Venezuela estuvo con la soga al cuello durante la gestión de Donald Trump en EEUU

 

Estados Unidos elegirá un nuevo presidente el próximo 3 de noviembre, y aunque poco cambiará respecto a Venezuela si es reelecto Donald Trump o si Joe Biden llega a la Casa Blanca, la gestión republicana se destacó por aplicar sanciones más duras contra la nación sudamericana que sus antecesores demócratas.

Fue el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), quien en 2014 y a instancias del Congreso empezó a ajustar la soga al Gobierno venezolano con medidas directas contra funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, asegurando que estas no afectarían a la población del país sudamericano.

Las sanciones contemplaron el congelamiento de activos y la prohibición de emitir visas a funcionarios acusados de violar los derechos humanos de opositores al Gobierno durante las manifestaciones y protestas de principios de ese año.

Cuatro meses más tarde Obama emitió un decreto con el que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos, lo que provocó el rechazo del presidente Maduro, quien la calificó como una acción injerencista.

Hasta 2017, cuando dejó la Casa Blanca, Obama renovó cada año el decreto.

Sin embargo, tres años antes, en 2011, Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por hacer negocios con el Gobierno y empresarios de Irán.

Aquellas primeras sanciones contra Venezuela limitaron a la principal compañía del país para suscribir contratos con el Gobierno estadounidense, recibir financiamiento para importaciones y exportaciones, y obtener licencias de exportación de tecnología sensible; pero continuaron las operaciones a través de la filial de PDVSA en EEUU, Citgo.

Trump contra PDVSA

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, las medidas contra Venezuela se incrementaron.

Ese mismo año, el Departamento del Tesoro sancionó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusándolos de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).

También recibió sanciones el entonces vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esas sanciones estuvieron seguidas de medidas similares contra altos funcionarios que acompañan la gestión de Maduro, a quien Trump calificó de dictador.

Luego se aplicaron medidas más duras contra PDVSA, la empresa que genera 99% de los ingresos de Venezuela, y se prohibió a las empresas estadounidenses participar en cualquier acción de reestructuración de los bonos de la compañía y del Estado.

Hasta ese momento Estados Unidos no había impuesto restricciones a las importaciones y exportaciones de PDVSA en el mercado del país norteamericano, pero se le prohibió a la compañía enviar o expatriar sus dividendos en esa nación.

Luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en julio, Trump decide sancionar al presidente Maduro y prohibir a los ciudadanos y empresas de su país establecer cualquier actividad comercial con él y contra otro grupo de altos funcionarios de su Gobierno.

En medio de sanciones que impiden la reestructuración de la deuda venezolana y la adquisición de financiamiento, bancos estadounidenses comienzan entonces a bloquear cuentas de la nación sudamericana, medida a la que también se suma la Unión Europea.

En ese contexto, el Gobierno de Venezuela denunció que se mantenían bloqueados unos 7.000 millones de dólares en sus cuentas en el exterior, impidiendo la compra de medicinas, alimentos, y otros productos de primera necesidad para el país.

Más presión

A inicios de 2018, el Gobierno de Estados Unidos anuncia que serán congelados los bienes y las cuentas de los altos mandos militares; lo mismo ocurre con 20 compañías privadas, señaladas de lavar dinero de funcionarios corruptos.

Después de la reelección del presidente Maduro en 2018, Trump decide que nadie que use el sistema financiero de su país puede establecer alguna relación comercial con el Banco Central de Venezuela, con la primera dama, Cilia Flores, o con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y suma acciones contra las exportaciones de crudo de PDVSA.

En el año 2019, la Casa Blanca anunció nuevas medidas, en las que decidió congelar los activos de Citgo y sus cuentas, que entonces sumaban unos 11.000 millones de dólares generados por sus exportaciones.

Mientras, en febrero de 2020, decidió sancionar a la aerolínea estatal Conviasa.

En los últimos seis años se han aplicado más 160 sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas, la mayoría durante la estadía del partido republicano en la Casa Blanca.

Sin embargo, el candidato demócrata, Joe Biden, ha advertido que de llegar a la presidencia tomará acciones inmediatas para sacar del Gobierno al presidente Maduro.

Antología de propuestas económicas | Pasqualina Curcio

El Gran Polo Patriótico ha invitado al pueblo venezolano a presentar propuestas a los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. A propósito de esta iniciativa, hemos hecho una selección de algunas de las recomendaciones que desde hace algunos años hemos estado formulando.

La colección, la cual hemos escogido minuciosamente y que lleva por nombre “Antología de propuestas económicas” la expondremos a partir de hoy en una serie de artículos.

Propuesta de ley orgánica de presupuesto de ingresos y uso de las divisas para la superación del modelo rentista capitalista petrolero. Quisimos iniciar esta antología con la exposición de esta propuesta porque es la que consideramos clave, central y estratégica dadas las características de nuestra economía, no solo para garantizar el verdadero desarrollo nacional, superar el modelo capitalista rentista petrolero y avanzar hacia el socialista tal como está establecido en el Plan de la Patria, sino sobre todo para romper definitivamente con los mecanismos de neo colonización que a pesar de todos los esfuerzos hechos en Revolución, aún persisten por la vía de la apropiación de nuestras riquezas, ahora en forma de divisas, por parte de los grandes capitales transnacionalizados.

Proponemos la aprobación de una ley orgánica (hubiese sido preferible una de rango constitucional, ya que están de moda) en la cual se establezca que todos los años se elaborará y aprobará una ley con el presupuesto de los ingresos y sobre todo el uso que se dará a las divisas de nuestra República provenientes de: 1) las exportaciones del sector público, no solo petroleras y de hidrocarburos en general, sino cualquier bien o servicio que comercie el Estado fuera de nuestro territorio y que genere divisas, sea oro, hierro, coltán, diamantes, etc., etc., etc.; 2) el endeudamiento externo sea con nuevos créditos o por refinanciamiento de la deuda; 3) la eventual venta de activos de la República, con más razón ahora que fue aprobada la Ley Antibloqueo; 4) el porcentaje que le corresponde al Estado de la exportaciones privadas, aunque éstas sean marginales; 5) cualquier otro ingreso adicional en divisas.

El problema de la economía venezolana no es el hecho de que tengamos petróleo, mucho menos que lo exportemos. El verdadero problema es el uso que, históricamente, se ha dado a dichos ingresos.

Antes de 1976, año en el que se “nacionalizó” la industria petrolera, los grandes capitales internacionales se apropiaban directamente de nuestras riquezas. Ellos exploraban, explotaban, producían y distribuían el petróleo y sus derivados. En sus cuentas ingresaba el dinero por concepto de venta de hidrocarburos. Luego de 1976 le quedó al Estado venezolano el trabajo duro: la exploración, producción, distribución e incluso la venta. A partir de ese momento los ingresos en divisas, si bien se han contabilizado en las cuentas públicas, han terminado a través de distintos mecanismos, en manos de los grandes capitales transnacionalizados, corporativos y financieros, quedando nosotros, los venezolanos y verdaderos dueños del petróleo, sin los recursos ni las reservas financieras, viéndonos además obligados a pedir prestado y endeudarnos, con quiénes, con los mismos que se llevaron nuestras divisas, los grandes capitales corporativos y financieros. Es un negocio redondo para el imperialismo además de un instrumento para la dependencia y neo colonización.

Desde 1976 hasta 2018, según datos del BCV se han exportado US$ 1.421.313 millones, o sea más de un millón de millones de dólares, de los cuales, US$ 1.335.762 millones han sido ventas del sector público. El privado ha generado escasamente el 6% de las divisas que han ingresado al país, solo US$ 85.551. En cuanto a las importaciones, ascendieron a US$ 865.904 millones, de las cuales, en promedio el 29% fueron del sector público y el 71% del privado.

Si sumamos todos los dólares que entre 1976 y 2018 ingresaron a Venezuela por exportaciones y le restamos todos los que egresaron por importaciones obtenemos que debiésemos contar hoy con US$ 555.049 millones en nuestras reservas internacionales. A eso debemos añadir US$ 348.724 millones correspondiente a sobrefacturación en las importaciones entre 1976 y 2014, importaciones que han sido realizadas en un 71% por el sector privado. Por lo tanto, y en resumen, deberíamos disponer de US$ 904.133 millones en nuestras reservas internacionales. No es poca cosa.

El Comandante Chávez, consciente de que el gran negocio de la burguesía transnacionalizada era captar divisas baratas provenientes de la exportación de petróleo decidió, a partir de 2003, controlar el uso de tales divisas. Mientras en la IV República la burguesía transnacionalizada se apropiaba del 113% de lo que ingresa por concepto de divisas (incluyendo deuda externa), en la V, a partir de 2003, luego del control cambiario, este 113% pasó a ser el 41%. Pudo haber sido menos si los burgueses no hubiesen perforado el sistema de control cambiario mediante la sobrefacturación. Pudo haber sido menos si el Estado hubiese establecido mayores controles para evitarlo. La diferencia, lo que no se llevó la burguesía se tradujo en los logros de la Revolución Bolivariana. 

El problema de nuestra economía radica en que, no han terminado de ingresar las divisas por exportación de petróleo, cuando ya se están fugando a las cuentas de los grandes capitales transnacionalizados registradas en paraísos fiscales. Por lógica, si lo que queremos es superar el modelo rentista petrolero, y quienes han vivido de la renta petrolera han sido los grandes capitales, debemos comenzar por cortar la transferencia de dicha renta a la burguesía transnacionalizada.

De la misma manera como es aprobada anualmente una ley orgánica de presupuesto de ingresos y gastos del Estado, la cual, a su vez, es sometida a las normas de contraloría en cuanto a su ejecución, y por lo tanto a las penalizaciones que su malversación conlleven, la propuesta es que los venezolanos también contemos con un instrumento legal que muestre los ingresos y usos de las divisas y que permita que la asignación y ejecución de estos recursos, que son de todos y cada uno de los venezolanos, también sean sometidas a un proceso de planificación, presupuestación y sobre todo contraloría pública y social.

Proponemos que esta ley anual cuente con un sistema automatizado e integrado en todas y cada una de las instituciones responsables de la ejecución de dichos recursos. Un sistema que además debe ser de acceso público para que cada venezolano pueda hacer contraloría social y seguimiento de cada divisa desde el momento en que ingresa a nuestro país. Pueda conocer a quiénes le fueron asignadas, sea organismo público o privado, para qué, qué adquirió con ellas, a qué precio de referencia internacional compró los bienes para evitar la sobrefacturación, y si efectivamente dichas divisas llegaron a su destino a través de los bienes y servicios. Al fin y al cabo, esas divisas son de todos los venezolanos, dueños soberanos de nuestras riquezas y si no las cuidamos nosotros, gobierno y pueblo, quién lo hará.

Venezuela registró 423 nuevos casos y 3 fallecidos por COVID-19

 

Este domingo la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó la detección de 398 casos de covid-19 por transmisión comunitaria y 25 contagios confirmados en venezolanos provenientes del exterior.

Así lo informó durante jornada de trabajo liderada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, donde precisó que las entidades con las cinco entidades con mayor incidencia de nuevos casos son Yaracuy (84); Mérida (61); Carabobo (45); Táchira (44) y Portuguesa (37), mientras que el Distrito Capital ocupa el sexto lugar con 23 contagios.

Sobre los denominados casos importados, señaló que 24 fueron detectados en personas provenientes de Colombia y uno de Brasil.

En torno a los fallecidos detalló que se trata de un hombre de 62 años y una mujer de 51 años residentes en el estado Lara y un hombre de 37 años de Bolívar.

Destacó que la fecha Venezuela registra 83.947 pacientes recuperados, lo que representa el 94% del total de casos registrados en el país que se ubica en 89.565.

En la actualidad se encuentran recibiendo tratamiento 4.845 pacientes con el virus activo, mientras que el número de fallecidos se ubican en 773 personas.