombia. Este alegato no ha sido respondido (aún) por Bogotá.

Varias expediciones por parte de paramilitares colombianos en territorio venezolano, sobre todo en las zonas fronterizas, han sido neutralizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los últimos años, incluida la caída del jefe de finanzas de Los Rastrojos a principios de este año en el estado Táchira.

El Centro de Investigación de Crimen Organizado ha publicado un informe en el que asegura que Los Rastrojos ha resurgido con mayor fuerza en los últimos meses, coincidiendo sobre todo con los tiempos de violencia antichavista en Venezuela.

Todos estos elementos (violencia mercenaria y paramilitar) están unidos en un escenario en el que el gobierno de Santos toma mayor beligerancia con respecto a Venezuela.

Ante el fracaso de la MUD para imponer su agenda, estos recursos asimétricos se ponen a valer, ya han sido usados y podrían seguirse empleando para desestabilizar a la ANC, lo que obligaría al Gobierno venezolano a delegar recursos políticos y diplomáticos en función de una confrontación promovida por el gobierno de Santos. El analista ruso-estadounidense Andrew Kowybko prevé una posible operacion de bandera falsa del lado colombiano relacionada a lo declarado por Brownfield hace poco: el narcotráfico en la frontera como excusa para iniciar un conflicto entre ambas naciones.